Fractura de los pactos patriarcales, recolonización de los territorios y expansión del capital en Bolivia
Nuestra hipótesis es que la actual ruptura irreparable al interior del pacto patriarcal que ha organizado al MAS como estructura política, al menos durante los últimos 20 años, ha llegado a un grado de descomposición tal, que sus pedazos se están cayendo sobre la sociedad trabajadora, abrumando la vida cotidiana que es sostenida, sobre todo, por miles y miles de mujeres que cada día encuentran más dificultades para asegurar el sustento de sus familias y de ellas mismas. La escasez de dólares y combustibles, así como el encarecimiento de productos de uso cotidiano, en particular medicinas y algunos otros productos importados, exige que se destine cada vez más tiempo a conseguir lo necesario para el sostenimiento de la vida, ya sea alargando las horas de trabajo u ocupando lapsos más largos para surtirse de lo que haga falta. Por otro lado, esta compleja situación económica termina beneficiando a distintas élites económicas, que se ven beneficiadas directamente de la especulación y del incremento sostenido de precios.
Resumen
En este trabajo abrimos una reflexión crítica antipatriarcal y feminista sobre los problemas y contradicciones más profundos que afectan la reproducción de la vida social en Bolivia, y que complican los horizontes de deseo de la constelación de luchas que han protagonizado mujeres y feministas muy diversas, en los territorios y ciudades, durante de la última década.
Utilizamos la noción de pacto patriarcal3 como herramienta analítica fértil para entender nudos de repetición y bloqueo en la política boliviana en los últimos años. Consideramos que el análisis de la creciente precarización de la vida y la insistente expansión del extractivismo, que no solo producen incertidumbre, sino también fragilidad vital; están relacionadas directamente con la persistencia de tales pactos en el ámbito político. Sin embargo, frente a la crisis, se iluminan incansables luchas antipatriarcales que nombran los problemas, así como despliegan diversos esfuerzos colectivos para cuidar su autonomía política y su capacidad de politización cultivada en las esferas de la reproducción.
Palabras clave: Pacto patriarcal, Luchas antipatriarcales, Precarización de la vida, Crisis de la reproducción social.
Violencia, memoria y repetición
El 26 de junio de 2024, una vez más, se vivieron momentos de aguda tensión en los diversos territorios, pueblos y ciudades de Bolivia. Ese día, el Gral. Juan José Zúñiga, comandante general del ejército, protagonizó un álgido y contradictorio episodio de confrontación militar contra el orden político civil construido durante las últimas dos décadas, al que sus arquitectos se refieren como Estado Plurinacional. Lo efímero de la convulsión ocurrida aquel miércoles de principios del invierno, así como la incomprensible manera en que ocurrieron los sucesos, amplifica los hilos del argumento que nos interesa presentar.
En directo, aquel día presenciamos, atónitas, un nuevo capítulo de la serie a la que podríamos titular: «La debacle del pacto patriarcal que sostiene el orden político». El evento cimbró los cuerpos en Bolivia, al conectar las memorias inscritas en ellos con los terribles días de octubre y noviembre de 2019, cuando se mostró tanto la fragilidad como la irresponsabilidad del dispositivo político estatal de expropiación de la fuerza comunitaria y popular, que fue montado en los años previos. Volver a ver a los militares en la calle en actitud de apronte contra la población y contra el gobierno constituido a través de elecciones, en un ambiente de escasez de dólares y combustibles, así como de encarecimiento sostenido de diversos productos de consumo, desorganizó todavía más el sostenimiento cotidiano de la vida, sobre todo en sectores populares.
Reactualizó, también, el angustiante sentimiento de pasmo e impotencia que se había experimentado aquel 2019. La intensidad del intranquilo malestar que cundió por el cuerpo social boliviano se debió a que «el problema» que ocasiona los eventos convulsos parece ser el mismo: la disputa que dura ya más de ocho años, desde febrero de 2016, cuando el Movimiento al Socialismo (MAS) perdió el referéndum que abría la posibilidad de reelección indefinida de los cargos más altos del gobierno. Es decir, una disputa en torno a la aparentemente inamovible decisión de Evo Morales de imponerse como figura conductora e imprescindible del mando político en Bolivia. Decisión, por cierto, respaldada con más o menos energía por el entorno del caudillo en tanto saben que en ella se juega el destino de todos.
