Introducción

Bolivia atraviesa una crisis económica que, más allá de sus manifestaciones inmediatas —escasez de dólares, filas interminables en gasolineras, erosión del poder adquisitivo del boliviano—, revela la encrucijada de un modelo de acumulación basado en la devastación sistemática de la naturaleza y la precarización de las condiciones de vida de su población. Esta crisis no es coyuntural sino estructural, no es accidental sino consustancial a un patrón de desarrollo que requiere procesos continuos de acumulación por desposesión para mantener la rentabilidad del capital (Harvey, 2016). En el contexto boliviano, esto significa que cada ciclo de aparente prosperidad extractivista —desde la plata colonial hasta el gas del siglo XXI— ha dejado territorios devastados, ecosistemas frágiles y poblaciones dependientes de nuevos ciclos extractivos.

El presente artículo parte de una pregunta fundamental en torno a la urgencia y preocupación que genera el actual escenario de crisis económica: ¿Salir de la crisis para qué y para quién? Esta interrogante no es retórica sino profundamente política, pues implica elegir entre lógicas incompatibles: la de la acumulación del capital, que requiere intensificar la explotación de naturaleza y trabajo para restaurar las tasas de ganancia, o la lógica de sostenibilidad de la vida que, como señala Amaia Pérez Orozco (2014), prioriza la reproducción ampliada de las condiciones que hacen posible una vida digna de ser vivida. Esta tensión, que la economía feminista ha conceptualizado como la contradicción capital-vida, adquiere en Bolivia características particulares dada su condición de economía periférica dependiente del extractivismo.

El argumento central planteado a continuación es que las “salidas” a la crisis que están siendo actualmente debatidas en Bolivia —sean estas de corte neoliberal ortodoxo o nacional-productivista, incluida su versión progresista— comparten un supuesto no cuestionado: que la única salida concebible a la crisis es profundizar el modelo de acumulación que actualmente organiza la economía boliviana, difiriendo únicamente en los mecanismos de gestión y distribución del excedente. 

Siguiendo a István Mészáros (2001), estas propuestas no pueden resolver la crisis porque son incapaces de reconocer que el capitalismo enfrenta una crisis estructural derivada de la activación de sus límites absolutos, particularmente los límites ecológicos que impone un planeta finito. En el caso boliviano, esto se manifiesta en que cada intento de “superar” la crisis mediante más extractivismo —del estaño al gas, del gas al agronegocio— genera las condiciones para crisis más profundas, en un proceso que podemos entender como la “segunda contradicción del capitalismo” (O’Connor, 1988).

Frente a este panorama, lo importante no es buscar un camino que nos coloque en el momento previo, en que el capitalismo nos presentaba una situación de bienestar basado en la depredación y explotación —y, por tanto, insostenible—, sino reconocer que necesitamos alternativas que pongan la sostenibilidad de la vida en el centro. Esto no significa ignorar las urgencias materiales de una población precarizada que necesita respuestas inmediatas, sino precisamente reconocer que esas urgencias nunca serán resueltas por un modelo que estructuralmente las reproduce. 

La relevancia de esta discusión trasciende el momento electoral del presente (elecciones generales 2025). Mientras este escenario se caracterizó por la promesa de variaciones del mismo modelo —más inversión extranjera, más seguridad jurídica y libertades para el capital, más extractivismo con mayor o menor redistribución—, las condiciones materiales para la reproducción de la vida se deterioran aceleradamente. Los incendios que cada año arrasan millones de hectáreas, la contaminación minera que envenena ríos y suelos, la expansión de monocultivos que destruye la biodiversidad, no son “externalidades” que el desarrollo eventualmente resolverá, sino consecuencias estructurales de un modelo que necrotiza el tejido de la vida (Linsalata & Salazar, 2025).

Este artículo se organiza en tres secciones. Primero, se caracteriza la crisis actual como crisis del modelo que acumula depredando y precarizando, preguntándonos quién se beneficia en primera instancia de este modelo. Segundo, a la luz del escenario electoral, se analiza críticamente salidas que se ofrecen desde diversos sectores políticos que se disputan el control del estado, mostrando cómo estas propuestas tienden a profundizar las causas de la crisis del presente. Tercero, se plantea la pregunta fundamental sobre los horizontes de salida: ¿acumulación o vida?, para ello se presenta un esbozo de claves y preguntas para pensar alternativas a la crisis poniendo la vida en el centro. 

