El ecologismo subordinado cruceño. Entre la instrumentalización política y la funcionalidad hegemónica
Quya Reyna 1
Septiembre 2025
Resumen
Este artículo analiza por qué Santa Cruz de la Sierra no logra consolidar un ecologismo crítico pese a sufrir crisis ambientales sistemáticas causadas por incendios forestales. A través del concepto de «ecologismo subordinado», se examina cómo el discurso ambiental en la región opera funcional a la hegemonía cruceña y su Modelo de Desarrollo Cruceño, sin cuestionar las bases estructurales del extractivismo. El trabajo demuestra que la construcción social del problema ambiental responsabiliza selectivamente a los «interculturales» —migrantes andinos— mientras omite el rol de la agroindustria local. Mediante el análisis comparativo de las quemas de 2019 y 2024, se evidencia cómo el ecologismo cruceño se activa según necesidades políticas específicas: confrontativo durante coyunturas electorales —como con #SOSChiquitanía— y asistencialista en momentos de estabilidad. Los elementos legitimadores de la hegemonía cruceña —lo geográfico, histórico, cultural e ideológico— articulan un paradigma identitario que naturaliza la diferenciación «camba-colla» y bloquea la emergencia de una conciencia ecológica crítica. El estudio concluye que movimientos como Ríos de Pie ejemplifican este ecologismo subordinado que, bajo una pretendida neutralidad, canaliza la indignación ambiental hacia objetivos que no amenazan los intereses fundamentales del bloque dominante regional, perpetuando así la crisis climática estructural.
Palabras clave: Ecologismo subordinado, Hegemonía cruceña, Incendios forestales, Identidad regional, Extractivismo.
Introducción
El himno departamental cruceño proclama «Bajo el cielo más puro de América y en la tierra de Ñuflo de Chaves…», unas románticas líneas inspiradas por el abogado, profesor, escritor y periodista Felipe Leonor Rivera. En efecto, la fundación del departamento cruceño le pertenece a Ñuflo de Chaves, el español oriundo de tierras canarias. Pero qué ironía del destino lo que sucede como una cruel «tradición cruceña», es que ese supuesto «cielo más puro de América» se transforma cada año y de manera sistemática en uno de los más contaminados del continente.
Solo en octubre de 2024, la Secretaría Municipal de Medio Ambiente de Santa Cruz de la Sierra y diversos medios nacionales reportaron que la calidad del aire alcanzó niveles calificados como «extremadamente malos», con un registro de 371 puntos en el Índice de Calidad del Aire (ICA). Esta cifra supera ampliamente los umbrales considerados peligrosos para la salud, que establece que un valor superior a 150 representa un riesgo alto. Según datos del portal internacional de monitoreo ambiental IQAir, la ciudad registró picos de 806 y hasta 1.070 puntos el 7 de octubre de 2024, probablemente los más altos en su historia reciente. Esta alarmante medición fue reportada también por medios internacionales como Infobae, que alertaron sobre el colapso ambiental que vivía la ciudad en medio de las quemas forestales 2.
El año 2024 marcó un récord devastador en quemas: 12,6 millones de hectáreas fueron consumidas por incendios forestales, según datos del informe de investigación Incendios forestales 2024. Tras las huellas del fuego, publicado por Fundación Tierra (Colque, Tinta, Mamani y Cordero, 2025). Aunque estos incendios afectaron profundamente territorios como Pando, Beni y Santa Cruz, sus efectos se extendieron a nivel nacional. Ya no se trata de un problema exclusivo del oriente boliviano: el humo llegó también al altiplano. Un ejemplo claro fue el informe de la Secretaría Municipal de Gestión Ambiental de La Paz, que el 5 de septiembre de 2024 registró un ICA de 225, considerada una de las cifras más altas en el departamento paceño. Así, el «cielo más puro» logró expandirse por todo el país.
Se suspendieron las clases presenciales en varios colegios cruceños, el humo ocasionó suspensión de vuelos y varios grupos indígenas fueron desplazados de sus casas, por los incendios. La cruda realidad es que los cruceños y los que vivimos en Santa Cruz tuvimos el humo literalmente en nuestras casas, colegios, hospitales… la gente respiraba humo y este año también respirará humo. Y aunque el 2024 fue el peor año de todos, la pregunta más inquietante es: ¿Por qué los cruceños, teniendo y viviendo con humo cada año, no hacen más que contemplar la devastación de su propio territorio?
Quizá la explicación esté en cómo Santa Cruz percibe este problema, en las causas a las que se atribuye la responsabilidad o en los discursos que limitan su problematización. Para abordar esta problemática en las siguientes páginas me hago la siguiente pregunta: ¿Cómo se construye social y discursivamente el problema de los incendios forestales en Santa Cruz de la Sierra, y por qué esta construcción impide que el ecologismo se consolide como una agenda política y ciudadana, pese a la crisis ambiental que se repite cada año?
¿Quiénes son los responsables de las quemas en Santa Cruz?
Para responder la pregunta de este apartado, la crudeza de la respuesta se limita muchas veces a una frase defensiva: «Nosotros no somos». Lo dice un ciudadano cruceño, como si la pregunta implicara una culpabilización directa a él. Entonces señala: «Son esos collas», como para sintetizar algo más complejo: «Un camba sabe quemar su chaco, esos collas no saben quemar». La frase no es aislada. En el imaginario local, los culpables tienen nombre: los interculturales.
