Introducción

Después de cuatro décadas de relativa estabilidad macroeconómica, Bolivia ha vuelto a ingresar en una fase de crisis. Resulta casi poético que, en 2025, el panorama se pinte tan similar a 1985: un año de elecciones generales que coincidían con una profunda crisis de hiperinflación, cuyo resultado era previsible. El gobierno que ingresaría en aquel entonces tenía la sola y principal tarea de resolver la crisis. El proyecto de estado del Nacionalismo Revolucionario cerraba su ciclo de tres décadas, coincidiendo con el ocaso del capitalismo fordista, el modelo keynesiano y el estructuralismo latinoamericano. En ese entonces, una de las narrativas presentistas, que logró perdurar, fue la de echarle la culpa al corto y accidentado gobierno de la Unidad Democrática Popular (UDP). «La culpa fue de los zurdos», «la izquierda toma decisiones económicas irracionales», «el exceso de políticas sociales sofoca la iniciativa privada» y, desde luego, «el Estado es un pésimo administrador», entre otras simplificaciones.

Contra estas interpretaciones facilistas, en el presente ensayo planteo una contranarrativa: para entender la crisis económica, así como las soluciones que plantean los candidatos que se presentan como «salvadores de la patria», es necesario asumir una perspectiva de lucha de clases. Es decir, el país se encuentra en un aparente bucle —o lo que algunos economistas caracterizan como «ciclos»— de expansión coyuntural y crisis dramática, porque las políticas económicas de por lo menos los últimos cuarenta años estuvieron orientadas a favorecer a las clases dominantes de una economía de exportación y dependiente. A pesar de los «cambios de modelo» (nacionalismo, neoliberalismo, progresismo), se mantuvo el mismo patrón rentista dependiente en la exportación de bienes primarios. En consecuencia, la economía ha estado históricamente al servicio de tres clases: los capitalistas mercantiles, la burguesía latifundista, con una amplia influencia en la banca privada, y los capitalistas extractivistas.

Por ello, el análisis de la crisis económica no debe limitarse a una perspectiva de corto plazo, sino a comprender esta contradicción estructural y duradera. Consiguientemente, argumento que las raíces de la crisis actual se remontan a las políticas económicas neoliberales, entendidas como un programa económico y político al servicio de las clases dominantes. En el caso boliviano, las políticas económicas impulsadas entre 1985 y 2005 profundizaron el patrón económico dependiente, favoreciendo principalmente a las clases que señalé previamente, en desmedro de las clases subalternas. El problema es que, durante el ciclo «progresista» (2006-2025, incluyendo la breve interrupción entre 2019 y 2020) no se resolvió esta contradicción estructural, sino que se la mantuvo deliberadamente. Esta continuidad, ampliamente informada en una dinámica de lucha de clases, en el sentido de que la política económica continuó estando orientada a favorecer los intereses de las clases dominantes de los sectores de exportación —agronegocio y minería, sobre todo—, es la causa fundamental de la crisis actual.

El gran inconveniente es que han resurgido explicaciones facilistas y soluciones que apuntan a las mismas recetas del periodo neoliberal. Nuevamente, el horizonte de imaginación política se reduce a «solucionar la crisis» con medidas de shock y austeridad, sin considerar el problema de fondo. Para desarrollar este argumento, el ensayo consta de tres partes. Primero, realizo un breve recuento de los aspectos que considero centrales para entender la crisis de 1982 y el fundamento de clase social del programa neoliberal. Segundo, explico cómo algunas de las características fundamentales de este modelo no fueron abolidas, sino que fueron mantenidas durante el ciclo progresista. Finalmente, para aterrizar el argumento, presento tres semblanzas de personas que conocí durante mis trabajos de campo, que son representantes de sectores de las mayorías afectadas por un sistema económico que no las considera, que sufren más los efectos de la crisis y cuya inclusión en las supuestas «soluciones» es meramente estética.

Retrato de un futuro pasado

A pesar de las explicaciones facilistas, en varios espacios existía una claridad sobre que la causa fundamental de la crisis de 1982 tenía que ver con una de las características más duraderas del sistema económico boliviano: la producción de ingentes excedentes sin acumulación de capital (Grebe López, 1983; Morales & Sachs, 1989). ¿Qué significa esto? Sencillamente, que la economía boliviana pagaba las facturas del patrón primario exportador: no producir riqueza —valor que se transforma en capital—, sino y sobre todo excedentes de las exportaciones de bienes primarios —minerales, hidrocarburos y mercancías agrícolas—. Si bien todavía predominaba la minería del estaño, la economía transitaba a estar dominada por sectores intensivos en capital, pero no en fuerza de trabajo —hidrocarburos y agronegocio—. Sin embargo, como en el presente, la caída de los precios de los bienes primarios conllevó al declive de las exportaciones, la carencia de divisas, la crisis de déficit fiscal, la crisis de deuda externa y el proceso de hiperinflación.

