El litio en la confluencia de las crisis múltiples

El litio boliviano se encuentra hoy en la intersección de múltiples crisis que atraviesan tanto el contexto global como el nacional. A nivel planetario, una de las principales respuestas a la crisis climática ha designado a este mineral como elemento «crítico» para la transición energética, transformándolo en protagonista de narrativas tecnosalvacionistas que prometen un futuro verde a través de la electromovilidad y el almacenamiento de energías renovables. En estas narrativas hegemónicas, Bolivia aparece como depositaria de las mayores reservas mundiales de litio, ubicadas en el Salar de Uyuni, convirtiendo potencialmente al país en actor central de las cadenas globales de producción de baterías. En Bolivia, este discurso ha sido adoptado ampliamente, mayormente por políticos que abrazan las narrativas que presentan al litio como un recurso crucial para el mundo, declarando que Bolivia lo extraerá tanto para el bien del planeta como para el beneficio económico nacional.

Esta promesa se entrelaza de manera compleja con las crisis internas bolivianas. La crisis climática global se superpone con dos crisis que se han venido formando en Bolivia. La crisis económica post-boom del gas natural ha intensificado la búsqueda urgente de nuevas matrices económicas que sustenten el modelo de desarrollo implementado durante los gobiernos del MAS. En este contexto, el litio emerge como heredero natural en la narrativa de continuidad extractiva que va del estaño colonial al gas neoliberal y postneoliberal, reproduciendo la lógica de «Bolivia país minero» que ha estructurado la economía nacional por siglos.

Simultáneamente, el litio se ha vuelto protagonista de la profunda crisis política que atraviesa el MAS, donde la fractura entre Evo Morales y Luis Arce se proyecta directamente sobre el proyecto extractivo. La disputa entre evistas y arcistas no es solo ideológica, sino que se materializa en visiones contrapuestas sobre cómo desarrollar el litio: mientras el evismo critica el giro hacia la participación de empresas extranjeras como traición a los principios nacionalistas del proceso de cambio, el gobierno de Arce justifica este pragmatismo como necesario para lograr resultados concretos en el corto plazo. Al mismo tiempo, ambas líneas del MAS se han visto presionadas por la urgencia electoral en torno al litio, priorizando resultados inmediatos sobre transformaciones estructurales de largo plazo. Esta dinámica convierte al litio simultáneamente en promesa de salvación económica y víctima de la inestabilidad política.

Esta confluencia de crisis ha generado una polarización discursiva que oscila entre promesas grandilocuentes de prosperidad nacional y advertencias catastróficas sobre destrucción ambiental. De tal manera emergen críticas —principalmente articuladas por ONG urbanas— que cuestionan el carácter extractivo y destructivo de la minería del litio en sí misma, advirtiendo sobre el consumo masivo de agua y los estragos que podría causar en el frágil ecosistema del Salar de Uyuni si la extracción continúa. Esta narrativa anti-extractivista corresponde a temporalidades alternativas en las cuales nuestro tiempo presente es percibido como una época en que el capitalismo explota excesivamente el planeta, demandando un retorno a formas de vida más armoniosas con la naturaleza o, al menos, modelos de menor crecimiento y consumo. Sin embargo, lo que permanece notablemente ausente en estas grandes narrativas, tanto desarrollistas como conservacionistas, son las voces y perspectivas de quienes habitan los territorios donde se materializa o se supone que debería materializarse la extracción de litio. Es precisamente esta ausencia la que motiva el presente artículo. Basado en trabajo etnográfico realizado entre 2019 y 2022 en la región del Salar de Uyuni, particularmente en el pueblo de Río Grande y siguiendo las actividades de la Federación Regional Única de Trabajadores Campesinos del Altiplano Sud (FRUTCAS), este texto emerge de una investigación antropológica sobre las formas en que las temporalidades de la minería son comprendidas en la extracción de bórax en Río Grande y cómo, a partir de esta experiencia, los habitantes entienden y se posicionan frente a la minería del litio. Desde esta perspectiva etnográfica, el artículo se pregunta: ¿cómo se construyen y entran en disputa las temporalidades extractivas entre las escalas nacional y regional?

El argumento central que sostengo es que un mismo mineral puede generar temporalidades contradictorias según la posición social y territorial de los actores involucrados. Mientras políticos nacionales articulan visiones temporales que responden a urgencias políticas y económicas del centro, las organizaciones regionales construyen temporalidades de desarrollo que emergen de memorias históricas de explotación y demandas concretas de participación e infraestructura, poniendo el énfasis en el bienestar de las poblaciones locales. Estas temporalidades no son simplemente complementarias ni completamente antagónicas, sino que entran en una tensión productiva que revela las contradicciones estructurales del extractivismo boliviano contemporáneo.