Cuando se hace referencia a las quemas, las principales denuncias se dirigen hacia ellos. En 2024, grupos vinculados a la Unión Juvenil Cruceñista se dirigieron a la sede de la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales, ubicada en Santa Cruz, para dejar una carta. Leyeron la misma en la sede y en ella acusaban al sector de ser militantes del partido de gobierno; de actuar con impunidad por contar con una justicia “secuestrada”; y de querer “hacer lo que les da la gana en Santa Cruz, sin mínimos cuidados por el espacio que habitan, los bosques, nuestra fauna, y sin respeto por nuestra cultura ni por el pueblo cruceño”. 3 Los acusaron de querer apropiarse de tierras que, según la carta, pertenecen a los cruceños, a los pueblos indígenas de Tierras Bajas y a los campesinos oriundos del lugar. La carta concluía con una acusación directa: “En medio del mayor desastre ambiental en la historia del departamento, ustedes quieren seguir quemando y depredando nuestros bosques”.
El encuentro se volvió un cruce verbal de culpas y griteríos de ambos bandos:
—¿Quién está quemando?
—Ustedes.
¿Pero quiénes son realmente los interculturales?
Como señala el artículo “Campesinos interculturales: ¿La nueva potencia comunitaria?”, de Martha Irene Mamani (2021), los campesinos interculturales son descendientes de los colonizadores que migraron a las zonas tropicales del país en los años 60 y 70, como parte de programas estatales de poblamiento. De origen quechua y aymara, hoy conforman una fuerza territorialmente consolidada, con vínculos estrechos con los gobiernos del Movimiento al Socialismo (MAS) y una creciente —aunque subordinada— inserción en el modelo agroindustrial. Su trayectoria parte de una memoria de lucha campesina e indígena migrante, pero como señala Mamani, “sin un proyecto de emancipación campesina”. En ese contexto, las tierras que buscan ocupar o preservar terminan muchas veces bajo el control directo o indirecto de agroempresarios y capitales extranjeros
El informe de Fundación Tierra sobre los incendios forestales de 2024 sostiene que gran parte de los focos de fuego se originan en zonas sin planificación del uso del suelo, ubicadas en la frontera agrícola, donde se superponen desmontes recientes, bosques y áreas intervenidas. Las comunidades campesinas e interculturales han impulsado leyes como la Ley 741, que flexibiliza el desmonte, y se han beneficiado de perdonazos, subsidios estatales y obras públicas (Colque et al., 2025, p. 87).
Sin embargo, muchos asentamientos fueron entregados a dirigencias aliadas al MAS, que actúan como verdaderos propietarios, usando a los comunarios como testaferros. Esto ha convertido a varias comunidades en parte del mercado ilegal de tierras, favoreciendo la expansión de la agroindustria, especialmente de los políticos y soyeros, detrás de quienes realmente se oculta la apropiación territorial. Es una alianza entre Estado, campesinos y empresarios cruceños de la soya.
Según otra nota de Fundación Tierra sobre las quemas de 2024 (Fundación TIERRA, 2024), los principales responsables son cuatro actores. Primero, los asentamientos ilegales en áreas protegidas, conformados por ocupantes irregulares que se presentan como comunidades campesinas, indígenas o interculturales, así como por propietarios individuales que operan en zonas restringidas para la actividad agropecuaria. En segundo lugar, se encuentran los ocupantes externos en territorios indígenas (TCO), que mediante acuerdos informales con algunas dirigencias indígenas controlan grandes extensiones, vulnerando derechos constitucionales. Tercero, están las empresas agropecuarias legales que incurren en prácticas ilegales, como el desmonte irregular para ampliar la frontera agrícola hacia el monocultivo de soya. Finalmente, figuran comunidades asentadas en tierras fiscales que, a pesar de haberse comprometido a implementar modelos agroforestales, han optado por desmontes masivos y la adopción acelerada del modelo de monocultivos.
El Modelo de Economía Cruceña: identidad, agroindustria y elementos legitimadores
Si hay algo que en Santa Cruz se defiende a rajatabla, al igual que la bandera verde y blanca, es su modelo económico. El 14 de octubre de 2024 asistí a una conferencia organizada por el Comité Cívico sobre el “Modelo de Desarrollo Cruceño”. El expositor principal fue Gary Antonio Rodríguez Álvarez, del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), coautor de un libro que lleva el mismo nombre (Barbery Alpire et al., 2021). La exposición no sorprendió: siguió el guion de las cátedras de historia regional donde Santa Cruz aparece como víctima del centralismo andino, y su desarrollo agroindustrial como una hazaña autogestionada, fruto del “espíritu cruceño”.
Rodríguez es el compilador del libro mencionado. En resumen, este texto menciona cuatro capítulos:
- De la aldea inhóspita y alejada, a la metrópoli dinámica e interconectada, de Carlos Hugo Barbery Alpire, presenta una narrativa que conecta la fundación de Santa Cruz con su evolución agrícola, urbana y económica. El autor atribuye el desarrollo regional a factores como la riqueza natural —“que la creación quiso concentrar” en este territorio—, las carreteras y la migración (interna y externa). Sin embargo, esta última también es problematizada por el propio Barbery, quien advierte que la llegada desordenada y masiva de población genera incertidumbre e inseguridad para el ambiente de negocios.
- El alma cruceña, de Tumpa, se adentra en una interpretación filosófica y metafísica del “alma colectiva” cruceña, abordada desde dimensiones ontológicas, religiosas y geográficas. El texto idealiza el mestizaje como origen de esa alma regional, aunque lo hace sin atender sus contradicciones históricas y estructurales. Así, la “cruceñidad” se construye simbólicamente como una entidad espiritual única, que se enfrenta a fuerzas externas que intentarían sofocar su libertad y expansión.