El trasfondo de la crisis del modelo de acumulación boliviano

La crisis económica que atraviesa Bolivia desde 2023 no constituye una anomalía coyuntural sino la manifestación de un modelo de acumulación insostenible. Como demuestra la evidencia histórica, Bolivia ha transitado por crisis similares con síntomas notablemente parecidos. El último episodio similar fue a finales de los setenta del siglo pasado, los titulares sobre “especulación en el mercado del dólar” y restricciones a la venta de divisas anticipaban la hiperinflación que devastaría la economía en los años ochenta (CEDIB, 2024). La recurrencia de estos patrones no es casualidad sino expresión de una economía que, desde la colonia hasta el presente, ha organizado su reproducción en torno a ciclos extractivos que generan bonanzas temporales seguidas de colapsos prolongados.

La particularidad del ciclo reciente (2006-2014) fue la magnitud del excedente capturado y que el mismo fue gestionado que se autoproclamaba como de “izquierda”, “anticapitalista” y “alternativo al neoliberalismo”. Los ingresos estatales por hidrocarburos se multiplicaron por seis, pasando de 1,016 millones de dólares en 2005 a 5,777 millones en 2014 (Sánchez & Velásquez, 2020), mientras las Reservas Internacionales Netas crecieron de 1,759 millones a más de 15,000 millones de dólares en el mismo período. Sin embargo, la pregunta no debe ser solo cuánto excedente se generó, sino quién lo acumuló y a costa de qué. No solo por responsabilizar al gobierno de turno —aunque reconocemos las inercias históricas, esto no le exime de la responsabilidad de haber intentado transformarlas— sino para entender cómo se configuran y operan estos ciclos de bonanza extractiva.

Sobre quiénes aprovecharon la bonanza del ciclo extractivo del gas

Contrariamente al discurso oficial sobre el “proceso de cambio”, la estructura de acumulación capitalista en Bolivia no solo permaneció incólume durante el período de bonanza gestionado por el MAS (Movimiento al Socialismo) sino que se consolidó y expandió. Para el año 2009 —luego de la “nacionalización” de hidrocarburos del 2006 que renegoció contratos con las transnacionales—, el 67% de las reservas de petróleo estaba en manos de Repsol, mientras que el 83% de la producción gasífera seguía controlada por Petrobras y Repsol (Gandarillas, 2014) 2. En minería, la estructura se mantuvo aún más regresiva. Entre 2009 y 2016 las transnacionales mantuvieron el control de alrededor del 80% de la producción mientras el estado gestionó cerca del 15%, a través de COMIBOL. Cuatro empresas —San Cristóbal, Sinchi Wayra, Manquiri y Pan American Silver— dominaron el sector, capturando más del 90% del valor exportado mientras el estado recaudó menos del 10% entre regalías e impuestos (CEDLA, 2014; Ministerio de Minería y Metalurgia, 2017). La Ley Minera 535 de 2014 consolidó estos privilegios, permitiendo operaciones en áreas protegidas mediante simples “acuerdos entre partes”.

Por su parte, el sector agroindustrial cruceño recibió subsidios al diésel estimados en más de 200 millones de dólares anuales entre 2009 y 2023 mientras mantiene exenciones tributarias históricas (Czaplicki et al., 2025), además que es cada vez más evidente cómo este sector, controlado por un manojo de grandes corporaciones, la mayoría con capitales transnacionales, está beneficiándose de los recursos públicos a través del sistema financiero, como demuestra el artículo de Stasiek Czaplicki que hace parte de este dossier.

Del mismo modo, los sectores importadores aprovecharon el tipo de cambio fijo para capturar rentas mediante la importación masiva de bienes de consumo, mientras el sistema financiero se benefició de ello —basta ver como las importadoras de coches inundaron al país con sus coches y, junto al sector financiero, aceitaron la cultura de la financiarización de la vida—. La balanza comercial no hidrocarburífera mantuvo déficits estructurales durante todo el período de bonanza, evidenciando que el modelo no generaba capacidades productivas, sino que profundizaba la dependencia.

