Las palabras de Branko Marinković, senador electo y empresario agroindustrial, no son un exabrupto aislado. Resumen con crudeza un sentido común que se impone desde los círculos de poder económico en Bolivia: una visión donde la tierra ya no se concibe como territorio, ni la riqueza como bien común. Ambas se entienden como plataformas de acumulación.

El discurso de libertad individual ha mutado hacia una defensa irrestricta del derecho a disponer de la propiedad privada sin rendir cuentas, como si regularla o cuestionar el financiamiento que la sostiene fuera ilegítimo. Así, se ha desplazado a un segundo plano toda idea de responsabilidad ambiental, social o fiscal. En este nuevo escenario, el verdadero éxito agroempresarial ya no se mide en cosechas ni cabezas de ganado, sino en tierra acumulada, convertida en garantía hipotecaria y en acceso privilegiado al crédito.

Este ensayo sostiene una tesis que suele pasar desapercibida en el debate público boliviano, pese a que tiene implicaciones profundas para el conjunto de la sociedad: en Bolivia, el agronegocio que se escuda en discursos de «seguridad alimentaria» y «progreso económico» ya no se limita a acumular tierra con financiamiento ajeno; sino que viene capturando de manera progresiva el sistema financiero —banca, fondos de pensiones y fondos de inversión—, y, junto a ello, impulsando transformaciones en la arquitectura normativa del país para blindar sus intereses. 

Lo que se presenta como «desarrollo» sectorial es, en realidad, un modelo de especulación planificada, blindado por el lenguaje técnico y operado mediante redes de privilegio. El proceso no es nuevo, como lo explica Nathanael Hastie (2025) en Dueños de Bolivia: La Historia (no-oficial) del saqueo. Parte de una trayectoria recurrente de la historia agraria boliviana, a partir de estrategias históricas de apropiación y control que reaparecen con rasgos familiares, pero bajo nuevas formas.

De igual modo, tiene su correlativo en el ámbito agrario. La Reforma Agraria de 1952 se diseñó bajo una lógica redistributiva y productiva (Soliz, 2022). Redistributiva porque, tras largos períodos de servidumbre y explotación, se buscaba compensar a las comunidades y familias campesinas que ya vivían y trabajaban esas tierras, bajo la consigna de que «la tierra es de quien la trabaja». En menor medida, también se abrieron procesos para atender reclamos de antiguos propietarios que fueron expoliados.

Productiva porque gran parte de las haciendas eran consideradas capital agrario “ocioso”: extensiones mantenidas como símbolo de poder o reserva patrimonial, más que como unidades efectivas de producción. Al redistribuirlas hacia campesinos, se pretendía no solo reparar una injusticia histórica, sino también activar fuerzas productivas latentes, incrementar la producción agrícola y contribuir a la seguridad alimentaria.

Sin embargo, la implementación de esta reforma fue desigual. En el altiplano y los valles andinos, la redistribución derivó en la fragmentación de la tierra en minifundios, lo que limitó el potencial productivo y dejó a las familias atrapadas en parcelas cada vez más reducidas. En el Oriente, en cambio, la reforma no desmanteló el latifundio, sino que lo reconfiguró: se consolidó un latifundio agroempresarial ligado a la ganadería y, posteriormente, a la agroindustria, sostenido por políticas estatales de colonización y dotaciones masivas de tierras a empresarios, militares y migrantes extranjeros. Así, lo que en el occidente fue una redistribución precaria, en el oriente significó una nueva concentración bajo formas modernizadas. El resultado fue una reforma agraria inconclusa que abrió paso a una estructura agroempresarial todavía vigente (Urioste & Kay, 2005). Esta estructura sería, décadas después, la base sobre la cual se montaría el modelo de captura financiera que exponemos acá.

Décadas más tarde, distintos sectores populares —particularmente movimientos indígenas y campesinos— impulsaron en el proceso constituyente de 2006–2008 la consolidación de territorios indígenas y la devolución de tierras a sus legítimos dueños. También buscaron establecer límites efectivos a la acumulación de propiedad privada. Sin embargo, el desenlace del proceso, marcado por las negociaciones parlamentarias que permitieron viabilizar la nueva Constitución, impuso límites y moderaciones que desactivaron en gran medida esas aspiraciones redistributivas.