- Hacia una definición del espíritu cruceño, de Gary Antonio Rodríguez Álvarez, profundiza en una narrativa de “postergación” histórica de Santa Cruz, que habría sido abandonada “por varios siglos” por el Estado boliviano. De esa experiencia nace, según el autor, una identidad autónoma, emprendedora y resiliente. Rodríguez articula el Modelo de Desarrollo Cruceño en torno a cinco factores: recursos naturales, humanos, capital, tecnología e institucionalidad. Esta última ha sido clave gracias a la acción de organizaciones cruceñas 4 que han impulsado desde la gestión de regalías hasta la representación política regional. A ello se suman cinco valores que, como señala el autor, definen al espíritu cruceño: libertad, individualidad, competitividad, cooperativismo e integración global.
- Bases económicas del desarrollo cruceño: fuentes, concurrencias y desafíos, de Pablo Mendieta Ossio, plantea que el crecimiento económico de Bolivia depende directamente del éxito de Santa Cruz, a la que define como “locomotora” del país. Aunque el modelo cruceño es considerado perfectible, se lo presenta como exitoso y transformador, especialmente por su capacidad de atraer migrantes, a quienes se les otorga un valor en la medida en la que ellos condicen con el discurso exitoso del modelo económico cruceño.
No obstante, este documento simplifica tensiones estructurales como la desigualdad, la exclusión y el rol subordinado que tienen los migrantes de otras regiones en Santa Cruz, las cuales son enmarcadas bajo una retórica integradora que termina encubriendo los conflictos reales del modelo. Una observación general sobre todo el libro es que se construye una narrativa del “espíritu cruceño” que, aunque pretende presentarse como una particularidad local, en realidad responde a elementos ideológicos claramente liberales, como la individualidad, la libertad y la integración global. De la misma manera, no se problematizan las consecuencias de los proyectos de “modernización” que, lejos de ser modelos de desarrollo, arrastran consigo graves impactos ambientales y de cambio climático 5.
La crítica a la migración como un “problema” no profundiza en su papel central dentro del crecimiento económico cruceño; por el contrario, el texto idealiza una migración supuestamente integrada, invisibilizando el racismo estructural que persiste en la región sobre la migración aymara y quechua, denominada “colla”. El modelo, descrito como “exitoso”, no es cuestionado en sus fundamentos, sino idealizado, incluso cuando sectores como los llamados interculturales, aliados coyunturales del modelo agroexportador, están directamente implicados en el agravamiento de la crisis climática que atraviesa Santa Cruz.
Quizás por eso, cuando pregunté al señor Rodríguez, después de terminar su exposición, qué medidas concretas propone el modelo cruceño para enfrentar la degradación ambiental causada por la ganadería extensiva y el agronegocio, su respuesta fueron ataques personales y cuestionamientos sobre mi huella de carbono y una frase sin desarrollo: “Al monocultivo hay monodiscursos”. El auditorio aplaudió de inmediato las respuestas. No estaban celebrando una respuesta técnica ni política, sino defendiendo el modelo como si se tratara de una identidad sagrada, que no se puede cuestionar.
Esta narrativa desarrollista no es aislada, forma parte de un conglomerado ideológico que sostiene la hegemonía cruceña. Entendamos hegemonía en palabras de Antonio Gramsci, como una relación social compleja que trasciende el simple dominio autoritario para convertirse en una forma específica de ejercer el poder mediante el consenso.
La hegemonía es relación social que atraviesa distintas dimensiones: parte de una base material ligada a la posición de las clases en la estructura y se realiza en las superestructuras, a través de una concepción del mundo que encarna la visión general y expresa los intereses del grupo dirigente pero de forma universalizada, al tiempo que se plasma de formas diversas en el sentido común, en las prácticas cotidianas y, en su momento más desarrollado, en un tipo particular de Estado (Gramsci, como se citó en Varesi, 2016, p. 12).
Esta relación, a partir de elementos legitimadores, opera en múltiples dimensiones: parte de una base material ligada a la posición de las clases en la estructura económica, se desarrolla en las superestructuras —instituciones culturales, educativas, mediáticas—, y se materializa cuando el grupo dirigente logra universalizar sus intereses particulares, presentándolos como intereses generales de toda la sociedad. Por tanto, la hegemonía se vuelve efectiva cuando esta concepción del mundo dominante penetra en el sentido común y las prácticas cotidianas de las personas, llegando a su forma más desarrollada a través de un tipo particular de dominio que combina coerción y consenso.
Para Susana Seleme, estos elementos legitimadores, particularmente en Santa Cruz, son: lo geográfico (el oriente), lo histórico (la narrativa del olvido hacia la región), lo cultural (la identidad «camba») y lo ideológico (la «cruceñidad»). En palabras de Seleme, estos elementos se transforman en «homogeneizadores de un poderoso andamiaje institucional e ideológico, indispensable en todo análisis de la cuestión regional, vinculada al poder» (Prado et al, 2007, pp. 60-61):
- Lo geográfico (el oriente): esto ayuda a deducir que la concepción actual del «Oriente» boliviano surge de una diferenciación cultural en contraste con el «Occidente», más que de una mera distribución geográfica basada en las características del suelo. Peña et al. (2009) ofrece una perspectiva esclarecedora sobre este tema:
El Oriente es una región diferenciada del Occidente. Si bien desde el discurso constituye una unidad, desde la geografía, el Oriente abarca en realidad el norte, el noreste, el este, el sudeste y el sur, o sea, ecosistemas diversos. Pero una mirada desde la historia permite identificar los elementos que hacen del oriente una región homogénea: el primero es que esta región coincide con la provincia colonial de Santa Cruz de la Sierra y por lo tanto se mantienen los viejos vínculos comerciales (p. 45).