Sería erróneo negar que una porción del excedente gasífero llegó a sectores populares. El gobierno del MAS implementó políticas redistributivas —bonos sociales, incrementos salariales, doble aguinaldo, expansión del empleo público— que mejoraron indicadores de pobreza y acceso a servicios. Sin embargo, estas medidas de “bienestar” temporales se erigieron sobre bases extremadamente frágiles. La inversión en infraestructura social privilegió lo visible y lo electoral —canchas deportivas, coliseos, sedes sindicales— sobre lo estructural —sistemas de salud, capacidades productivas, soberanía alimentaria—. En este sentido y como señala Mészáros (2001), el capital puede permitirse concesiones temporales durante períodos de expansión, pero estas son rápidamente revertidas cuando las condiciones de acumulación se deterioran, como lo demuestra la realidad boliviana del presente.

¿Efecto colateral? El modelo que enriquece drenando vida

Pero hay una dimensión con la que pocas veces se relaciona la crisis económica y sus consecuencias. Es el terrible efecto de este modelo de acumulación que no aparece en las cuentas nacionales, pero se inscribe en los territorios y en los cuerpos —y que eufemísticamente a veces se llama “costo ambiental”—. 

Entre 2006 y 2020, Bolivia perdió alrededor de 3 millones de hectáreas de bosque (FAN, 2023), ubicándose entre los países con mayor deforestación per cápita del mundo. Los incendios forestales arrasaron un promedio anual de 4.88 millones de hectáreas entre 2019 y 2023, y en 2024 ascendieron a más de 12 millones (Czaplicki, 2025), el fuego mató a millones de animales y el humo envenenó los pulmones de millones de personas a cientos de kilómetros. Santa Cruz perdió el 33% de sus tierras productivas por el monocultivo de soya (IBCE, 2016). De la misma manera, Bolivia, centro de origen de 77 variedades de maíz, ve desaparecer su patrimonio genético bajo la invasión transgénica: 30 variedades tradicionales ya se perdieron en territorio guaraní (Noticias Aliadas, 2019; Manzaneda, 2020). El fuego no fue “desastre natural” sino consecuencias directas de un modelo agrícola que se sostiene en una expansión desmedida de la frontera agrícola

La minería del oro revela la brutalidad del modelo con ejemplos que desafían cualquier justificación desarrollista. En las cuencas del Beni y Madre de Dios, el 74.5% de indígenas tacanas, tsimanes y esse ejjas tienen niveles de mercurio en el cuerpo que superan los límites seguros (CPILAP, 2023) —algunos con concentraciones de hasta 17.52 ppm, cuando 1 ppm ya es peligroso (Sierra, 2023)—. Sus cuerpos son el archivo viviente de la devastación: cada gramo de oro extraído significa 2 a 5 gramos de mercurio vertidos en los ríos de los que dependen para vivir. El lago Poopó, que alguna vez cubrió 3,500 km² y sostenía a 350 familias uru-muratos —la «gente del agua»—, hoy es un desierto salino (BBC Mundo, 2015). Su desaparición en 2015 no fue sequía natural sino asesinato hídrico: décadas de minería desviando sus afluentes y vertiendo desechos tóxicos (Velarde, 2020). Estos no son casos aislados sino la norma de un modelo que transforma vida en muerte. El río Pilcomayo arrastra arsénico, zinc y plomo desde Potosí, convirtiendo el agua en veneno (Quispe, 2014). Las 2,400 cooperativas mineras —eufemismo para empresas que explotan trabajo precarizado incluyendo niños— operan como ejércitos de ocupación en territorios indígenas (Ferrer, 2025; Ministerio de Trabajo, 2024). No extraen solo minerales: extraen la posibilidad misma de vida futura.

Esta devastación no es un “efecto colateral” sino el método mismo de la acumulación y que se potencia en tiempos de crisis. El capitalismo opera mediante una dinámica autoexpansiva de producción de enfermedad y muerte: un proceso que, a través de violencias sistemáticas, degrada las capacidades autorregulativas de los ecosistemas y fractura las tramas de interdependencia que sostienen la vida (Linsalata & Salazar, 2025). 

La crisis actual revela lo que el boom gasífero ocultaba: que el modelo boliviano no generaba el tan ansiado “desarrollo” sino una forma particularmente destructiva de sostenimiento de cierto bienestar económico. Cuando los precios del gas cayeron y las reservas probadas se agotaron, quedó expuesta una economía más dependiente que antes, territorios más expuestos a la devastación, y una sociedad que ya no recibe las migajas del excedente de la exportación de gas, además de quedar fragmentada, con poca capacidad de responder e imponer límites a los agresivos procesos de acumulación.

¿Salir de la crisis desde el capitalismo?