Hoy, con la economía en crisis y una expansión financiera sin precedentes, el agronegocio no solo busca crecer, sino reescribir una vez más las reglas del juego a su favor. La frontera del agroextractivismo boliviano ya no es únicamente la tierra forestal; es también un sistema financiero que lo sostiene y que ha crecido en desproporcionadamente.

Los datos son contundentes. Desde 2019 hasta el presente, se ha perdido más del 20% del total de los bosques que han sido deforestados desde 1956 (Fundación Amigos de la Naturaleza, 2024). La frontera agropecuaria se expandió de 10,8 a 14,3 millones de hectáreas (MapBiomas Bolivia, 2024). El desmonte genera un aumento del valor comercial de la tierra de entre $500 y $800 por hectárea (Müller et al., 2024), creando entre $1.400 y $2.240 millones en valorización patrimonial en los últimos cinco años 3. Esta ganancia no proviene del trabajo agrícola o pecuario, sino de transformar tierra forestal en tierra agropecuaria para usarla como garantía bancaria. Detrás de ese proceso se encubren mecanismos de especulación, concentración y apropiación de tierras fiscales, privadas y territoriales. Ese es el núcleo del agroextractivismo agrario presente en Bolivia.

En relación con lo anterior, la cartera de créditos bancarios pasó de $8.200 a $21.000 millones entre 2013 y 2024. El agroextractivismo 4 elevó su participación del 7,8% al 14,7%, pasando de $649 millones a $3.098 millones (Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, 2025a). Una parte significativa de estos recursos no proviene de la banca privada, sino de los aportes de los trabajadores a los fondos de pensiones, que crecieron en proporciones similares y fueron reinvertidos en el propio sistema bancario. Para dimensionar su importancia los fondos administrados hoy por la Gestora de Pensiones equivalen a casi toda la cartera de créditos bancarios del país, y cerca de la mitad se coloca nuevamente en la banca a través de Depósitos a Plazo Fijo (DPF) 5.

El contraste es revelador: entre 2013 y 2022, las tasas de rendimiento de los 2 fondos de pensiones, AFP, bajaron de 7,2% y 6,2% a apenas 3,7% y 3,4%, respectivamente (Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros, 2014; viceministro de Pensiones y Servicios Financieros, 2023). Todo esto mientras estos fondos eran gestionados por dos administradoras privadas, en un esquema sin mecanismos efectivos de control social ni criterios de inversión pública. Las utilidades bancarias, por el contrario, han crecido en la década de 2010 y tras una caída durante la pandemia, alcanzaron un récord de $386 millones en 2024 (Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, 2025b). El capital son ahorros que se prestan, se recuperan y generan ganancias. Quien mejor entiende esa lógica, gana.

En las siguientes páginas recorreremos sobre los principales elementos de esta arquitectura invisible: viendo cómo opera, a quién beneficia y por qué es tan difícil de cuestionar.

El giro financiero del agronegocio

La tierra no ha dejado de ser un medio de subsistencia o de producción. Sin embargo, la expansión de la frontera agropecuaria mediante el desmonte, lejos de ser una externalidad ambiental, se ha vuelto una operación de valorización planificada: un «costo de habilitación» que incrementa el precio de mercado y abre la puerta al financiamiento.

El desmonte de bosque no es barato: cuesta entre $160 y $250 por hectárea. Solo quienes cuentan con capital significativo o acceso a crédito pueden asumirlo. Esa condición explica una paradoja: aunque las tierras bajo régimen empresarial y mediana propiedad 6 concentran apenas el 16% de la superficie agraria (Núñez, 2024), son responsables de cerca del 60% de la deforestación registrada en Santa Cruz (Colque, 2022), el departamento que concentra la mayor pérdida de bosque del país. 

Los actores involucrados en la deforestación, según estimaciones para el periodo 2016 y 2021, son diversos: ganaderos medianos y pequeños (27%), grandes empresas ganaderas (25%), productores menonitas (16%), empresas agrícolas (10%), colonizadores mecanizados (13%) y pequeños agricultores (9%) (Müller et al., 2024). Más allá de la ganadería, el cultivo de soya es responsable por sí solo del 17% de la deforestación nacional (Reis et al., 2023).