- Lo histórico (la narrativa del olvido hacia la región): Argirakis (2012) sostiene que la narrativa del «olvido» funciona como un «dispositivo simbólico complementario» que legitima y proporciona un sustento multidimensional —histórico, antropológico, sociológico, económico, político e identitario— a la «supra-ideología» del regionalismo cruceño (p. 66). Profundizando en esta idea, se describe la persistencia de una narrativa particular:
…en Santa Cruz aún sobrevive una especial narrativa sobre la que la élite dominante asentó su discurso hegemónico: es la historia de una provincia olvidada donde todo fue puro —casi como un paraíso perdido—, con una estructura social homogénea (de cruceños iguales), con un ‘feliz mestizaje’ y donde el progreso empezó a darse por esfuerzo y recursos propios, sin ninguna intervención externa, sin ayuda de nadie, de espaldas al Estado boliviano e incluso a pesar de éste último (Argirakis, 2012, p. 66).
- Lo cultural (la identidad “camba”): según Hernando Sanabria (2018), autor del libro El habla popular de Santa Cruz, la denominación “camba” viene del idioma guaraní chiriguano que significa “amigo”. Sanabria afirma que es una “designación común para el indígena del oriente boliviano. Por extensión y con cierto énfasis de gregarismo regional, cualquier habitante de la misma comarca.” (p. 68).
Para Gustavo Pinto, la palabra podría venir del guaraní kuimbae, que quiere decir “hombre”. Sin embargo, estas traducciones son cuestionadas por Combes (2022), ya que no hay una palabra guaraní parecida a “camba”, además, como señala la autora, los guaraníes se llamaban “amigos” o “pariente” entre ellos y nunca usaron la palabra kuimbae.
Para Assies (2006), el término «camba» ha experimentado una notable evolución semántica en el contexto sociocultural del oriente boliviano. Antes del 2001, esta palabra portaba una fuerte carga peyorativa, siendo utilizada principalmente para referirse de manera despectiva a los pongos (trabajadores indígenas en condición de servidumbre) y a los indígenas de las tierras bajas orientales.
En este contexto, Sergio Antelo (2003) propuso la existencia de dos naciones prominentes dentro del Estado boliviano: la Qulla (vinculada políticamente con el Estado) y la Camba. Antelo define que: “La Nación Camba-cruceña no es un Departamento ni una tribu, es una etnocultura, es una ‘Nación cultural mestiza’ que incluye a sus naciones indígenas, a las que considera como partes constitutivas e indisolubles de ella, y como toda ‘nación’, crea, fortalece y tiene su propio nacionalismo» (p. 119), determinando así una diferenciación “nacional” del resto del país, considerado como “qulla”. 6
- Lo ideológico (la cruceñidad): En este apartado, Susana Seleme hace hincapié en el “poder simbólico ideológico” que hay detrás del discurso de la cruceñidad, la misma que parte de una revisión histórica que le da peso y cohesión al discurso del cual parten los procesos políticos y sociales.
Se expresa en el capital simbólico y en la capacidad de articular discursos que devienen representativos de la sociedad en general. Se forma a partir de una cierta reconstrucción histórica y una cierta lectura de realidad, que es aceptada por todos (o por la mayoría) como cierta (habitus) y a partir de la cual se articulan los procesos políticos y sociales (Prado et al., 2007, p. 29).
Si establecemos una relación entre la propuesta de elementos legitimadores de Seleme y el libro del Modelo Económico Cruceño con sus capítulos, encontraremos similitudes discursivas que otorgan legitimidad política no solo a una élite 7, sino a su modo de producción. Al analizar esta relación, identificamos cinco aspectos clave:
- El oriente como categoría histórica-económica. El oriente no es solamente una categoría física, sino una categoría histórica construida desde una «historia en común» de desarrollo económico. Peña et al. (2009) tienen razón al mencionar que se percibe a Santa Cruz como un espacio homogéneo. Sin embargo, es un espacio conformado por múltiples diversidades y desigualdades internas que no se discuten dentro del campo teórico del modelo de desarrollo cruceño.
- La narrativa del «olvido» y el «espíritu cruceño» emprendedor. En el tercer capítulo del libro del Modelo de Desarrollo Cruceño se enfatiza una postergación histórica de Santa Cruz. Esto se relaciona con lo que menciona Argirakis (2012) sobre esa narrativa del «olvido» con la definición del «espíritu cruceño» como elemento simbólico que refuerza el regionalismo cruceño y su modelo económico. Esta estrategia produce una memoria selectiva donde el Estado es siempre externo, ajeno, centralista, y el éxito regional es mérito exclusivo de los cruceños. El «modelo exitoso» borra así las condiciones estructurales de su éxito y también la complicidad y alianzas de la élite cruceña con los gobiernos nacionales de turno que los han beneficiado 8.
- La «cruceñidad» como poder simbólico de la economía. Sobre esta «cruceñidad», «locomotora» del país, que se encarna en el capítulo cuarto del libro del IBCE, se pone de manifiesto el «poder simbólico ideológico» de la cruceñidad, tal como lo explica Seleme: crea una narrativa colectiva aceptada como sentido común. El modelo económico cruceño se vuelve un dispositivo identitario que justifica la desigualdad y propone una identidad basada en el mercado (libertad, individualidad, competitividad, cooperativismo e integración global), naturalizando las consecuencias que hay detrás de ese relato identitario: los bosques incendiados, ciudades contaminadas, grupos desplazados y esta alianza «camba-colla» conveniente, pero solo por detrás.