En ese entonces, también ocurría que una parte importante del excedente, sobre todo de la minería, era controlado por el estado y la otra parte por empresarios privados. Asimismo, gran parte de la inversión para el desarrollo de otros sectores económicos provenía de los ahorros internos del país y otra de la inversión extranjera, bajo la forma de deuda (Morales & Sachs, 1989). En ese marco, por ejemplo, la promoción de la agroindustria y de la colonización de las tierras bajas, con el propósito de diversificar la producción y articular el territorio boliviano, fue una política clave del nacionalismo revolucionario. Durante la década de los 70, con la dictadura de Banzer, la inversión de fondos públicos para la promoción del capitalismo agrario oriental se intensificó ampliamente. Una parte considerable del excedente producido en el occidente era transferida al oriente, con el objetivo de expandir la producción de mercancías agrícolas, promover la creación de un proletariado rural y mejorar la capacidad de generación de excedente (Gill, 1984; Nash, 1979). El esperado desarrollo de procesos de colonización, desarrollo agroindustrial y proletarización rural no se alcanzó en La Paz. En Santa Cruz la agroindustria de mercancías como el algodón, la caña de azúcar y el arroz fue sustituida por monocultivos mecanizados, sentando las bases para el agronegocio actual.

Por otro lado, en Bolivia todavía predominaban formas precapitalistas e informales de organización económica. La forma de trabajo asalariado formal estaba circunscrita a determinados sectores de la economía urbana y la minería estatal. El sector primario campesino del occidente del país todavía ocupaba un lugar preponderante en la economía en términos de producción, mas no de generación de excedentes. Y, debido a que no había logrado desarrollarse en términos capitalistas, fue la base para el desarrollo de esferas informales de intercambio y de circulación de su mano de obra (Preston, 1992; Kelley & Klein, 1981). Las clases económicas dominantes, por su parte, no estaban articuladas en función del desarrollo de un capitalismo nacional. Lo que existía era «un conjunto de fracciones de clase locales» (Grebe López, 1983, p. 88). Burguesías comerciales y latifundistas, en cuyos intereses no estaba la expansión productiva. Los intentos de industrialización para sustituir importaciones fueron más modestos y poco exitosos que en otros países. Por lo tanto, no se logró el desarrollo del aparato productivo capaz de absorber formalmente a la fuerza de trabajo. En contrapartida, una dinámica que se mantuvo hasta el presente fue la circulación de la población trabajadora, del sector primario —agrícola campesino— hacia el sector terciario —comercio y servicios—, y al interior del sector terciario, sobre todo en actividades económicas informales y trabajos precarios.

Estos apuntes, aunque brevísimos, sirven para comprender las similitudes con las condiciones de la crisis actual. Los diagnósticos y las soluciones que se adoptaron a partir de 1985, que se sumaron a la tendencia global del neoliberalismo, no resolvieron estas contradicciones estructurales. En Bolivia, como en el resto de la región, se planteó la misma receta: desmontar el aparato estatal, recortar el gasto público, privatizar la economía y darle rienda suelta al capital privado. En ese entonces, los enemigos de los neoliberales no eran tanto el socialismo o el comunismo, sino el modelo keynesiano de liberalismo económico con —planificación estatal y políticas de redistribución y bienestar 2— y su contraparte latinoamericana: el estructuralismo cepalino.

Una de las principales prescripciones neoliberales fue abandonar los proyectos estatales de fomento a la industria, para consolidar la orientación de la economía en la exportación de bienes primarios, en particular de hidrocarburos, siguiendo la lógica de las ventajas comparativas y la fantasía de la complementariedad comercial. Esta fue una de las condiciones expresas de la Iniciativa para la Reducción de la Deuda de los Países Pobres Muy Endeudados (HIPC) para negociar la condonación de la deuda externa (International Monetary Fund & International Development Association, 1997). Por otro lado, el agronegocio continuó siendo favorecido mediante políticas de fomento, créditos, subvenciones 3 y legislación que facilitó su acceso a grandes extensiones de tierra, en desmedro de las poblaciones rurales (Assies, 2006; Urioste Fernández de Córdova, 2011). Lo mismo en el caso de la minería privada, donde algunos de los grandes capitalistas favorecidos fueron empresas como COMSUR, Inti Raymi y San Cristóbal, además del cooperativismo, cuya expansión también fue consecuencia del desmontaje de la minería estatal (CEDLA, 2007).