A ello se suma un componente menos visibilizado pero clave: la extranjerización del capital agrario. Aunque no existen datos sistemáticos, se estima que una parte significativa de la propiedad mediana y empresarial está en manos de extranjeros, especialmente brasileños y argentinos (Urioste, 2011). Muchos de ellos no están interesados particularmente en producir (Oxfam Bolivia, 2024), sino en la especulación comercial y financiera con tierras: valorizarlas a través del desmonte para convertirlas en activos financieros (Müller et al., 2024).

A esta situación se agregan los procesos de dotación irregular, avasallamiento y tráfico de tierras, particularmente en tierras fiscales y territorios indígenas (Colque & Vadillo, 2022). Estos procesos involucran a varios de los actores ya mencionados, aunque su relación directa con la deforestación sigue siendo poco cuantificada.

La alquimia del colateral

En los créditos con garantía hipotecaria, el valor depende en gran medida del colateral 7 que se puede ofrecer en contraparte. Esa valorización suele quedar en manos de peritos denominados «valuadores técnicos», contratados por los propios dueños del predio. Aunque existen marcos de regulación emitidos por la Autoridad de Bosques y Tierra y otras entidades, en la práctica los mecanismos de control son limitados. Las valuaciones son procesos donde el valor de la tierra puede multiplicarse tras una evaluación rápida.

En este esquema, tierras empresariales o medianas —incluso forestales— pueden obtener un valor alto, facilitando créditos mayores, apalancamientos múltiples y tasas de interés más blandas. La tierra forestal se convierte así en un activo financiero cuyo valor aumenta a medida que es deforestada. Su acumulación permite cada vez mayores inversiones agropecuarias. Esto es de particular interés en casos de empresas que califican su negocio como «bienes raíces rurales» y no como producción agropecuaria (Oxfam Bolivia, 2024).

Un factor determinante en la valorización de la tierra es la presencia de caminos e infraestructuras de acopio, transformación o transporte. Ambos reducen los costos logísticos, facilitan la conexión a mercados y, en consecuencia, elevan el valor de la propiedad. Pero este no es un proceso neutral: la apertura de una carretera o la instalación de una planta de transformación no solo aumentan la rentabilidad privada de quienes poseen tierras en la zona, sino que también redistribuyen oportunidades y riesgos en todo el territorio. Por ello es necesario reflexionar sobre los procesos de decisión que definen la localización de estas obras: muchas veces obedecen menos a criterios de interés público que a alianzas empresariales y cálculos de valorización privada, aunque su financiamiento sea público o dependa de deuda externa que asume el Estado boliviano (Castro Bozo, 2013).

En ese sentido, la infraestructura deja de ser solo un servicio colectivo y se convierte en un mecanismo de especulación: anticipar dónde pasará un camino o se instalará un ingenio es, en los hechos, participar de un negocio inmobiliario. La lógica de las cadenas agropecuarias se expande así no solo sobre bosques y suelos, sino también sobre los presupuestos públicos que financian estas infraestructuras. Con ello, el Estado adquiere una relevancia central, ya que puede terminar actuando como un agente de valorización patrimonial al servicio del agroextractivismo.

Garantías quirografarias y la bicicleta financiera

Una vez dentro del sistema, la solvencia deja de medirse únicamente en colaterales materiales y empieza a construirse con cada nuevo préstamo. Quien accede, paga y renueva de manera reiterada, acumula un capital reputacional que se convierte en garantía suficiente. Así surgen los préstamos quirografarios: créditos sin colateral, respaldados solo por el nombre, la trayectoria empresarial o el peso de un proyecto de inversión con accionistas de renombre.

Estos mecanismos facilitan que, aun cuando todos los colaterales tangibles ya están comprometidos, los grandes actores puedan seguir accediendo a crédito fresco. Allí entra en juego lo que en el sector se conoce como «bicicleteada financiera»: una dinámica donde el endeudamiento constante no es visto como anomalía, sino como parte normal de la lógica empresarial, del crecimiento y de la inversión. Como ocurre con los Estados, para las corporaciones la deuda se convierte en herramienta estructural.