- El Modelo de Desarrollo Cruceño como cohesionador de la cruceñidad. Esto encarna algo importante que menciona Argirakis (2012), estos elementos de legitimación funcionan como mecanismos de «inclusión social», otorgando a quienes los adoptan un sentido de «pertenencia, estatus y privilegios dentro de la comunidad de Santa Cruz». Además, sostiene que este sistema se mantiene mediante un control social de carácter «feudal o estamentario», que implícitamente amenaza con la «exclusión social y la pérdida de estima a aquellos que no se ajustan a estas normas o las desafían» (p. 82).
Como alguna vez me dijo un amigo cruceño: “ser revolucionario aquí es ser de derecha”. Esta identidad cruceña se construye en oposición al Estado y a todo lo que representa la “otredad” migrante. Desde esta lógica, se configura un paradigma político, social y económico que opera bajo la premisa de resistencia local, pero que rara vez cuestiona sus propias estructuras de poder. No lo harían, porque es parte de su identidad.
¿Será también un paradigma ecológico? ¿Se perfila un ecologismo que dirige su crítica hacia el Estado, los migrantes y los interculturales —desde la conocida diferenciación entre cambas y collas—, pero que deja intactas a sus instituciones locales y al empresariado cruceño?
El ecologismo como estrategia política en Santa Cruz
Una vez expuestos los motivos por los cuales es difícil cuestionar un modelo extractivista como lo es el Modelo de Desarrollo Cruceño —debido al fuerte arraigo discursivo y de «inclusión social» que genera sobre la identidad cruceña, a partir de un modelo de poder hegemónico—, es importante entender cómo funciona el ecologismo en escenarios políticos, ya que este no opera de la misma manera en contextos puramente activistas.
El caso de los incendios de 2019 ilustra claramente esta dinámica. Bolivia vivió ese año una catástrofe ambiental que fue agravada por un conjunto de normas impulsadas por el gobierno de Evo Morales, conocidas como el «paquete incendiario», promulgadas entre 2015 y 2020. Particularmente, relevantes fueron las normativas como la Ley 741, Ley 1171 y el Decreto Supremo 3973, que autorizaron las quemas controladas para actividades agropecuarias y el desmonte en los departamentos de Santa Cruz y Beni, intensificando las condiciones que propiciaron los incendios. Este marco legal favorecía la expansión de la frontera agrícola, promovida por acuerdos con sectores ganaderos y la exportación de carne hacia China.
La devastación ambiental generó una reacción pública y un inminente daño ambiental: más de 6,4 millones de hectáreas fueron arrasadas por el fuego, afectando especialmente a Santa Cruz y Beni. La Chiquitanía —zona indígena y ecológicamente frágil— se convirtió en símbolo del desastre. Desde ahí emergieron discursos “#SOSChiquitanía” y publicaciones en redes que tildaban a Morales de “ecocida”, por contradecir su imagen indigenista de “defensor de la Pachamama”.
Las figuras políticas cruceñas se pronunciaron públicamente mientras las redes sociales amplificaron la magnitud de la catástrofe, dando lugar a la articulación de movimientos ciudadanos ambientalistas como Ríos de Pie, que impulsaron denuncias públicas contra Evo Morales sobre los incendios. La defensa del medioambiente logró movilizar especialmente a jóvenes sensibilizados con las causas ecológicas. Esta reacción ciudadana estuvo marcada por cabildos en Santa Cruz y una gran cantidad de información sobre los incendios que circulaba masivamente en redes sociales. Se percibía una fuerte articulación discursiva para confrontar al Estado central, pero principalmente al presidente de ese entonces, Evo Morales. Sin embargo, surge la pregunta: ¿Por qué no se percibió esta misma intensidad de reacción en 2024, cuando se quemaron casi el doble de hectáreas a comparación del 2019?
La respuesta radica en el contexto electoral: en 2019 se aproximaban las elecciones presidenciales. Las causas medioambientales funcionaron como un motor político, aunque no necesariamente reflejaran una conciencia genuina sobre el cuidado del medio ambiente, sino que se instrumentalizaron al interior de la dinámica electoral y de confrontación política hacia el entonces presidente y candidato oficialista: Evo Morales.
Veamos algunos antecedentes, como he analizado en una investigación previa: Chiquitanía, fuego y elecciones: El primer esbozo de la crisis política del 2019 (Suñagua, 2024), para realizar una comparación de la coyuntura de redes sociales el 2019 y el 2024 en los incendios forestales.
#SOSChiquitania y la desinformación en redes sociales sobre los incendios forestales
La campaña #SOSChiquitanía evidenció cómo el desastre ambiental se transformó en una estrategia política preelectoral contra el Movimiento al Socialismo. En Santa Cruz, a diferencia de La Paz donde se articularon diversas plataformas ciudadanas, la oposición se cohesionó en torno al Comité Cívico Pro Santa Cruz, creando una estructura discursiva que permeó diferentes espacios y redes sociales. La deficiente respuesta gubernamental permitió que la oposición posicionara políticamente el tema ambiental por primera vez. Sin embargo, esta «campaña ambientalista» estuvo marcada por la desinformación sistemática: se difundieron imágenes falsas de especies calcinadas correspondientes a Brasil, fotografías manipuladas de la Muela del Diablo calcinada en Chochis, Santa Cruz, y noticias fabricadas sobre laboratorios de coca, entre otros casos documentados en medios como Página Siete.
El bombardeo mediático fue masivo: El Deber realizó más de 350 publicaciones sobre los incendios en 50 días (7 por día), mientras que la «pasividad estatal» ante las fake news fortaleció la narrativa opositora. Así, el caso de la Chiquitanía se convirtió en la primera etapa de una campaña de desprestigio que, combinada con la desconfianza institucional consolidada desde el referéndum de 2016, determinó el desgaste definitivo de la imagen de Evo Morales, que era candidato para las elecciones de ese mismo año. (Suñagua, 2024, pp. 233-238).