Temporalidades extractivas: Herramientas para el análisis

Las temporalidades son las formas en que los actores experimentan e interpretan el tiempo (Munn, 1992). El concepto de temporalidades extractivas, desarrollado dentro de la ecología política, resulta particularmente útil porque permite hacer explícito el trabajo político involucrado en la construcción temporal, «naturalizando relaciones sociales dominantes o activando contra-hegemonías» (Fent & Kojola, 2020, p. 821). La temporalidad, en otras palabras, es la «interpretación del devenir» (Iparraguirre, 2016, p. 614).

La extracción de recursos nos proporciona un punto de vista privilegiado para entender cómo las temporalidades se entrelazan. En contextos extractivos, los proyectos están frecuentemente entrelazados con esperanzas o temores intensos, sueños de riqueza y desarrollo, o la anticipación de destrucción ambiental y colapso. Estas emociones impulsan a las personas a la acción a favor o en contra de proyectos extractivos. Esta perspectiva permite entender cómo diferentes actores construyen estrategias según sus horizontes temporales específicos, revelando las relaciones de poder que subyacen en la imposición de ciertos horizontes temporales sobre otros.

Para analizar estas dinámicas, es útil el concepto de vernacular timespaces        —espacios-tiempo vernáculos— desarrollado por Bryant y Knight (2019), que refiere al sentido colectivo de vivir en cierta temporalidad. Ejemplos cotidianos incluyen un «tiempo de crisis», «tiempo de prosperidad» o «tiempo de guerra». Estos espacios-tiempo vernáculos son múltiples, pueden coexistir y generan prácticas específicas según las expectativas sobre el futuro.

Este marco analítico resulta particularmente útil para entender el momento boliviano actual, donde ciertos espacios-tiempo están llegando a su fin mientras permanece incierto qué vendrá después. Bolivia se encuentra navegando el final del «tiempo del gas», que sostuvo la economía nacional durante décadas, hacia un potencial «tiempo del litio» que tanto políticos nacionales como actores regionales evocan como futuro deseable pero aún no materializado. Sobre ambos se cierne un amenazante «tiempo de crisis» que genera un sentido de urgencia y presiona por soluciones inmediatas. La utilidad del concepto radica en cómo permite rastrear las formas en que diferentes actores se orientan hacia estos futuros posibles, desarrollando estrategias y prácticas específicas según su posición social y territorial frente a estas transiciones temporales. En lo que sigue, cuando utilizo la frase «tiempo de…» me refiero precisamente a estos espacios-tiempo vernáculos tal como los experimentan y articulan mis interlocutores.

El análisis de las temporalidades extractivas nos permite prestar atención a tres dimensiones clave en este caso. Primero, las temporalidades son afectivas, revelando las dimensiones emocionales de la experiencia temporal en extracción: la esperanza de prosperidad, la ansiedad por el agotamiento de recursos, o la nostalgia por ciclos extractivos pasados. En el caso boliviano, esto se traduce en emociones contradictorias sobre las promesas del litio frente a experiencias históricas de explotación.

Segundo, nos permiten examinar la especulación sobre futuros posibles, que implica la creación de valor a través de narrativas sobre futuros extractivos. Crucialmente, no solo los mercados financieros especulan; también políticos bolivianos han especulado sobre el litio como salvación económica nacional, mientras que en las comunidades circundantes la gente especula sobre el desarrollo que podría acompañar el proyecto. Estas especulaciones múltiples alimentan y dan forma al «tiempo del litio» como espacio-tiempo vernáculo compartido pero interpretado diferentemente según la posición de los actores.

Tercero, el enfoque en temporalidades extractivas visibiliza las políticas temporales, entendiendo el tiempo también como sitio de lucha política en la contestación extractiva. Los actores emplean estrategias para acelerar o dilatar proyectos según sus intereses políticos. En el caso de FRUTCAS, observamos cómo utilizan la urgencia temporal del proyecto litífero para intentar obtener infraestructura como la carretera del litio. Estas políticas temporales explican en parte por qué el proyecto actualmente no está siendo operado por una colaboración boliviano-china o boliviano-rusa, ya que lograron retrasar la aprobación de una nueva ley que habría permitido mayor participación extranjera.

El extractivismo boliviano presenta una narración temporal particular que va de la plata colonial al estaño republicano, del gas al litio del MAS. El proyecto temporal del MAS construye conscientemente sobre esta narración histórica del tiempo extractivo bajo un patrón cambiante. Un ejemplo de esto son las palabras de Túpac Katari: «volveré y seré millones», evocadas por Evo Morales para articular una narrativa temporal en la cual él retornaba como reivindicación de los bolivianos indígenas, prometiendo una renovación temporal del mundo, superando cinco siglos de explotación.