Por último, en todos los contextos en los cuales se aplicó, el programa neoliberal se sirvió de una herramienta más antigua y eficaz de contraofensiva capitalista para desorganizar, desmoralizar y desmovilizar a las clases subalternas: la austeridad (Mattei, 2022). Ésta consiste en recortar el presupuesto público, sobre todo destinado a políticas de bienestar, a partir de apelar a la crisis, para transferirlo a la clase capitalista             —privatización— bajo la noción de que «ellos saben y pueden resolver mejor» los problemas 4. Estas medidas, con sus particularidades, también fueron aplicadas en Bolivia. Por un lado, el desmantelamiento de la industria extractiva y manufacturera estatal, sumado a las reformas en la distribución y tenencia de la tierra, derivaron en una ampliación de la población flotante, la migración laboral estacional y la expansión del sector terciario urbano (Kohl & Farthing, 2006). Por el otro, la reestructuración del sistema de previsión social bajo una lógica de ahorro individual y del sistema de salud, favoreció una mayor dependencia en actores privados (cooperación, ONG e iglesia) (Giussani & Ruiz-Mier, 1997). Por último, estas políticas económicas derivaron en la expansión de actividades informales, tanto en el sector primario rural, como en el sector terciario urbano, algunas que, posteriormente, fueron objeto de la represión estatal.

Para las clases subalternas, esto se tradujo en una profundización de la desigualdad, la ampliación de los cinturones urbanos de pobreza y en una mayor informalidad económica (Kay, 2015; Escóbar de Pabón et al., 2014). La desarticulación de la minería del estaño derivó en una atomización de las organizaciones sociales, (Alexander & Parker, 2005, p. 169), sentando las bases para un desgaste y una despolitización que se extienden hasta el presente. En suma, las políticas neoliberales tuvieron como principales efectos sobre las poblaciones trabajadoras: 1) la «liberación» de fuerza de trabajo (población excedentaria flotante y estancada); 2) el incremento del éxodo rural, de la multiocupación y de la migración laboral (población excedentaria latente); y 3) como consecuencia de las dos anteriores, un incremento de la población articulada a actividades informales y trabajos precarios (Barragán & Soliz, 2009; Calla, 2009).

«Mucho ruido y pocas nueces»

En esta sección reflexiono sobre las continuidades del modelo neoliberal, durante el ciclo denominado «posneoliberal», que inició con la inconformidad y la protesta contra las políticas del neoliberalismo y culminó en el ciclo progresista de los gobiernos del Movimiento al Socialismo (MAS) (2006-2025). Estas continuidades son fundamentales para entender que las «soluciones» que se barajan para resolver la crisis actual no harán más que arraigar la enfermedad y robustecer los intereses de las clases dominantes. Toda «terapia de shock» genera reticencias, resistencias y el coraje de los grandes perdedores. Esto fue lo que sucedió en Bolivia. En algunos casos, las respuestas fueron más dramáticas que en otros 5. El estallido de una serie de protestas populares entre los años 2000 y 2005 que, desde distintos frentes, expresaban un malestar generalizado contra el ajuste estructural, la privatización y los múltiples efectos de la austeridad. Sobre este ciclo se escribió bastante, para explicar las formas de protesta (Crabtree, 2005; Gutiérrez Aguilar, 2008; Kohl & Farthing, 2006), para plantear una lectura historicista sobre el giro de modelo que sobrevino (García Linera, 2009) y, subsecuentemente, para desmentir esta última interpretación (Salazar Lohman, 2015; Webber, 2011).