Luis Fernando Camacho surge como figura política en el cabildo cruceño
El 4 de octubre de 2019, el Comité Cívico Pro Santa Cruz, bajo la presidencia de Luis Fernando Camacho, organizó un cabildo masivo que congregó a una multitud para consultar sobre las acciones frente a la quema de bosques. En este evento se aprobó una «Declaratoria Ciudadana de Desastre Nacional» y se dio un ultimátum de cinco días para la abrogación de la Ley 741 y el Decreto Supremo 3973.
Se exigió al INRA desalojar asentamientos ilegales, responsabilizando a los “colonos” del Occidente y del Chapare por los incendios en la Chiquitanía. Se reivindicó la defensa del territorio cruceño no desde una perspectiva ecológica, sino como una oposición al centralismo estatal y a la migración andina. La narrativa articuló el desastre ambiental con un rechazo al gobierno de Evo Morales, señalando supuestas intenciones electorales detrás de los asentamientos y advirtiendo un fraude electoral para las elecciones. Además, el cabildo reafirmó el camino hacia el federalismo y el desconocimiento de un eventual cuarto mandato presidencial, consolidando un discurso regionalista y político a partir de una crisis ambiental.
Esta transformación discursiva demuestra que la quema de bosques funcionó como puente para capitalizar la indignación social y proyectar políticamente a Luis Fernando Camacho en el cabildo. El pico más alto de publicaciones —283 en total— se registró el 3 de octubre, un día antes del cabildo, confirmando que la prioridad era la movilización política, no la defensa ambiental. La figura de Camacho no surgió espontáneamente, sino como resultado de la articulación estratégica entre la indignación colectiva por los incendios y el trabajo político en redes digitales, donde el discurso federalista y regionalista terminó eclipsando cualquier preocupación genuina por la Chiquitanía (Suñagua, 2024, pp. 240-242).
Ríos de Pie: el ecologismo en la política
Ríos de Pie surgió en 2018, en Santa Cruz, como un colectivo que combinaba la defensa del medio ambiente y los derechos humanos, aunque desde el inicio mantuvo vínculos cercanos con las plataformas del 21F 9. Su cofundadora, Jhanisse Vaca Daza, se proyectó como una vocera internacional durante la crisis de 2019, exaltando la narrativa de una “revolución ciudadana” y capitalizando el discurso de resistencia democrática. El colectivo ganó visibilidad durante los incendios de la Chiquitanía, pero su enfoque ambientalista se reveló selectivo: responsabilizó únicamente al gobierno de Evo Morales, omitiendo el rol histórico de la agroindustria cruceña y el modelo extractivista que también fue respaldado por actores regionales.
Tras la caída de Morales, el colectivo no dirigió críticas hacia el gobierno transitorio de Jeanine Áñez, pese a la continuidad del modelo agroexportador y a las vulneraciones de derechos humanos ampliamente documentadas tras masacres en Cochabamba y La Paz. Por el contrario, Vaca Daza expresó públicamente su respaldo a Áñez, lo cual expuso las contradicciones de un activismo que, aunque se presentaba como ambientalista y apartidario, terminó alineado con sectores conservadores y cívicos de Santa Cruz. Así, Ríos de Pie ejemplifica cómo ciertos activismos ambientales o ciudadanos pueden operar como dispositivos simbólicos funcionales a proyectos de poder, donde las “buenas causas” son instrumentalizadas en función de disputas políticas más amplias.
Un ecologismo subordinado: de la confrontación estatal hacia el asistencialismo
Para Ricardo Goñi (2021), el ecologismo contemporáneo, como movimiento de protección de la naturaleza, se caracteriza por cinco aspectos problemáticos: primero, una visión reduccionista en el tratamiento de los conflictos políticos, sociales, económicos e incluso ambientales; segundo, su herencia del positivismo científico que primó en la ecología como disciplina; tercero, el discurso catastrofista que estructura su narrativa a partir de «amenazas y peligros inminentes»; cuarto, la lógica binaria ecologista expresada en términos de «vida o muerte, salud o enfermedad»; y finalmente, la pretendida «neutralidad» ideológica y política que el propio movimiento reivindica. «Algo poco verosímil en función de su naturaleza política y de determinados intereses que giran en su torno», añade Goñi (p. 103).
Esta última característica resulta fundamental para comprender el fenómeno del ecologismo subordinado cruceño a estructuras hegemónicas como el Modelo de Desarrollo Cruceño. El análisis de grupos ecologistas con características similares a Ríos de Pie evidencia que los mismos responden precisamente a estas características: no cuestionan las bases del modelo extractivista y operan dentro de los márgenes permitidos por el poder dominante, canalizando la indignación ambiental hacia objetivos que no amenazan los intereses fundamentales del sistema, sino que sirven como instrumentos políticos de otras causas. Un ecologismo, que se escuda en una causa “neutral”, pero que se saca fotos con círculos de poder que acompañan sus inclinaciones políticas: Jhanisse Vaca con Jeanine Añez.
A esto, Goñi recalca: “(…) constituye en cierto modo una paradoja: desde su aparición como fenómeno social y político —que se remonta a 1961 con la fundación de la World Wildlife Fund (WWF) 10— el ecologismo eludió el tema de su identidad ideológica o, circunstancialmente, lo manejó con suma ambigüedad. Por ello siempre se presentó ante la sociedad bajo el lema de la ‘neutralidad’, es decir, como un movimiento imparcial (o ‘apolítico’) e impermeable a las ideologías” (p. 106).