Sin embargo, persisten contradicciones estructurales entre los ideales del vivir bien y la dependencia extractiva, entre los discursos de decolonización y la reproducción de nuevos enclaves extractivos. El litio representa el intento más ambicioso de romper con estas temporalidades extractivas históricas, pero también reproduce muchas de sus contradicciones fundamentales.

Génesis y transformación de imaginarios nacionales

Para entender los conflictos actuales en torno al litio, es necesario comenzar con la construcción de una temporalidad litífera boliviana que se gestó en los años 80 y 90. Los primeros estudios sobre el litio boliviano se realizaron durante la dictadura de Hugo Banzer, y tras el retorno a la democracia, en 1988 durante el gobierno de Víctor Paz Estenssoro, el Ministro de Minería Jaime Villalobos invitó directamente a la empresa estadounidense Lithium Corporation of America (LITHCO) a explotar los recursos del Salar de Uyuni, evadiendo procesos formales de licitación.

La resistencia que surgió contra LITHCO a finales de los años 80 y principios de los 90 no fue simplemente un rechazo nacionalista, sino una respuesta estratégica fundamentada en el aprendizaje histórico del extractivismo boliviano. Las críticas se centraron en la duración excesiva de la concesión (40 años) y la tasa tributaria mínima del 10% que pagaría la empresa. FRUTCAS, junto al Comité Cívico Potosinista, movilizó protestas que culminaron en una huelga de hambre y lograron la anulación del contrato.

La narrativa que emergió era clara: «Los beneficios deben quedarse en Bolivia y en la región». Esta demanda emergía de la comprensión profunda de la continuidad histórica que conectaba la plata colonial con el estaño republicano y el nuevo ciclo litífero que se anunciaba. Las organizaciones regionales habían aprendido las lecciones de Potosí: las riquezas habían abandonado el país mientras las regiones extractivas quedaban empobrecidas. Después de que LITHCO abandonara Bolivia, se posicionó una visión alternativa que señalaba que la extracción de litio debía ser controlada por el Estado boliviano, generando beneficios para la región productora.

Las protestas de FRUTCAS en los años 80 y 90 finalmente lograron la anulación del contrato con LITHCO, pero más importante aún, habían posicionado una visión alternativa: la extracción de litio debía ser controlada por el Estado boliviano y generar beneficios para la región productora tanto como para el Estado. Con la llegada del MAS al poder en 2006, varios funcionarios de FRUTCAS ocuparon posiciones de influencia en el aparato estatal, y en 2008 su propuesta para un modelo de industrialización nacional del litio fue adoptada oficialmente.

Esta visión inicial se transformó gradualmente y se volvió más ambiciosa, culminando con la creación de Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) en 2017, bajo la dirección de Juan Carlos Montenegro. Como principal arquitecto de lo que se conocería como el «Plan Maestro», Montenegro desarrolló una visión que, según él mismo explicaba: «desde el inicio se propuso no quedarse en la producción de sales básicas».

El Plan Maestro representaba una ruptura discursiva fundamental en la historia económica boliviana. Montenegro articuló una visión audaz que evocaba explícitamente la historia boliviana como exportador de materias primas: «Bolivia como país es rico en recursos primarios, pero nunca logró obtener su parte de las ganancias creadas con esos recursos; el litio debería cambiar esto». El proyecto contemplaba la construcción de 41 plantas industriales para 2030, creando una cadena productiva completa desde la salmuera hasta las baterías. Montenegro argumentaba que «el valor del litio se multiplicará al menos cien veces» desde la extracción hasta su incorporación en baterías.

El proyecto de industrialización del litio propuesto en el Plan Maestro representaba un intento de romper con los patrones históricos de explotación, fundamentándose en una comprensión específica de la historia boliviana donde las riquezas habían abandonado el país mientras las regiones extractivas quedaban empobrecidas. Sin embargo, durante este período la relación entre YLB y las comunidades regionales se había debilitado considerablemente, con poca información siendo transmitida sobre los avances del proyecto o de las oportunidades que este podría generar a nivel local.

El proyecto enfrentaba además dificultades técnicas significativas. Las condiciones específicas del Salar de Uyuni, con sus altas concentraciones de magnesio, hacían la producción más costosa y compleja que en países vecinos. A esto se sumaba la falta de materiales clave y la casi imposibilidad para un país como Bolivia de construir una industria de esta envergadura casi desde cero, careciendo de capital humano y financiero, así como de infraestructura industrial. Otros países no necesariamente estaban dispuestos a ayudar a Bolivia a establecer todo este sistema productivo.