Pero la crisis boliviana no solo ha desnudado el agotamiento de un modelo económico sino, más profundamente, la colonización total del imaginario político por la lógica del capital. El debate sobre cómo “salir” de la crisis —sea en los programas electorales, los análisis técnicos o las propuestas de organizaciones sociales— revela una incapacidad estructural para pensar más allá de la restauración de las condiciones de acumulación. La gran mayoría de las “soluciones” propuestas, desde las más ortodoxamente neoliberales hasta las supuestamente progresistas —o, quizás, justamente porque son progresistas en el sentido capitalista del término—, comparten un supuesto no cuestionado: salir de la crisis significa recomponer la máquina de valorización del capital.

El espectro de propuestas que marcaron el clima electoral de 2025 —desde el abrazo al FMI planteado por Tuto Quiroga hasta la “reconducción del proceso de cambio” de un MAS venido a menos— opera dentro de parámetros que naturalizan la acumulación capitalista como objetivo incuestionable; es el piso que se da por hecho. La pregunta nunca es si debemos seguir organizando la economía para la acumulación, sino cómo hacerlo más eficientemente. Esta es la manifestación de una crisis estructural donde el capital ha colonizado hasta tal punto las mediaciones sociales que incluso sus críticos solo pueden imaginar su mejor gestión —o su rostro humano—, no su superación (Mészáros, 2001).

Consideremos los términos mismos del debate: “conseguir divisas”, “atraer inversión extranjera”, “mejorar la competitividad”, “equilibrar las cuentas fiscales”. Este lenguaje presente en las propuestas electorales revela que el problema se define desde las necesidades del capital, no de la vida. 

Esta naturalización es tan profunda que incluso las demandas populares se articulan en términos capitalistas: “queremos dólares baratos”, “combustible subsidiado”, “empleos formales”. Son demandas legítimas de supervivencia en un sistema que ha destruido otras formas de reproducción social, pero al articularse solo en estos términos, refuerzan la lógica que genera la crisis. Siguiendo el argumento de Pérez Orozco (2014), cuando las necesidades vitales solo pueden expresarse en el lenguaje del mercado, la contradicción capital-vida queda invisibilizada.

La incapacidad de pensar más allá del extractivismo es quizás la manifestación más clara de esta colonización. Todas las fuerzas políticas, sin excepción, proponen variaciones del mismo modelo: extraer naturaleza para insertarla en circuitos globales de acumulación. La única discusión es sobre los términos de esa inserción.

El litio ha reemplazado al gas como fetiche salvador, pero la lógica es idéntica. Quiroga propone crear “bonos productivos” basados en la explotación del litio. Paz habla de “capitalismo para todos” con créditos baratos para producción, sin cuestionar qué tipo de producción ni para qué mercados. Incluso el MAS propone “acelerar la industrialización” del litio, como si agregar valor a la devastación la hiciera menos destructiva.

Esta fijación extractivista no es solo económica sino epistemológica. Como argumenta Horacio Machado (2018), el extractivismo ha configurado una forma de entender el mundo donde la naturaleza solo existe como recurso a explotar. Por eso ninguna fuerza política puede siquiera imaginar que la respuesta a la crisis no sea extraer más, sino extraer menos. Que tal vez el problema no es que no tengamos suficiente litio para vender, sino que tengamos organizada nuestra reproducción social en torno a la venta de naturaleza.

Pero las salidas capitalistas a la crisis también nos presentan otro problema directo: la precarización de las condiciones de vida como mecanismo de ajuste. La diferencia está solo en la velocidad y las formas de gestión de esa precarización.

Las propuestas neoliberales son transparentes: eliminar subsidios, devaluar la moneda, reducir el gasto público. Saben que esto significa que las familias pagarán más por alimentos y transporte, que los servicios públicos se deteriorarán, que el trabajo se precarizará aún más. Pero la presentan como “medicina amarga” necesaria para “sanear” la economía, un discurso médico que naturaliza la violencia del ajuste, presentando la devastación social como terapia necesaria (Klein, 2020).