La pretendida «neutralidad» del discurso ecologista de Ríos de Pie durante los incendios de 2019 encubre su funcionalidad a la estructura hegemónica regional y política: mientras se responsabiliza al Estado central y a los «interculturales» por las quemas de los bosques, se omite sistemáticamente el rol de la agroindustria cruceña y las políticas legales de expansión de la frontera agrícola que los benefició ampliamente.
Este reduccionismo analítico del problema, junto con la lógica binaria y catastrofista que plantea Goñi, ha simplificado el entendimiento de la deforestación cruceña, encasillándola en una dicotomía entre «defensores de la naturaleza» y «destructores del bosque». Esta lectura coincide estratégicamente con la diferenciación identitaria «camba-colla», en una operación discursiva claramente demagógica. Así, una causa que en apariencia responde a motivaciones ambientales “neutrales” termina actuando políticamente de forma confrontativa contra ciertos grupos sociales. Los ataques al Estado siguen funcionando como una fuente de cohesión para el regionalismo cruceño, cuya intensidad varía en función de las coyunturas políticas, como las elecciones de 2019, y del accionar de actores clave como el Comité Cívico Pro Santa Cruz o los empresarios agroindustriales quienes además controlan medios de comunicación y despliegan potentes campañas de legitimación 11.
El contraste entre 2019 y 2024 resulta ilustrativo: durante las elecciones de 2019, el movimiento ambientalista se activó masivamente a través de fake news, publicaciones mediáticas intensivas y discursos antagónicos que instrumentalizaron la crisis ambiental para fines electorales. Sin embargo, y esto resulta revelador, las últimas campañas ecologistas en Santa Cruz han moderado significativamente su tono confrontativo para realizar un aporte aparentemente más «constructivo»: la ayuda a los bomberos. Esta transición de una confrontación contra el Estado hacia el asistencialismo evidencia cómo el ecologismo subordinado opera según las necesidades del momento político. Cuando la confrontación es útil para el bloque hegemónico, se activa; cuando la estabilidad es prioritaria, se recicla en asistencialismo. En ambos casos, su acción oscila entre la confrontación motivada por escenarios políticos específicos y el asistencialismo que evita dimensionar y cuestionar los elementos estructurales del modelo extractivista que genera sistemáticamente las crisis ambientales.
Como se observa en la siguiente nube de palabras, aunque en 2019 Ríos de Pie impulsaba un discurso de confrontación directa contra Evo Morales —articulado en torno a campañas emblemáticas como SOSChiquitanía (Figura 1)—, para 2024 su narrativa ha experimentado una transformación notable. El análisis de su página de Facebook revela un giro discursivo hacia registros más asistencialistas, con una presencia destacada de términos como “donaciones” (Figura 2), lo que sugiere una reducción en su contenido político y una reconfiguración de su rol ambientalista. Una tendencia similar se observa en la página de Facebook del Comité Cívico Pro Santa Cruz, que en 2019 transitó de denunciar la quema de la Chiquitanía a utilizar esa narrativa como insumo político para Luis Fernando Camacho, y que en 2024 muestra también una prevalencia de discursos centrados en los donativos, como evidencia su propia nube de palabras (Figura 3).
Figura 1. Nube de palabras de las publicaciones de la página de Facebook de Ríos de Pie (agosto-octubre de 2019)
Fuente: Elaboración propia, con base en los datos de Facebook de la página Ríos de Pie
Figura 2. Nube de palabras de las publicaciones de la página de Facebook de Ríos de Pie (septiembre-octubre de 2024)
Fuente: Elaboración propia, con base en los datos de Facebook de la página Ríos de Pie
Figura 3. Nube de palabras de las publicaciones de la página de Facebook del Comité Cívico Pro Santa Cruz (septiembre-octubre de 2024)
Fuente: Elaboración propia, con base en los datos de Facebook de la página del Comité Cívico Pro Santa Cruz
Esta reconversión discursiva evidencia cómo estas campañas de recolección se han convertido en el nuevo status quo del ecologismo cruceño, adoptado tanto por instituciones del aparato hegemónico regional 12 como por Ríos de Pie y otros activistas. El cambio del lenguaje confrontativo (2019) al asistencialista (2024) no es casual: refleja la adaptación del ecologismo subordinado a las necesidades políticas del momento, manteniendo su funcionalidad al bloque de poder dominante local, pero bajo una modalidad aparentemente más «constructiva» y menos polarizante. Esta transición de la confrontación estatal al asistencialismo expone cómo el ecologismo subordinado preserva su rol legitimador de la hegemonía cruceña, independientemente de sus causas o motivaciones activistas.
Conclusiones
Este trabajo evidencia por qué, pese a que el humo habita los pulmones de los cruceños cada año debido a los chaqueos para la ampliación de la frontera agrícola, Santa Cruz no logra consolidar un ecologismo crítico que cuestione las bases estructurales del modelo extractivista regional. La respuesta se encuentra en la articulación entre la hegemonía cruceña y el Modelo de Desarrollo Cruceño, que dan como resultado lo que se ha denominado «ecologismo subordinado», entiéndase como el movimiento ecologista que no tiene definida una agenda ambiental crítica, sino que opera dentro de las acciones y necesidades de un bloque hegemónico.
Siguiendo la caracterización de Goñi sobre el ecologismo contemporáneo, el análisis demuestra que el ecologismo cruceño opera con una pretendida «neutralidad» ideológica que encubre su funcionalidad a la estructura hegemónica regional. Esta «neutralidad» permite que movimientos como Ríos de Pie se presenten como apartidarios mientras canalizan la indignación ambiental hacia objetivos que no amenazan los intereses fundamentales del bloque dominante y, además, legitimando sus variados intereses.