A continuación de este periodo de revueltas populares y del aparente colapso del «consenso neoliberal», llegó a Bolivia la «marea rosa» 6, de la mano de Evo Morales, que no fue un proyecto «de izquierda» más que en un sentido estético. En la práctica, no se tomaron medidas concretas y certeras para doblegar los intereses del capital privado a los de la población trabajadora en general; ni en el sentido de superar el patrón económico dependiente. La gran contradicción de las dos décadas de gobiernos del MAS fue, por un lado, pretender impulsar un estado benefactor —que no es lo mismo que socialista—, con políticas de redistribución y de gasto público sostenidas en el mismo patrón de economía especializada de exportación que fue prescrito por los organismos financieros multilaterales como parte de las recetas de choque neoliberales. Y, por el otro, seguir apostando por esta misma economía de extracción y de exportación como fuente principal de recursos para el estado, sin ampliar su capacidad de recaudación a los sectores de exportación controlados por los capitales privados.

Ya conocemos la historia: la «nacionalización» de los hidrocarburos y de otras empresas, no fue otra cosa que una renegociación de contratos y de la participación estatal; el continuo favorecimiento expreso y sostenido del agronegocio; y la propiciación de la expansión de actividades extractivas. La ausencia de políticas económicas que conllevaran la transformación de las fuerzas productivas 7 permitió que continúe la expansión de la economía informal vinculada a los sectores primario y terciario. Una parte de los excedentes generados, sobre todo por la exportación de hidrocarburos, así como por créditos que fueron adquiridos por la «mayor confianza» de la que gozaba el país, fueron canalizados en políticas como bonos, inversiones significativas en infraestructuras infructuosas, y la subvención a los carburantes, entre varios otros gastos. Esto no quiere decir que todo el gasto público fue ineficaz o irracional; indudablemente hubo varios proyectos que tuvieron impactos positivos       —ampliación de las redes camineras, de la cobertura en telecomunicación, inversión en acceso a infraestructura y servicios—. Empero, una buena parte del excedente fue invertido en maquillar la pobreza y la dependencia, con un alto sentido de prebenda y sin una previsión de largo plazo. Además, abundantes fondos continuaron siendo transferidos al capital privado, tanto en el sector primario, como en el terciario.

De hecho, en lo que respecta a los grupos económicos dominantes, a pesar de tener una relación política tensa con el gobierno, fueron ampliamente favorecidos y subsidiados. El ejemplo paradigmático fue y continúa siendo la transferencia de importantes sumas de los fondos de pensión hacia conglomerados empresariales del agronegocio y la banca privada que, más que una inversión redituable para el gobierno, acabó siendo una forma de subsidio a la deforestación y al acaparamiento de tierras para especulación (Czaplicki Cabezas, 2024a; Czaplicki Cabezas et al., 2025). Además, el agronegocio fue sostenidamente beneficiado por la aquiescencia a la expansión de la frontera agrícola, la tolerancia y el disimulo del uso de semillas transgénicas, la violencia estructural contra la población rural y el subsidio a los carburantes heredado del neoliberalismo (Czaplicki Cabezas, 2024b; 2025) 8. Los gobiernos del MAS también favorecieron a sectores como la minería cooperativista, el comercio informal y la producción cocalera, entre otras actividades semiformales e informales, facilitando la consolidación de poderosas burguesías difíciles de fiscalizar y la aparición de nuevos escenarios de violencia (Neri Pereyra, 2018; 2025; Neri Pereyra & Czaplicki Cabezas, 2016).

Otro ejemplo menos escrutado, pero que permite trasladar la atención hacia la cuestión laboral y la situación de las clases subalternas, fue el «Plan de Apoyo al Empleo» (PAE), financiado con fondos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial (BM), el Tesoro General de la Nación (TGN). Este programa tenía el propósito de apoyar la inserción laboral de mano de obra joven, vulnerable y en riesgo de caer en pobreza, calificada y no calificada, para también promover la formalización del mercado laboral (Ricart et al., 2010). La forma en cómo este programa se desenvolvió fue, en última instancia, una expresión clara de la contradicción del masismo a la que me referí anteriormente. Es importante señalar que, desde la década de los 90, más del 55% de la población urbana se empleaba en el sector terciario (comercio, servicios, construcción, entre otros) y en el mercado de trabajo informal 9 (Jiménez Zamora, 2008). Esta situación no se resolvió, a pesar de la bonanza de las exportaciones de hidrocarburos, durante la primera década del siglo XXI. Los diagnósticos que antecedieron a la formulación del programa confirmaban la misma realidad: los sectores dominantes de la economía boliviana son altamente intensivos en capital y necesitan poca fuerza de trabajo, sobre todo los hidrocarburos y la agricultura mecanizada (Ricart et al., 2010). Por lo tanto, el diseño inicial del PAE apuntaba a promover la inserción laboral en sectores «intensivos en mano de obra», especialmente en empleos productivos.