El progresismo estatal, por su parte, presenta una salida más confusa: redistribuir excedente sin cuestionar la estructura ni la lógica de acumulación. Eso sí, esto solo es posible si se logra impulsar un nuevo ciclo extractivo; es decir, sostener las condiciones y privilegios de los poderes económicos (minería, agroindustria, banca, etc.) y buscar que se generen nuevos excedentes extraordinarios que puedan ser parcialmente redistribuidos, como fue lo que sucedió con el gas. No solo es una salida que nos devuelve a un mismo lugar, sino que, en el ínterin, precariza aún más la vida de los sectores más empobrecidos, como es evidente en el actual escenario en el que las condiciones de bienestar se caen a pedazos.  

Cuando la izquierda naturaliza que el indicador de bienestar es el crecimiento, que el objetivo es el consumo y que el progreso es el capitalismo sostenido en la devastación —argumentando que su rol es la “gestión social” de ese capitalismo— no solo ya perdió la batalla, sino que termina defendiendo lo que prometió destruir.

La ausencia del capital en el debate sobre la crisis del capital

Lo más revelador del debate boliviano es lo que no se discute: el capital mismo. Se habla de crisis fiscal, crisis energética, crisis de divisas, pero no de una crisis en un mundo ceñido por el capital. Esta ausencia no es casual es parte de cómo el capital organiza su hegemonía: volviéndose invisible como relación social mientras sus efectos se naturalizan como “economía”.

Ninguna fuerza política pregunta: ¿quién se benefició de los años de bonanza? ¿Dónde está acumulado el excedente de dos décadas de extractivismo intensivo? Los agroindustriales que recibieron diésel subsidiado, los bancos que multiplicaron sus ganancias mientras la economía se deterioraba, las nuevas burguesías que ya pactaron con las viejas burguesías, los importadores que capturaron la renta del tipo de cambio sobrevaluado —estos actores aparecen en el debate solo como “sectores productivos” a incentivar, no como agentes de acumulación cuya riqueza fue extraída del trabajo y la naturaleza—.

Esta invisibilización del capital permite que el debate se estructure en falsos términos: estado versus mercado, centralización versus descentralización, gradualismo versus shock. Son debates sobre formas de gestión que ocultan la cuestión fundamental: gestión ¿para qué y para quién? Estas son las falsas opciones que el capital ofrece durante las crisis, opciones que parecen diferentes, pero convergen en restaurar las condiciones de acumulación (Harvey, 2020).

Salir de la crisis: entre la restauración del capital y la sostenibilidad de la vida

La paradoja está servida: mientras todos los actores políticos reconocen el agotamiento del modelo, las “soluciones” propuestas convergen en su restauración. Esta convergencia no es casualidad sino síntoma de una colonización del imaginario político donde el capital aparece como horizonte insuperable. Sin embargo, la crisis también abre la posibilidad de pensar otros ordenamientos de la vida económica y social.

La dicotomía entre acumulación y vida no es abstracción teórica sino tensión concreta que estructura las opciones disponibles: el capital requiere subordinar la reproducción de la vida a la lógica de valorización. En contextos del Sur Global, como es el caso de Bolivia, esta subordinación adquiere formas particularmente destructivas a través del extractivismo, que transforma territorios vivos en zonas de sacrificio para alimentar cadenas globales de acumulación.

Frente a esta realidad, emergen prácticas que, aunque en este momento estén fragmentadas y muchas veces a la defensiva, prefiguran otras formas de organizar la gestión del excedente social en el marco de una trama de relaciones de interdependencia (Linsalata et al., 2023). Desde la reciente lucha en Viacha para expulsar mineras que amenazaban condiciones materiales de subsistencia 3 hasta el sistemático despliegue de un horizonte reapropiador de la riqueza pública que en la última década ha propiciado el feminismo boliviano (Becerra & López, 2025), pasando por una infinidad de procesos de resistencia, construcción y lucha en distintas latitudes del país; queda claro que es posible imponer límites al capital e incluso construir alternativas parciales. 

¿Qué implicaría pensar, entonces, en una salida que priorice la sostenibilidad de la vida? Algunos elementos para el debate:

Primero, antes que generar más excedente a través del extractivismo, cabría preguntarse por la distribución del excedente existente. Los datos sobre concentración de riqueza sugieren que existe margen para redistribución significativa sin necesidad de intensificar la depredación —el 1% más rico acapara el 29% de la riqueza nacional (World Inequality Lab, 2024)—. Esto requeriría, por ejemplo, sistemas tributarios progresivos reales, eliminación de subsidios regresivos al capital, control sobre flujos financieros especulativos. Son medidas técnicamente viables, pero políticamente bloqueadas por las correlaciones de fuerza existentes. Es decir, el primer punto en la agenda para una salida a la crisis no precarizante ni devastadora no es una política pública, es una lucha. No se trata de buscar nuevas fuentes de excedente, sino empezar a disputar las que ya existen. 