Estas dificultades se evidenciaron en el controvertido acuerdo entre YLB y ACISA 2, una empresa alemana, cuyo contrato fue duramente criticado en la antesala de las elecciones de 2019 por otorgar demasiadas concesiones a los socios alemanes y concederles excesivo poder. Con la industria automotriz alemana ya bajo presión, había pocos incentivos para trasladar capacidad productiva a Bolivia, lo que derivó en un contrato negociado apresuradamente en vísperas electorales. La controversia generada alimentó la crisis postelectoral que desembocó en el golpe de Estado contra Morales. Cuando Arce retornó al poder en 2020, el MAS cambió radicalmente de rumbo.

En abril de 2021, YLB anunció una licitación internacional para que empresas extranjeras propusieran tecnologías de extracción directa de litio. Este fue un cambio temporal fundamental: de la «industrialización boliviana» a la «asociación estratégica» con capitales extranjeros. La justificación se enmarcó en términos técnicos, la extracción directa aceleraría procesos y reduciría impacto ambiental. Esto contrastaba con la justificación anterior del desarrollo nacional endógeno.

El gobierno de Arce intentaba mantener la narrativa de desarrollo a través del litio, aunque el discurso del Plan Maestro se desvaneciera progresivamente. Mientras inicialmente no hubo crítica oficial al Plan Maestro, posteriormente Montenegro, junto con el exministro de Energías Luis Alberto Echazú, fueron señalados como responsables de los fracasos anteriores. Esta persecución llevó trágicamente al suicidio de Montenegro en 2024, convirtiéndose en símbolo del colapso de las visiones industrializadoras.

El problema central para implementar el nuevo modelo eran las leyes 535 y 928, que prohibían la participación extranjera en la producción de carbonato de litio. Cuando se filtró el borrador de la nueva ley a principios de 2022, aunque contenía múltiples disposiciones controvertidas, la que ganó mayor tracción en la región fue la revelación de la subordinación de economías regionales como la del bórax en Río Grande al proyecto nacional. El borrador establecía que las concesiones de bórax serían nacionalizadas, aparentemente para utilizarlas como moneda de cambio en negociaciones con empresas extranjeras. El simple hecho de conocerse que se estaba elaborando una nueva ley motivó a los actores regionales a proponer una ley alternativa que codificaría algunas de sus demandas históricas.

Lo que observamos en esta evolución es un cambio fundamental de horizontes temporales, pasando de las promesas de transformación industrial estructural a decisiones tecnocráticas pragmáticas orientadas por la urgencia de mostrar resultados. Las narrativas también mudaron de la retórica de transformación de largo plazo a la presión de resultados inmediatos.

Etnografía de una temporalidad marcada por extracción: El caso de Río Grande

Para comprender cómo estas dinámicas temporales se materializan en el territorio, es necesario examinar el caso específico de Río Grande, un pueblo minero ubicado a pocos kilómetros de la planta de litio que ejemplifica la complejidad de navegar futuros extractivos inciertos. Río Grande encarna los ciclos del extractivismo boliviano en escala local. Su historia temporal ilustra los ciclos característicos del extractivismo boliviano y revela cómo el destino de pueblos mineros queda íntimamente ligado a diferentes emprendimientos extractivos. Esta población tiene sus orígenes en 1892, cuando se fundó como campamento ferroviario, nombrado Cuadrilla N°7 y establecido para el mantenimiento de la línea que conectaba las minas del interior con el puerto de Antofagasta. Durante décadas, sus habitantes se dedicaron al suministro de materiales secundarios a las minas vecinas: primero combustibles como la tola 3 y luego cal procesada en hornos artesanales que funcionaban día y noche.

Esta economía de servicios extractivos se desplomó con el Decreto Supremo 21060 de 1985, la «medicina amarga» neoliberal que despidió a decenas de miles de mineros y eliminó prácticamente de la noche a la mañana la demanda de los materiales que Río Grande había estado suministrando. Para finales de los años 80, el pueblo estaba al borde de convertirse en un pueblo fantasma, con la mayoría de sus habitantes habiendo migrado en busca de trabajo.

Sin embargo, el redescubrimiento del bórax en las orillas del Salar cambió radicalmente esta trayectoria. Del calcio que se explotaba hasta los años 80, el pueblo pasó al bórax que actualmente constituye su principal actividad económica a través de la Sociedad Colectiva Minera Río Grande (SOCOMIRG), y la cooperativa Estrella del Sur. Estas dos organizaciones representan un modelo de autogestión territorial que contrasta con los enclaves extractivos históricos, ya que los beneficios permanecen en la comunidad.

Hoy en día, Río Grande es una ciudad de más de 2000 habitantes, lo que la convierte en una de las comunidades más grandes de Colcha «K», un municipio vasto y escasamente poblado del suroeste de Bolivia. La cercanía al Salar de Uyuni impone un entorno hostil: la altitud de 3650 metros y el clima severo restringen drásticamente las posibilidades agrícolas, con la quinua como única excepción significativa. Históricamente, los habitantes de esta región fueron agricultores a pequeña escala que se dedicaron a la ganadería, manteniendo rebaños de llamas.