Estas condiciones, sin embargo, no están disponibles para todos. No son productos financieros abiertos, sino privilegios reservados a quienes pertenecen a redes empresariales, cuentan con reconocimiento institucional o acumularon el «éxito» suficiente para que la banca los considere clientes con exceso de solvencia. Este privilegio financiero permite refinanciar deudas previas, apalancar nuevos créditos o incluso invertir el préstamo en bonos del Estado, obteniendo rendimientos superiores al costo original del financiamiento. En la práctica, significa ganar dinero con deuda que se destina a actividades que no necesitan ser demasiado rentables: solo deben permitir recuperar lo invertido mientras generen un aumento en el valor del capital agrario.

El caso Aguaí

Aguaí, un importante complejo agroindustrial azucarero, es un ejemplo ilustrativo de este modelo. A inicios de 2010, tres años y medio antes de iniciar operaciones y sin generar ningún tipo de ingreso, la empresa logró emitir bonos en la Bolsa Boliviana de Valores por $228 millones, a una tasa mínima de apenas 0,5% anual y con un plazo de hasta 12 años. Estos bonos obtuvieron una calificación de riesgo AAA, considerada de muy bajo riesgo y, por lo tanto, una inversión atractiva y segura (Ingenio Sucroalcoholero Aguaí S.A., 2010a).

En consecuencia, las AFP privadas que entonces administraban los fondos de pensiones adquirieron $153 millones, equivalentes al 67% de la emisión total. Para ese momento, dicha compra representaba, en una sola operación, el 3,2% de todos los fondos de pensiones del país (Autoridad de Fiscalización y Control Social de Pensiones y Seguros, 2012). Vale la pena recordar que, en ese entonces, dichos fondos rendían entre 9% y 11% anuales, lo que genera dudas sobre el racional económico en adquirir bonos con retornos tan bajos (Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros. (2014). 

Además, una parte de los $228 millones fue utilizada para comprar $160 millones de Bonos del Tesoro General de la Nación (TGN) a plazos que van desde los 8 a 11 años, que en ese periodo rendían entre 4% y 6% anual (Ingenio Sucroalcoholero Aguaí S.A., 2010b; Banco Central de Bolivia [BCB], 2010). Estos valores ofrecían condiciones más favorables y permitieron a Aguaí cubrir los pagos de intereses de su propia deuda con dinero público. En ese sentido, hubiese sido más rentable para las AFP invertir directamente en los bonos del TGN en lugar de hacerlo a través de Aguaí. 

Finalmente, debe considerarse el impacto territorial del proyecto: la planta azucarera y de etanol requiere al menos 30 mil hectáreas de caña y ejerce influencia sobre un área mucho mayor. Este hecho estimuló el valor de la tierra en toda la región, generando beneficios colaterales para los propios accionistas que también eran dueños de predios en la zona de influencia.

Calificadoras a pedido

Uno de los pilares del modelo de captura financiera es la validación técnica. Las calificadoras de riesgo desempeñan un rol decisivo: sus «notas» (A+, A–, BBB, etc.) abren o cierran el acceso a financiamiento bancario, a la inversión privada e incluso a los fondos administrados por la Gestora Pública de Pensiones. Sin embargo, el sistema está viciado desde su base: la calificación la solicita y paga la propia empresa interesada, generando un conflicto de interés estructural.

En la práctica, las evaluaciones se realizan en función de información contable entregada por las mismas compañías, sin verificación independiente ni obligación de justificar el uso posterior de los recursos. Así, el «riesgo» no se mide en función de la realidad material de la empresa, sino de su capacidad de representarse favorablemente en los papeles. Este sesgo se volvió evidente en casos como el del Banco Fassil 8, que llegó a ostentar calificaciones elevadas pese a ser el principal prestamista del sector agropecuario y acumular problemas de liquidez estructurales. El colapso de la entidad en 2023, la mayor quiebra bancaria en la historia reciente del país, expuso con crudeza cómo la aparente solvencia podía sostenerse más en notas infladas que en fundamentos reales.

Dicho esto, el colapso no abrió ningún debate público sobre el rol de las calificadoras ni sobre los mecanismos de supervisión o verificación de su trabajo. Mucho menos condujo a una auditoría de las calificaciones previas que ya habían otorgado. El sistema no se cuestiona, pese a que sus falencias son evidentes y sus consecuencias terribles.