El siguiente problema era que el mercado laboral urbano estaba y continúa estando dominado por empleos no productivos. Además, en los documentos del programa, también se advertía que las empresas formales eran reticentes a ampliar su demanda de fuerza de trabajo debido a los altos «costos laborales». En efecto, el gobierno del MAS también promovió una serie de políticas laborales bien intencionadas —incremento sostenido de salarios y prestaciones y mayor protección legal—; pero que en el sistema económico descrito eran casi imposibles de cumplir. En economías de exportación y dependientes, el sector terciario no genera riqueza, sino que gravita alrededor y depende de la reinyección de parte de los excedentes de los sectores exportadores en la economía nacional. Es por esta razón que, cuando caen las exportaciones y/o los excedentes son retenidos afuera, los primeros en perecer son los pequeños y medianos emprendimientos formales. La contracción de la economía conlleva a una disminución de los ingresos y del consumo que, a su vez, hacen que las cargas laborales se vuelvan más pesadas. La disminuida circulación de divisas dificulta la importación de bienes y la capacidad de reinversión, sobre todo en los sectores de comercio, servicios y construcción que, incidentalmente, son los que más empleo generan. En síntesis, el PAE fue otro programa bienintencionado, que acabó subsidiando parte de los costos laborales de empresas del sector terciario, sin lograr sus objetivos de aumentar la empleabilidad y formalizar el mercado laboral.

Este breve recuento de algunos de los principales rasgos de la política económica durante el ciclo progresista sirve para fundamentar el argumento de la continuidad. Se siguió favoreciendo al capital privado, mientras que las políticas orientadas a mejorar las condiciones materiales de las clases trabajadoras fueron deficientes. No se logró resolver el problema estructural de fondo: una economía de exportación que genera excedente sin acumulación, apoyada en políticas de resguardo de los intereses de las clases dominantes, y que proscribe a gran parte de la fuerza de trabajo al sector terciario, las economías informales y la precariedad laboral.

Dramatis personae o los perdedores

El problema con estos análisis de los «grandes procesos» económicos es que parecen demasiado abstractos y, por lo tanto, resulta difícil entender cómo se manifiestan en nuestra experiencia cotidiana. Categorías y términos como «crisis», «patrón de acumulación», «fuga de capitales», entre otros, aparecen como entelequias, temas de eruditos y/o cosas con vida propia. Asimismo, es difícil plantear la necesidad de asumir una perspectiva de lucha de clases si no tenemos claro: ¿cuál es nuestra posición?, ¿desde qué lugares nos toca enfrentar la crisis? Y, en consecuencia, cuando se asoma un proceso electoral: ¿cómo deberíamos abordar las propuestas que nos plantean los candidatos?, ¿realmente están interesados en resolver nuestras dificultades? Las crisis son oportunidades para los embusteros y los charlatanes. Todo se reduce a la oferta de «soluciones» impersonales y desconectadas de la realidad.

Por ello, en esta sección elaboro algunas semblanzas de personas que permitan aterrizar la discusión. Las viñetas que presento son el resultado de interacciones y de relaciones que labré durante mis trabajos de campo, también en calidad de antropólogo precarizado. Poniendo mis habilidades al servicio de proyectos cortos y de agendas institucionales fútiles y bienintencionadas, pero que me permitieron conocer historias de personas, regiones, experiencias y afectos. Mi trayectoria como etnógrafo me ha convencido de que ningún programa o agenda política hace sentido si no considera la centralidad de estas existencias. Los nombres de las personas y los lugares fueron cambiados, para proteger la privacidad de quienes retrato.

La tragedia de un pequeño capitalista

Hacer negocios en el universo social capitalista implica, entre otras cosas, adoptar y ponderar un determinado código de valor, que privilegia el valor económico y la frialdad de la transacción, por sobre cualquier otra forma de valoración afectiva, que los economistas caracterizarían como «irracional». Esto, que entienden los grandes capitalistas e imitan los pobres desdichados que aspiran a serlo, fue el motivo del fracaso de Cantalicio, un honrado y pequeño empresario del comercio y la construcción. A lo largo de su trayectoria como «emprendedor», estableció relaciones laborales e hizo tratos basándose en los principios de la buena fe y la confianza. Entre otras cosas, entendía la importancia de mantener una mano de obra formalizada, no solo para el buen funcionamiento de su negocio, sino por la confianza que había establecido con algunos de sus trabajadores a lo largo de cuatro décadas.