Como me explicó uno de los fundadores de SOCOMIRG: «Antes trabajábamos con las volquetas todo el mes, pero también aumentó el número de socios. Hemos destinado una semana durante la cual nuestras volquetas trabajan en el Salar [para YLB]. Es una oportunidad para tener un ingreso adicional». Esta adaptación refleja tanto las limitaciones crecientes de las reservas de bórax como las oportunidades que presenta la proximidad a la planta de litio.

La conciencia de esta finitud también se manifiesta en las conversaciones cotidianas entre los socios. Frecuentemente discuten cuántos años más durarán las reservas, especulan sobre la calidad del mineral que queda, y evalúan constantemente qué alternativas podrían sustentarlos cuando el bórax se agote. Esta incertidumbre temporal los empuja a mantener una mentalidad de preparación constante, desarrollando múltiples estrategias simultáneas para gestionar el riesgo inherente a la dependencia de un recurso finito. Entre estas alternativas, el litio emerge como la más importante, si no la única viable a gran escala. La proximidad geográfica de la planta YLB y las promesas de desarrollo que acompañan el proyecto estatal convierten al litio en el protagonista central de las especulaciones sobre el futuro post-bórax en Río Grande. Es precisamente esta relación compleja entre el fin del bórax y las posibilidades del litio la que exploraré a continuación.

Temporalidades de sustitución: Del bórax al litio

La transición del bórax al litio en Río Grande refleja, en escala local, las mismas dinámicas que Bolivia experimenta a nivel nacional con el agotamiento de las reservas de gas natural y la búsqueda urgente de nuevas matrices económicas. Así como el país enfrenta el fin del «tiempo del gas» que sostuvo su economía durante décadas, Río Grande navega el final de su propio «tiempo del bórax» hacia un incierto «tiempo del litio». En ambos casos, la sustitución no es solo técnica sino profundamente temporal, ya que implica el reemplazo de una temporalidad extractiva establecida, por otra cargada de promesas, pero aún no materializada.

El litio es percibido en Río Grande como el heredero natural del bórax, alimentado por una narrativa de abundancia territorial que trasciende los ciclos individuales de cada mineral. Como expresó uno de los socios: «La Pachamama nos ha dado bórax, ahora nos dará litio». Esta narrativa construye una continuidad temporal que naturaliza la extracción como destino regional, donde la finitud de un recurso simplemente da paso a la abundancia del siguiente. La proximidad geográfica de la planta YLB, ubicada a pocos kilómetros del pueblo, refuerza esta percepción de derecho territorial sobre los beneficios del proyecto.

No obstante, esta transición está marcada por profundas contradicciones que revelan la naturaleza paradójica de los proyectos extractivos a gran escala. Para los habitantes locales, el litio representa simultáneamente la posibilidad de permanecer en la región y el riesgo de exposición a nuevos peligros ambientales. Esta ambigüedad se intensifica al recordar que la región es también un destino turístico importante, donde el mismo paisaje que atrae visitantes globales alberga tanto las operaciones de bórax como las futuras instalaciones litíferas.

Los riesgos percibidos son tangibles e inmediatos. La planta YLB utiliza las mismas reservas acuíferas que Río Grande, creando competencia directa por un recurso vital en un ambiente desértico. El borrador filtrado de la nueva ley de litio sugería la nacionalización de las concesiones de bórax, amenazando la base económica actual del pueblo. Además, YLB ha mantenido una comunicación limitada sobre impactos ambientales y oportunidades laborales, generando incertidumbre sobre si los habitantes podrán participar directamente en la extracción o solo como proveedores de servicios periféricos. Esta incertidumbre es particularmente aguda porque el litio representa un tipo de minería fundamentalmente diferente al bórax. Mientras que la extracción de bórax permite control local y participación directa a través de cooperativas, la minería de litio implica operaciones industriales a gran escala con formas de participación local mucho menos claras.

Pero las oportunidades percibidas son igualmente significativas, y los habitantes no las esperan pasivamente. La planta genera demanda de servicios que Río Grande puede proporcionar: transporte especializado, construcción, provisión de alimentos y hospedaje. En respuesta, los habitantes han desarrollado múltiples estrategias simultáneas para posicionarse ventajosamente frente al proyecto litífero. Algunos se han organizado para crear empresas de transporte y construcción, mientras otros exploran la extracción de minerales alternativos como el cobre. Un tercer grupo invierte preventivamente en propiedades urbanas como estrategia de salida, recordando el destino de pueblos mineros abandonados como Pulacayo.

La infraestructura desarrollada para el litio, caminos mejorados, acceso eléctrico, servicios básicos, podría beneficiar al pueblo más allá del proyecto extractivo. Río Grande busca posicionarse como base logística para las operaciones del Salar, aprovechando décadas de experiencia y conocimiento territorial acumulado a través del bórax.