La comparación de las quemas forestales entre 2019 y 2024 revela cómo el discurso ambiental se activa según las necesidades políticas del momento. En 2019, la crisis de la Chiquitanía fue instrumentalizada electoralmente, combinando preocupación ciudadana con desinformación sistemática mediante redes sociales y medios de comunicación. En 2024, con casi el doble de hectáreas quemadas, el discurso se reconvirtió de la confrontación estatal hacia el asistencialismo, evidenciando que la movilización respondía más a la coyuntura electoral que a una conciencia ecológica consolidada. Hoy se refugia en las donaciones a bomberos, hasta que haya necesidad de nuevamente activar una confrontación controlada por los grupos de poder locales.
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1 Quya Reyna es escritora con estudios en Comunicación Social en la Universidad Mayor de San Andrés. Autora del libro “Los hijos de Goni” (2022), publicado por Sobras Selectas. ⇑
2 Infobae. (2024, 8 de octubre). Santa Cruz de la Sierra marcó los registros más altos de contaminación del aire por el humo incendios en Bolivia. https://www.infobae.com/america/america-latina/2024/10/08/santa-cruz-de-la-sierra-marco-los-registros-mas-altos-de-contaminacion-del-aire-por-el-humo-de-los-incendios-en-bolivia/ ⇑
3 La carta está publicada en la página de Facebook de la Unión Juvenil Cruceñista, con el siguiente encabezado: Mensaje para los “campesinos” e “interculturales” del MAS que están incendiando nuestros bosques y sus amenazas constantes de bloqueo a nuestro departamento. https://www.facebook.com/photo?fbid=944326897736388 ⇑
4 Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo-CAINCO, el Comité Pro Santa Cruz, la Cooperativa de Teléfonos Automáticos de Santa Cruz-COTAS o Cooperativa Rural de Electrificación-CRE. ⇑
5 Como señala la investigación de Fundación Tierra denominada «Cambio climático en Santa Cruz: nexos entre clima, agricultura y deforestación» (Colque, 2023). Santa Cruz se encuentra en un «punto de no retorno» debido al cambio climático, que es tanto consecuencia como causa de la expansión acelerada y descontrolada de la agricultura y la deforestación. Las proyecciones indican que para 2060 el aumento de temperaturas oscilará entre 1,8°C y 3,2°C. Esto significa que la temperatura promedio de la última década (25,7°C) podría alcanzar un rango de 26,5°C a 27,9°C. Según los tres escenarios de proyección analizados, Santa Cruz experimentará entre 14 y 29 días calurosos adicionales para el año 2060. ⇑
6 Un ejemplo contemporáneo de la construcción de la identidad «camba» y su diferenciación del «occidente» boliviano se manifiesta en la frase «camba que se respeta no bolea», que circula ampliamente en redes sociales, especialmente en páginas vinculadas al regionalismo cruceño. Esta expresión rechaza la práctica de mascar hojas de coca, tradicionalmente asociada con las culturas andinas o «collas», sirviendo como un marcador de identidad y un mecanismo de diferenciación cultural. La propagación de este discurso a través de plataformas digitales demuestra cómo las redes sociales se han convertido en un espacio crucial para la difusión y refuerzo de ideas sobre la identidad regional.
Ver: https://www.facebook.com/EstaHablau/videos/735107386837017/ ⇑
7 El Comité Cívico Pro Santa Cruz-CPSC es parte de la “élite cívica”. Para Fernando Prado “está conformada por profesionales liberales, empresarios y, en algunos casos, dirigentes de los poderosos gremios y otros. Es el que ha construido el discurso de la ‘cruceñidad’ como paradigma fundamental de toda la estructura de dominación-persuasión ideológica” (Prado et al., 2007, p. 179). ⇑
8 Al respecto, Gonzalo Colque (2012, 13 de septiembre) señala que el gobierno de Evo Morales, desde 2014, benefició la promoción del sector ganadero y agrícola de Santa Cruz: «Por estas razones, en otros escritos insistí que los culpables de la crisis ambiental son tanto cambas como collas. Pero los años no pasan en vano, todo se hizo enredado, y el reto es comprender en toda su complejidad lo que está pasando». ⇑
9 Plataformas ciudadanas que se oponían a la postulación de Evo Morales en 2019, luego de que un referéndum rechazara la reforma de artículos constitucionales que le habrían permitido la reelección. ⇑
10 La WWF, o World Wildlife Fund (Fondo Mundial para la Naturaleza), es una organización de nivel internacional independiente dedicada a la conservación de la naturaleza. ⇑
11 Una intensa investigación llamada: Verificación: en 10 años, la frontera de soya se amplió más de lo que la ANAPO informa, publicada en la Revista La Brava (Mendoza et al., 2024), expone cómo la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo-ANAPO utiliza una estrategia comunicacional articulada para legitimar el modelo de monocultivo en Santa Cruz, especialmente el de soya, mediante la difusión de datos y narrativas favorables a través de redes sociales, medios tradicionales e influencers. Invita a periodistas, tiktokers y figuras públicas a sus eventos agrícolas (como el Día del Trigo o la Expo Soya), donde promueve discursos sobre sostenibilidad, rotación de cultivos y eficiencia productiva. Estas acciones buscan llegar a públicos jóvenes y del occidente del país, generando una imagen positiva del agronegocio. ⇑
12 Se han revisado las páginas oficiales de Facebook de la Gobernación cruceña y de la Unión Juvenil Cruceñista y en ambas se observa, en 2024, una marcada inclinación hacia un discurso asistencialista tras las recientes quemas de los bosques. Predominan expresiones como «nuestros bomberos», «municipio» y «voluntarios», lo que indica un énfasis en la acción humanitaria y comunitaria por encima de una narrativa de confrontación política. ⇑
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