Cuando comenzó el deterioro de la economía, primero con los conflictos de 2019, luego con la pandemia de la COVID-19, le costó asumir la posición pragmática y aciaga de desvincular a los trabajadores e ingresar en un esquema de trabajo a destajo, como hicieron otros empresarios. Finalmente, no lo hizo, pero esta decisión le pesó en los meses y años que siguieron. Durante nuestras conversaciones vespertinas, solía expresar su frustración con el estoicismo que caracteriza a la masculinidad de antaño, disimulando el creciente pesar de sus preocupaciones. Le atribuía sus dificultades a «la carga social que le había impuesto el ‘gobierno socialista’ a los empresarios». Tenía algo de razón. Yo intentaba explicarle que la culpa no la tenían «las cargas sociales», sino el sistema económico que hacía imposible cumplirlas. Esto solo lo enojaba más, pues pensaba que intentaba justificar al gobierno. Luego recuperaba su humor y un optimismo a medias. Durante años, también había cultivado la pericia virtuosa y dañina de guardarse los desasosiegos, para dejarlos fuera del alcance de su familia.

La crisis llegó de forma previsible, pero con el peso de las decisiones que no fueron tomadas anticipadamente. La carencia de divisas encareció los productos que importaba y la desaceleración de la economía se tradujo en «menos trabajos». A esto se sumó la impronta inclemente del paso del tiempo. Después de desvincular a los arquitectos que le colaboraban, se dio cuenta de que le tomaba más tiempo dibujar planos y armar propuestas. Nadie debería tener que esforzarse trabajando hasta la tercera edad; otra de las grandes impiedades del capitalismo tardío. Lógicamente, los empleados que quedaban estaban molestos y desconcertados. Había pagos retrasados, así como la evidencia de que tantos años de estabilidad laboral llegaban a su fin. Cantalicio les pedía paciencia, pero ellos no tenían por qué entender esa petición. La confianza y la cordialidad se acaban donde comienzan la incertidumbre y la necesidad. Por su parte, cuando nos encontrábamos, me reiteraba su disgusto: «¡Ves! por culpa de este gobierno socialista, comunistoide». Esta comprensión de sentido común le permitía explicar su derrota.

La tragedia del pequeño capitalista, en una economía como la que he descrito previamente, es ser testigo del fracaso de su negocio en manos de las leyes coercitivas de la competencia. El desengaño con la noción trillada de que la dedicación y el esfuerzo derivan en éxito y prosperidad. La tristeza de ver que el pequeño negocio al que le dedicó tantos años se desmorona. Todos estos sentimientos encontrados, desde luego, no son experimentados por los grandes capitalistas del agronegocio, la banca o el extractivismo. La derrota es el destino de los pequeños rubros, subordinados y dependientes. El desasosiego tan solo le corresponde a la inmensa mayoría y con este llega la seducción de los reaccionarios.

La inexorable soledad de la bruja

Partamos de dos aclaraciones. Primero, la crisis llega como recordatorio dramático y generalizado de contradicciones irresueltas. Sería un error tomarla como un suceso en el que las cosas se ponen mal repentinamente. La trampa de esta lectura es que encubre por completo la experiencia de miles de personas que ya estaban «jodidas», en la penuria, la desesperación, el temor y la violencia más abyectas y difíciles de imaginar. Segundo, históricamente una bruja tan solo lo es porque así lo decidieron sus acusadores. A saber, los censores morales que se apuran en denunciar la ambigüedad moral y la malicia de las mujeres marginadas, las «malas madres» y todas aquellas cuyas experiencias desdichadas perturban la imagen ascética y espuria del «entramado social». La semblanza que sigue es un intento de amalgamar algunas historias de estas mujeres.

Lupe nació en una comunidad rural empobrecida del altiplano norte. Debido a las penurias económicas de su madre, a sus nueve años fue enviada a vivir con la familia de su padre, donde la pusieron a trabajar como servidumbre en una pequeña fábrica de estuco. Allí comenzó una historia larga de abusos y desprotección del tipo que, desafortunadamente, afectan principalmente a mujeres. La primera decisión valiente que tomó fue escapar de ese lugar. Le robó unos pesos a su madrastra y se subió a un minibús rumbo a la ciudad de El Alto ¿Qué hace una niña de 10 años en la ciudad? Trabajar, en las condiciones más precarias y a la merced de cualquier persona que le ofrezca algo. Trabajó para distintas personas, en diferentes ciudades. En todos los casos, en calidad de servidumbre y cautiverio, la transición a cada nuevo lugar fue una fuga para escapar al maltrato. Suena a novela de Charles Dickens, pero ésta es la historia verdadera de miles de Lupes. Después de su última fuga, nuevamente llegó a El Alto. En la Ceja, un hombre mayor la «recogió», se la llevó a su casa y, como se dice machistamente, la convirtió en «su mujer». Su transición a la maternidad fue impuesta.