Esta dualidad fundamental —oportunidad y riesgo, permanencia y amenaza— caracteriza la experiencia local de los grandes proyectos industriales en contextos periféricos. Más allá de ser un posible sustituto económico del bórax, el litio actúa como catalizador de transformaciones territoriales.

“Somos los protagonistas de nuestro propio desarrollo”

Al ingresar a Colcha «K» por la carretera polvorienta que conecta con Uyuni, un muro pintado con letras enormes proclama: «Bienvenido a Colcha ‘K’ Capital del Litio Boliviano». Debajo, en letras igualmente prominentes, se lee: «Somos los protagonistas de nuestro propio desarrollo». Esta yuxtaposición no es casual, mientras la primera frase ancla al municipio en las promesas del presente extractivo; la segunda reivindica el control territorial sobre ese futuro. Más que simples eslóganes municipales, estas declaraciones capturan una memoria colectiva de lucha y una visión de autodeterminación que ha estructurado la relación de las comunidades del suroeste potosino con los proyectos extractivos durante décadas. Es precisamente esta tensión entre ser «capital del litio» y ser «protagonistas» del propio desarrollo, la que FRUTCAS ha articulado como principio organizativo desde su resistencia contra LITHCO en los años 80 hasta sus actuales negociaciones sobre el litio.

FRUTCAS emerge en 1982 en el contexto del resurgimiento sindical boliviano postdictadura. Fundada dentro del marco de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), FRUTCAS representa hoy a aproximadamente 300 comunidades distribuidas en cinco provincias del suroeste de Potosí: Daniel Campos, Antonio Quijarro, Enrique Valdivieso, Sud-Lípez y Nor-Lípez.

La organización ganó prominencia nacional cuando lideró las protestas contra LITHCO, a finales de los 80. Esta victoria expulsó a LITHCO del territorio y posicionó a FRUTCAS como actor político fundamental en la región. Con la llegada del MAS al poder en 2006, varios dirigentes de FRUTCAS asumieron cargos gubernamentales, y en 2008 su propuesta de industrialización estatal del litio fue adoptada como política oficial.

Sin embargo, esta cercanía inicial con el MAS se ha complejizado con el tiempo. Desde 2012, cuando trabajadores de la planta de litio realizaron una huelga de hambre denunciando la mala administración del proyecto, la relación entre FRUTCAS y el gobierno ha estado marcada por tensiones crecientes (Olivera, 2017). La situación se agravó en 2017 cuando Juan Carlos Montenegro asumió la presidencia de YLB y cerró los canales de comunicación que existían con las organizaciones regionales. Estas tensiones han generado divisiones internas en FRUTCAS, con sectores que la acusan de ser demasiado cercana al MAS, mientras otros insisten en su carácter de organización de la sociedad civil.

En este contexto de relaciones ambiguas y expectativas frustradas, FRUTCAS ha desarrollado estrategias para insertar las demandas territoriales en el proyecto nacional del litio. La organización articula temporalidades de desarrollo que se nutren tanto de la memoria histórica de explotación como de las promesas incumplidas de industrialización, construyendo lo que podríamos llamar un «extractivismo condicionado»: apoyo al proyecto litífero con la condición de beneficios territoriales concretos.

La Caravana del «Corredor del Litio»

La demanda por la carretera Uyuni-Hito 60 debe entenderse en el contexto geográfico y económico del suroeste potosino. El municipio de Colcha «K», ubicado al sur del Salar de Uyuni, abarca 15,822 km² con apenas 13,000 habitantes dispersos en pequeñas comunidades. La infraestructura vial y la accesibilidad rural constituyen un problema apremiante tanto para los pobladores locales como para las instituciones estatales. Si bien la situación ha mejorado respecto a hace 20 años, los caminos de tierra que predominan en la región siguen estando a merced de los cambios estacionales. Para los habitantes, cualquier trámite administrativo, compra de víveres o emergencia médica implica horas de viaje por rutas donde los accidentes son frecuentes. En este contexto, las infraestructuras viales muchas veces significan la diferencia entre el aislamiento y la conexión, representando para los habitantes la diferencia entre la subsistencia y el desarrollo.

Durante décadas, la demanda por esta carretera fue gestionada principalmente por organizaciones regionales y autoridades municipales, sin lograr resonancia en los centros de poder nacional. Lo novedoso fue como estos actores locales lograron vincular su demanda histórica con el proyecto estatal de extracción de litio. Al argumentar que la carretera no solo beneficiaría a las comunidades locales, sino que sería esencial para el éxito del proyecto extractivo nacional, lograron construir una coalición más amplia que ahora incluía al gobernador departamental, Jhonny Mamani, e incluso autoridades chilenas de Iquique interesadas en el corredor bioceánico. Al resignificar la demanda vial como «Corredor de Litio», actores regionales lograron transformar su demanda históricamente ignorada en un proyecto que reclamaba importancia estratégica nacional, atrayendo actores y recursos que antes permanecían indiferentes.