Segundo, la construcción de sistemas públicos y comunitarios que garanticen derechos básicos —salud, educación, alimentación— aparece como condición necesaria para reducir la dependencia de las lógicas del mercado. Las experiencias de salud comunitaria, educación popular o soberanía alimentaria local muestran caminos posibles, aunque requieren ser pensadas en sus condiciones de escalabilidad y sostenibilidad. No se trata de romantizar lo comunitario sino de analizar en qué condiciones estas formas pueden abrirse paso entre las lógicas mercantiles. En tiempos de crisis, poner estos sistemas públicos en el centro de atención no solo permite disputar el excedente que se necesita para ello, sino también desindividualizar los cuidados y otras dimensiones necesarias para la reproducción de la vida.  

Tercero, la transformación de imaginarios y subjetividades constituye quizás el desafío más complejo. La naturalización del extractivismo como único horizonte posible, la asociación entre bienestar y consumo, la aceptación de la devastación como precio del “progreso” —estas construcciones ideológicas sostienen el modelo tanto como sus estructuras materiales—. Como señala Amador Fernández-Savater, habitamos un tiempo de brutalismo donde “el mundo entero se convierte en una mina” de extracción (Castro & Salazar, 2025). Las experiencias de construcción de otras métricas del bienestar, otros valores, otras aspiraciones, son tan importantes como las luchas materiales; especialmente cuando ya existen “semillas y gérmenes de otros futuros posibles” en nuestro presente.

En todo esto, el rol del estado presenta particular complejidad. La experiencia del “proceso de cambio” mostró los alcances, pero también —y quizá principalmente— los límites de la vía estatal: sin transformación de la estructura del patrón de acumulación y sin sectores populares autónomamente organizados, incluso gobiernos progresistas terminan asumiendo la gestión del capital como propósito político. Esto sugiere la necesidad de reconocer que de lo que se trata, en primera instancia, es de cuidar la fuerza social organizada y autónoma que permita producir mandatos populares. De ninguna manera se trata de negar la política estatal y su operatividad, pero también de entender que si no se la mandata desde el abajo, la política estadocéntrica tiende a la gestión del capital (Castro, 2022). Esto no depende de la buena o mala voluntad de los gobernantes, sino que es consustancial a la forma estado de la política.

Ahora bien, es importante reconocer que en este momento la fragmentación organizativa que atraviesan los sectores populares bolivianos plantea el desafío más importante. Sin organización los mandatos y las luchas no suelen prosperar y, por tanto, la ficción de que las crisis se resolverá por arriba comienza a tomar más fuerza. Para ello es importante reconocer que las experiencias organizativas más potentes en la historia boliviana no provienen de programas ideológicos abstractos o de la formación de partidos, sino de necesidades materiales compartidas: agua, territorio, cuidados, etc. Sin embargo, construir desde estas estas experiencias concretas requiere procesos pacientes, que a veces la urgencia de la crisis dificulta. Por ello es que la energía política contestataria debe colocarse, antes que nada, en el potenciamiento de estos procesos, evitando quedar capturada en polarizaciones partidarias que despolitizan y confrontan hacia abajo.

No existen garantías de éxito ni caminos predeterminados. Lo que la crisis hace innegable es que el patrón de acumulación actual carece de futuro y que su continuidad solo profundizará la devastación. La verdadera pregunta no es si habrá transformación —la insostenibilidad del modelo la hace inevitable— sino qué forma tomará: colapso y necrotización del tejido de la vida —con todo lo que ello implica— o transición consciente hacia formas más sostenibles de organizar la vida.

En esta encrucijada, también es importante la posibilidad de nombrar el mundo de maneras distintas —de maneras creativas—, casi tanto como los mismos procesos organizativos prácticos. Necesitamos entender las lógicas que estructuran la crisis para no reproducirlas en nuestras respuestas. Y necesitamos reconocer que, aunque las alternativas parezcan frágiles y dispersas, en ellas late la posibilidad de futuros donde la vida no esté subordinada a la acumulación. La tarea es identificarlas, fortalecerlas, articularlas, sin romantizar, pero también sin conceder. En esa disputa por la vida se juega no solo el futuro sino también la dignidad del presente.