En 1853, el pintor Antoine Wiertz intentó retratar la desesperación, en uno de los cuadros más perturbadores de la modernidad, titulado «Hambre, locura y crimen». Un pequeño cuarto oscuro con un mobiliario estropeado; el techo roto, simbolizando la desprotección; una canasta vacía con algunas papas podridas simbolizando el hambre; los pedazos de una silla rota para usarla como leña. Allí vivía Lupe, con sus siete hijos. El padre los había abandonado unos meses antes. Su hija mayor había sufrido un accidente. Unos días después, Lupe dio a luz a la menor, en esa misma habitación, con la asistencia de una vecina. En ambos casos, el acceso a servicios de salud era inaccesible. A pesar de todos estos sucesos desafortunados, decidió celebrar el cumpleaños de su hija, pero fue violentamente interrumpida. Su «casero» llegó a cobrar la renta y, en represalia, le confiscó su única garrafa de gas. Como en el retrato de Wiertz, Lupe se agarró la cabeza, presa de la desesperanza. Cuando terminó de llorar, preparó un poco de gaseosa con veneno de ratas y tomó la decisión más difícil, pero también la más altruista. No hizo falta que llegue la crisis, ella ya estaba jodida.

El suplicio de las brujas proviene de múltiples frentes: la violencia estructural del pauperismo; la de un sistema judicial descompuesto y corrupto; la violencia simbólica de los medios de comunicación y la opinión pública, que solo ven en la bruja a un monstruo; y la violencia social directa de las demás convictas. A Lupe la conocí en la cárcel. En todos estos niveles, la muerte de un niño en manos de su progenitora es un hecho incomprensible; sin embargo, en ellos también se hallan las causas sociales y culturales de un suceso que suele abordarse únicamente como contradicción individual. Todos los casos que recopilamos, en nuestro intento por comprender este doloroso fenómeno social, correspondían a vidas de mujeres marcadas por la desprotección, por la violencia cotidiana de la miseria y por la violencia directa y simbólica del patriarcado, encarnada en relaciones de pareja profundamente abyectas. Todas fueron convertidas en brujas por estructuras sociales y políticas ingratas, que exigen obediencia a los mandatos de la maternidad y el cuidado, mientras abandonan a su suerte a miles de personas ya condenadas por la precariedad. Las soluciones propuestas por los charlatanes no contemplan las historias de esos miles de «brujas y monstruos» que habitan en el subsuelo.

Las aventuras de un buscador de tesoros

En Bolivia, una parte importante de los buscadores de oro también son agricultores, trabajadores migrantes y/o estacionales, cuentapropistas precarios y desempleados; lo que es lo mismo que decir que cualquiera de los anteriores, a veces, es buscador de oro. En este caso, no me refiero a los socios de cooperativas mineras, sino a los miles de personas que durante los periodos de crisis en distintas escalas (global, regional, nacional) que, irónicamente, coinciden con las subidas de los precios del oro, se aventuran a ingresar en las pozas de las cooperativas, en cañadones recónditos y aislados y en los ríos a buscar este metal preciado. Podemos renegar por los impactos ambientales y las múltiples violencias que esta actividad promueve, pero correríamos el riesgo de quedar en diatribas esnobistas si no consideramos la dimensión social del fenómeno de la fiebre del oro.