En marzo de 2022, esta coalición organizó una «Caravana de Integración» que funcionó como una cuidadosa coreografía política. El plan era realizar 12 paradas desde Uyuni hasta el Hito 60 en la frontera chilena, recogiendo delegaciones comunitarias en cada punto mientras las autoridades invitadas experimentaban en carne propia las horas de viaje por caminos precarios. Al llegar a la frontera, se encontrarían con sus contrapartes chilenas que compartían el interés en completar este corredor bioceánico.

Durante la caravana, cada actor desempeñó su papel en la construcción de este imaginario compartido. César Alí, alcalde de Colcha «K» y comunario de Río Grande, actuó como puente entre las demandas locales y las narrativas nacionales, enfatizando que «esta carretera en el futuro se convertirá en infraestructura más importante para la comercialización de carbonato de litio, cloruro de potasio y otros productos derivados». Por su parte, el gobernador Jhonny Mamani amplificó el mensaje para audiencias en La Paz: «Una vez que este proyecto YLB comience a funcionar, el suroeste de Potosí se transformará, y será el sostén económico del Estado Plurinacional».

Esta alianza estratégica revela cómo los actores regionales no esperan pasivamente ser beneficiados por el desarrollo, sino que construyen activamente coaliciones multinivel —desde lo local hasta lo transfronterizo— para materializar sus visiones. La carretera funciona simultáneamente como necesidad práctica cotidiana y como símbolo de integración al proyecto nacional del litio. Sin embargo, como observó uno de los participantes locales en el viaje de regreso, el escepticismo prevalecía: «Sin compromisos concretos, el evento no vale mucho, a pesar del espectáculo pomposo».

Esta evaluación resultó profética. Cuando las promesas tardaron en materializarse, quedó claro que socializaciones y caravanas no bastaban para obtener compromisos concretos. FRUTCAS y sus aliados en las comunidades tuvieron que recurrir a medidas más contundentes, en marzo de 2023 bloquearon la planta de litio en Llipi, paralizando las operaciones extractivas. Solo mediante esta presión directa sobre el proyecto estrella del gobierno lograron finalmente asegurar el financiamiento del banco CAF (Corporación Andina de Fomento) para la carretera. El episodio demuestra que, más allá de los espectáculos políticos y las alianzas estratégicas, la capacidad de movilización y presión directa sigue siendo fundamental para que las demandas territoriales se traduzcan en compromisos estatales concretos.

La Ley del Litio: Escribiendo el futuro territorial

Otra faceta de estas estrategias territoriales fue la elaboración de propuestas alternativas para la Ley del Litio. Cuando en 2022 se filtró el borrador gubernamental que amenazaba con nacionalizar las concesiones de bórax, las organizaciones regionales no reaccionaron solo con protestas, FRUTCAS organizó lo que podría denominarse un proceso constituyente local que consistió en una serie de asambleas populares donde las comunidades articularon sus visiones sobre cómo debería regularse la extracción de litio.

Este proceso revela una consciencia aguda de las temporalidades extractivas. En su propuesta, FRUTCAS estableció seis principios fundamentales que reconocían explícitamente la naturaleza finita del proyecto litífero. Argumentaron que el litio debía explotarse «dentro del marco del desarrollo sostenible», con dividendos invertidos en el desarrollo continuo de la región y respetando la «convivencia armoniosa con la madre tierra». Las demandas específicas —crear un organismo regulador con participación regional, incluir representantes locales en el directorio de YLB, priorizar empresas y trabajadores locales— buscaban institucionalizar el control territorial sobre el proyecto extractivo.

Sin embargo, el proceso también expuso las tensiones inherentes a estas estrategias. Los líderes de FRUTCAS debían equilibrar las demandas maximalistas de sus bases con la necesidad de mantener canales de negociación con el gobierno del MAS, ya que algunos aspiraban a desarrollar carreras políticas. Esta tensión entre representación y cooptación, entre demandas territoriales y aspiraciones políticas personales, atraviesa todas las estrategias regionales.

Lo que estos casos demuestran es que las organizaciones territoriales no son receptoras pasivas de proyectos extractivos impuestos desde arriba. Por el contrario, desarrollan estrategias sofisticadas —desde la resignificación simbólica hasta la movilización directa, desde la elaboración legislativa hasta la construcción de alianzas multinivel— para insertar sus visiones de desarrollo en los proyectos nacionales. Lo que observamos en este caso, más que mera aceptación u oposición al extractivismo, es cómo existe un constante proceso de negociación sobre los términos del desarrollo territorial.