El espejismo del mérito

El caso del Banco Fassil es paradigmático. Su colapso en 2023 dejó al descubierto una arquitectura de ficción financiera: excelentes calificaciones de riesgo, cumplimiento regulatorio aparente y vínculos profundos con fondos de pensiones. En los hechos, hoy se sabe que no solo beneficiaba a una red de personas y empresas —principalmente pertenecientes al sector del agronegocio—, sino que incumplió muchas normas legales y su solvencia no era sólida como aparentaba.

Ninguna alerta fue activada por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero ni por las AFP. Los recursos invertidos por los fondos previsionales, es decir, el ahorro de los trabajadores, quedaron atrapados en una quiebra anunciada. No fue un error aislado, sino un síntoma de una estructura basada en apariencia y vínculos más que en transparencia y evaluación rigurosa.

Sin embargo, detrás de esta estructura técnica se esconde una narrativa poderosa: la del mérito. Las empresas mejor calificadas, más grandes o rentables son automáticamente asumidas como eficientes y solventes. Pero aun cuando esta percepción refleje la realidad, tal eficiencia se construye sobre privilegios estructurales: acceso preferencial al crédito, avales estatales, subsidios e infraestructura pública. Y cuando la percepción no refleja la realidad, estas empresas logran sortear todos los controles y mecanismos de evaluación que, en teoría, por lo menos deberían ser técnicamente rigurosos y meticulosamente regulados.

Los rankings financieros, las calificaciones de riesgos, los informes de desempeño y los reconocimientos sectoriales funcionan como espejos: devuelven una imagen deseada, no una realidad contrastada. El resultado es una legitimidad blindada por la técnica, pero en esencia un espejismo donde el riesgo es mínimo.

Cuando hay crisis, pandemia, sequía, incendios, los grandes actores acceden rápidamente a reprogramaciones de deuda, subsidios indirectos o flexibilización de requisitos. Un ejemplo claro es la reprogramación de hasta cinco años de los créditos otorgados a quienes fueron afectados por los incendios, a través del Decreto Supremo Nº5241 aprobado en octubre 2024, beneficiando principalmente a grandes empresas. 

Además, muchos operan bajo figuras jurídicas como Sociedades Anónimas (SA) o Responsabilidad Limitada (SRL), lo que les permite disminuir su riesgo patrimonial (Rigoberto Paredes & Asociados (s.f.)). Si el proyecto fracasa, los dueños no responden con su patrimonio personal. Esto, que es legal, termina funcionando como un escudo que refuerza la irresponsabilidad estructural.

Un caso ilustrativo se dio durante la dictadura de Banzer, cuando el Banco Agrícola absorbió 44,5 millones de dólares en deudas morosas, trasladando al erario público las obligaciones impagas de 726 algodoneros y 188 productores de soya frente a bancos privados (Hastie, 2025). En ese episodio no se recurrió a la ejecución de garantías, y los préstamos incobrables continuaron socavando, incluso hacia fines de los años ochenta, la solvencia del Banco Agrícola. Este mecanismo se inscribió en una estrategia más amplia de financiamiento de favores políticos y empresariales mediante endeudamiento externo, subsidios y créditos blandos (Morales & Sachs, 1989).

Además, un elemento propio de las actividades agropecuarias es el riesgo de pérdida productiva: por plagas, enfermedades o, cada vez más, por fenómenos climáticos extremos. Sin embargo, estos riesgos rara vez son evaluados adecuadamente en los procesos de financiamiento. El 2024 ofreció un ejemplo claro: una severa sequía provocó pérdidas masivas en la cosecha de soya de verano, alcanzando en algunos casos hasta el 40% de la producción (Tyldesley & Czaplicki Cabezas, 2024). Este sector, que concentra más del 7% de la cartera bancaria nacional, mostró así su enorme vulnerabilidad (ASFI, 2025a).

La pregunta es evidente: ¿Quién incorpora realmente la creciente inestabilidad climática en las evaluaciones de riesgo? La respuesta, por ahora, sigue ausente.