La historia de Benito es representativa de esta realidad. Creció en los Yungas, donde la multiocupación y la movilidad laboral son fenómenos frecuentes. De hecho, su primera experiencia buscando oro fue en su adolescencia cuando visitó a su hermano que trabajaba en Tipuani. Allí aprendió el método «tradicional» de búsqueda y lavado en batea de oro aluvial. En otra oportunidad, acompañó a una cuadrilla de buscadores de oro, durante días en los remotos cañadones de la selva paceña, hasta que se acabaron las provisiones. Un periplo poco exitoso que, no obstante, muchas personas todavía emprenden. Posteriormente, trabajó en el rubro de la construcción, en distintas ciudades. Junto con su esposa, que también es trabajadora cuentapropista, decidieron instalarse en Santa Cruz, comprar un terreno y una casa. Para acceder a estos bienes contrajeron un crédito con el banco. Otro aspecto poco explorado etnográficamente es el creciente endeudamiento y la dependencia de muchas familias trabajadoras en el sistema financiero. Por ello, ambos migraron al extranjero a trabajar, ella como cuidadora de personas de tercera edad en Europa y él como trabajador de construcción en un proyecto de infraestructura en África. Sin embargo, tras retornar todavía quedaba pendiente pagar la deuda.

Por esta razón, Benito pasó una temporada en Guanay, donde tenía planeado ir a buscar oro en las pozas o en algún lugar más alejado. En lo que esperaba a que inicie la época seca, consiguió un trabajo en construcción. Me propuso varias veces ir a buscar oro juntos, pero nuestras agendas no coincidieron. Solía decirme: «Te vas a alistar bien. Vamos a ir con nuestra barreta, nuestra batea y nuestro casco, como gladiadores». Aunque lo decía con jocosidad, era una recomendación fundada. Ambos, en nuestras visitas a las pozas, habíamos visto los peligros de trabajar allí. Los repentinos taludes de grava que obligan a los poceros a salir corriendo para no morir aplastados; el ingreso de torrentes de agua que los arrastra como si fueran hormigas; además de la rudeza y la completa desatención por el bienestar del prójimo, a la hora de ingresar en las pozas. La fiebre del oro es una competencia inclemente. A pesar de conocer los riesgos, Benito seguía decidido a probar su suerte. Para cuando terminé el trabajo de campo, ya había retornado a Santa Cruz, pero me dijo que tenía planeado volver el siguiente año.

Como él, miles de personas de distintas regiones del país se desplazan hacia las operaciones mineras y las quebradas del norte amazónico paceño en busca de este mineral, con la esperanza de encontrar riqueza y resolver de una vez su incertidumbre material. No era la primera vez que ocurre este fenómeno. Entre los años 1982 y 1985, durante la crisis de hiperinflación, también pasó que miles de personas fueron a los distritos de Guanay y Tipuani, con la misma esperanza. Las personas no van a buscar oro tan solo para suplementar sus ingresos. No es lo mismo que ir a trabajar a una zafra o en algún empleo urbano. En este caso, se trata literalmente de la posibilidad de encontrar un tesoro y la euforia que produce la noción de volverse ricos rápidamente en un contexto de deterioro económico y precarización inclemente.

Apuntes finales

Decir que las políticas económicas del neoliberalismo, que con tanto afán quieren restablecer los candidatos a la presidencia como «solución para la crisis», constituyen un programa hecho a medida de las clases dominantes no es una simple prefiguración. Es un hecho demostrable históricamente y en la actualidad. Una prueba fehaciente de esto fue el desdichado «Foro Agropecuario 2025» donde, luego de una presentación orientada a promover una agenda de clase —biotecnología para maximizar ganancias y «defensa de la propiedad privada»— y de las presentaciones condescendientes de los candidatos asistentes, estos fueron interrogados para confirmar su complacencia y alineación, levantando paletas de puja con la palabra «Sí». Como en cualquier subasta. Prueba suficiente de que no asistimos a un «cambio de ciclo», sino a una simple circulación de las élites en el poder.

Este evento expresa de manera clara la contradicción del capitalismo, en este caso en su forma rentista, sobre la que he reflexionado a lo largo del ensayo. La carencia de divisas, que fue la principal causa del deterioro económico, se debió en gran medida al acaparamiento de los excedentes de exportaciones por los actores privados (agronegocio y minería, sobre todo) (Laguna, 2025). Mientras tanto, el grueso de la población trabajadora sigue siendo empujada a la informalidad y la precariedad. La contradicción es clara, los excedentes de exportación existen de la mano del excedente de fuerza de trabajo, pero parece imposible juntar ambos para hacer cosas útiles. Sencillamente, porque la principal motivación de los capitalistas es la ganancia y no así contribuir al desarrollo social y humano. Además, en economías de exportación y dependientes como la boliviana, no está en el interés de los capitalistas comerciales, latifundistas y extractivistas el desarrollo productivo. Por esta razón, cuando detona la crisis, a pesar de que las exportaciones continúen y los precios de las mercancías se incrementen, se multiplica el número de «los perdedores».