Conclusiones: ¿Hay un futuro más allá del extractivismo?

El litio boliviano se encuentra en el centro de crisis temporales múltiples que revelan las contradicciones fundamentales del extractivismo contemporáneo. Después de más de 15 años de promesas, el proyecto ha demostrado ser incapaz de generar los resultados transformadores esperados. La muerte de Juan Carlos Montenegro en 2024, más que ser una tragedia personal, se convierte en un símbolo del aparente colapso de una visión que intentaba superar los patrones del extractivismo histórico a través de un modelo de industrialización nacional. Este análisis etnográfico, sin embargo, revela que mientras las visiones nacionales colapsan, las capacidades organizativas territoriales persisten y se adaptan. El slogan pintado en los muros de Colcha «K» —»Somos los protagonistas de nuestro propio desarrollo»— se materializa en estrategias políticas concretas: la transformación de una carretera local en «Corredor del Litio», la elaboración de propuestas legislativas alternativas, la construcción de alianzas multinivel que van desde lo municipal hasta lo transfronterizo.

Las contribuciones empíricas de este análisis trascienden el caso boliviano. Primero, demuestran cómo las retóricas desarrollistas son apropiadas, transformadas y movilizadas de manera diferente según las posiciones territoriales. Mientras el gobierno nacional utiliza el «tiempo del litio» para responder a urgencias electorales y prometer una salida a la crisis económica, las organizaciones regionales lo reinterpretan como oportunidad para materializar demandas históricas de infraestructura y participación. Y segundo, revelan que las comunidades no son receptoras pasivas de temporalidades extractivas impuestas, sino que activamente las negocian y condicionan.

La experiencia de Río Grande ilustra esta agencia frente a las temporalidades extractivas. Acercándose al agotamiento del bórax, los habitantes no esperan pasivamente el «tiempo del litio» prometido. En cambio, despliegan estrategias múltiples: diversifican hacia servicios, especulan sobre nuevos minerales, invierten preventivamente en propiedades urbanas. Son estrategias de diversificación que son resultado de generaciones de incertidumbre extractiva.

Sin embargo, el momento actual presenta nuevas incertidumbres que podrían redefinir estas dinámicas. A pocas semanas de las elecciones generales y con una crisis económica profundizándose, surge la pregunta: ¿qué futuro le espera al proyecto litífero bajo un gobierno diferente? Si bien el gobierno de Arce mantiene al menos la retórica de beneficio nacional, un cambio de administración podría significar el retorno al «entreguismo» histórico —la entrega de recursos a empresas extranjeras con mínimos beneficios locales, justificada ahora por la urgencia de superar la crisis fiscal.

Esta posibilidad hace aún más relevantes las estrategias territoriales documentadas. El «extractivismo condicionado» que practican organizaciones como FRUTCAS —ni oposición total ni aceptación pasiva, sino negociación constante de los términos del desarrollo— podría ser la única garantía contra un retorno a modelos puramente extractivos. La capacidad probada de los movimientos sociales bolivianos para construir alianzas, movilizar bases y condicionar proyectos nacionales puede representar un contrapeso crucial a las tentaciones entreguistas que la crisis económica intensifica.

La contradicción sistémica central, sin embargo, persiste. Incluso las alternativas a la minería —como el intento de los mineros del bórax de crear una empresa de transporte— siguen dependiendo de la lógica extractiva para su viabilidad. La naturalización de Bolivia como «país minero» estructura tan profundamente las posibilidades imaginadas que incluso las visiones post-extractivas terminan ancladas en nuevas formas de extracción.

En el contexto de la crisis climática global, el caso boliviano ofrece lecciones cruciales. La extracción de minerales «críticos» para la transición energética reproduce las contradicciones del extractivismo tradicional cuando se impone sin transformar las relaciones de poder subyacentes. Las promesas tecnosalvacionistas del litio como solución a la crisis climática pueden convertirse en nuevas formas de colonialismo verde si ignoran las temporalidades y demandas territoriales.

La pregunta fundamental que permanece abierta es si las sofisticadas estrategias territoriales documentadas podrán sostener su «extractivismo condicionado» frente a las presiones de la crisis, o si la lógica estructural del capitalismo extractivo terminará imponiéndose. En última instancia, son estas temporalidades territoriales —con su pragmatismo arraigado en memorias históricas de explotación y su capacidad probada de condicionar proyectos nacionales— las que ofrecen las claves más importantes no solo para entender sino para potencialmente transformar el extractivismo contemporáneo.

1 Antropólogo social y candidato al doctorado en la universidad de Lausana, Suiza. Ha investigado sobre autodeterminación territorial en contextos urbanos y de minería. Actualmente trabaja sobre producción y circulación de conocimiento entorno al litio boliviano. ⇑