La red de privilegios: puertas giratorias y favoritismo institucional

La permeabilidad entre lo público y lo privado es otra columna del modelo. A lo largo de la historia del país, existen cientos de casos documentados de altos funcionarios del Banco Central de Bolivia, la ASFI, las AFP y el Ministerio de Economía que han transitado a cargos o han sido accionistas de bancos, aseguradoras y fondos privados (Hastie, 2025). Desde luego, lo mismo ha ocurrido con muchos otros sectores relevantes para el agroextractivismo, como las políticas de desarrollo rural o tierras. Este fenómeno, conocido como puerta giratoria, debilita los incentivos para una supervisión efectiva. 

El regulador de hoy se convierte en asesor de las empresas que regulaba mañana, sin tiempo de latencia ni asumir medidas para evitar conflictos de intereses. Quien hoy autoriza una línea de crédito o avala un esquema de inversión, puede beneficiarse de sus efectos futuros desde el sector privado. El interés público se diluye en trayectorias personales. En otros países existen normas que buscan evitar estos conflictos de interés, impidiendo que altos ejecutivos de entes públicos pasen inmediatamente a trabajar en los sectores que antes regulaban.

En Bolivia, varios grupos empresariales concentran simultáneamente operaciones agroindustriales y financieras. La banca presta al agro, pero muchas veces lo hace a sí misma mediante estructuras societarias cruzadas, directorios compartidos o redes familiares. Se trata de conglomerados agroindustriales, ganaderos y financieros que además mantienen ramificaciones con representantes sectoriales y actores políticos, tanto locales y departamentales como nacionales. De igual forma, son accionistas de grandes medios de comunicación, financiadores de campañas políticas y cuentan con acceso directo a las autoridades que definen la política pública, los presupuestos, las regulaciones y su aplicación.

En este entramado, resulta cada vez más difícil distinguir los límites: ¿Dónde termina la empresa y empieza el Estado? ¿Quién regula a quién? ¿Qué interés prevalece cuando los mismos actores concentran poder económico, político y mediático?

Conclusión

Lo que este ensayo muestra no es un simple desvío técnico del sistema financiero, sino la consolidación de un proyecto político y cultural. El «yo invierto, yo produzco, yo asumo el riesgo» no es una declaración de autonomía, sino el disfraz narrativo de un modelo que socializa riesgos y privatiza beneficios. El agroextractivismo boliviano se ha sofisticado: ya no se limita a acumular tierra, sino que convierte esa tierra en capital financiero, multiplicando su valor mediante colaterales de valor dudoso, reputaciones bancarias recicladas y calificaciones cuestionables.

Ese proceso erosiona dos pilares: la credibilidad de las instituciones financieras y la legitimidad de la regulación pública. Sin embargo, sigue blindado bajo el lenguaje del mérito, del desarrollo y de la seguridad alimentaria. El resultado es una paradoja: mientras el país pierde bosques, ecosistemas y medios de vida de sus comunidades rurales, los agroempresarios hacen todo lo posible por presentarse como los salvadores de la economía.

Pero lo que está en juego va más allá de la tierra o de un sector. El agroextractivismo está imponiendo un disciplinamiento financiero, tratando de obligar a aceptar como natural el que las pensiones de los trabajadores, los ahorros de la ciudadanía y los propios instrumentos del Estado se pongan al servicio de una élite y sus negocios. Con cada nueva innovación jurídica o financiera, el modelo se sofistica, y lo que antes era un conflicto visible por la tierra hoy se traslada a un terreno opaco y técnico que parece intocable.

El verdadero éxito del agroempresariado no está en producir alimentos, sino en producir hegemonía. Y lo hace capturando algo que quedó oculto, pero es esencial: el corazón financiero del país. Mientras ese núcleo siga blindado, cuestionar el modelo será tachado como una cuestión ideológica y no como lo que realmente es: un intento de recuperar lo público frente a una economía hipotecada.

La pregunta, entonces, ya no es solo cómo redistribuir la tierra, sino: ¿Cómo recuperar la autonomía de un sistema financiero que hoy se ha vuelto rehén de la especulación agroempresarial? ¿Quién define los límites cuando lo que está en juego no son solo territorios, sino también las pensiones, el ahorro colectivo y la solvencia de la economía nacional? ¿Podemos imaginar un disciplinamiento distinto, que subordine la lógica financiera a la sostenibilidad social y ecológica, en lugar de al revés?