Ocho años de tensión creciente que aun si toma diversas formas, en el fondo, gira en torno a si un caudillo puede o no continuar en el cargo que ocupó en un inicio. El conjunto de eventos de confrontación que se concatenan en torno a este hecho es inmenso, abarcando desde la disputa por la conducción del partido, hasta los problemas de legitimidad y organización del Poder Judicial ¿Cómo ha sido posible que los eventos políticos, en un país que enfrenta una cada vez más inocultable crisis económica, se traduzcan de esta manera reduciendo u ocultando casi una amplia constelación de antagonismos y tensiones que brotan desde otro conjunto de contradicciones que, más bien, se soslayan? ¿Cómo entender la inmensa fuerza desestabilizadora de un conjunto de decisiones políticas tan limitadas como estrechas?
Nuestro argumento es que, a partir de febrero de 2016, la política boliviana se ha ido reduciendo y se ha ido guiando por la implementación —cada vez más irresponsable— de maniobras concatenadas para desconocer la decisión del pueblo boliviano en el referéndum que dijo No a la reelección indefinida. Eso fue lo que se consultó hace años y sobre el tema hubo una respuesta. De ahí que puedan convivir en Bolivia dos intenciones populares en tensión —que una y otra vez confunden a teóricos y analistas, sobre todo extranjeros— convocados a elegir en las urnas en 2020, lxs bolivianxs vuelven a votar masivamente por el MAS y, simultáneamente, una parte considerable de ellxs persisten en considerar que Evo Morales no debe volver a contender. Ese es para nosotras el nudo formal del problema político en Bolivia: la persistencia de dos intenciones contrapuestas que una y otra vez se convierten en pugnas interminables de efectos perversos. Los nudos reales de la confrontación son mucho más duros.
¿Por qué sucede esto? ¿Cómo entender esta especie de escenario catastrófico donde una y otra vez se echa a andar un juego de suma cero? Esto es, donde partes similares del espectro político van a protagonizar una incesante confrontación para cuya resolución se requiere la anulación de la otra parte. Todo este conjunto concatenado de eventos contradictorios y violentos solo puede entenderse si se considera en la explicación la sencilla y miope dinámica que las lógicas patriarcales imprimen en la política.
Nuestra hipótesis es que la actual ruptura irreparable al interior del pacto patriarcal que ha organizado al MAS como estructura política, al menos durante los últimos 20 años, ha llegado a un grado de descomposición tal, que sus pedazos se están cayendo sobre la sociedad trabajadora, abrumando la vida cotidiana que es sostenida, sobre todo, por miles y miles de mujeres que cada día encuentran más dificultades para asegurar el sustento de sus familias y de ellas mismas. La escasez de dólares y combustibles, así como el encarecimiento de productos de uso cotidiano, en particular medicinas y algunos otros productos importados, exige que se destine cada vez más tiempo a conseguir lo necesario para el sostenimiento de la vida, ya sea alargando las horas de trabajo u ocupando lapsos más largos para surtirse de lo que haga falta. Por otro lado, esta compleja situación económica termina beneficiando a distintas élites económicas, que se ven beneficiadas directamente de la especulación y del incremento sostenido de precios.
No es común, lamentablemente, que las explicaciones sobre los fenómenos políticos incluyan como decisivos los rasgos y las lógicas patriarcales que históricamente guían la política representativa-delegativa. Tampoco es frecuente que se construyan explicaciones desde los eventos que agreden al mundo de la reproducción cotidiana de la vida. Nuestro afán en este trabajo es proponer hilos para entender lo que hoy sucede en Bolivia como una crisis aparentemente irresoluble de la reproducción social, en tanto esta está atrapada en las dinámicas y lógicas patriarcales que estructuran el orden político extractivista llamado pomposamente «plurinacional».
Las dinámicas del orden político patriarcal
“El pacto político patriarcal moderno se basa en una estructura de pensamiento imaginaria que propone la anulación jurídica de las diferencias a través de una fórmula de igualación tan vacía como falaz: cada persona un voto y todos iguales ante la ley.”
Sobre tal desconocimiento ex ante de la añeja red de jerarquías y distinciones que organizan y segmentan —efectiva y materialmente— al cuerpo social, así como los términos de su reproducción colectiva en el tiempo, se instala un dispositivo político para producir una rígida estratificación vertical del orden de mando y delimitar sus alcances tanto en el ámbito económico como temporal.
El rasgo lógico más básico del orden patriarcal consiste en convertir cada diferencia en una jerarquía. En particular, las diferencias entre los cuerpos de las mujeres y feminizados y los cuerpos de los varones, mismos que también se jerarquizan en torno a su conformidad con los rasgos históricos de la masculinidad dominante. Pero no solo ahí se expresa la dinámica del pacto patriarcal: el conjunto de escalones y válvulas de “aceptación”/”exclusión” que se construyó dentro del propio MAS, a partir de que los militantes se distinguieron entre “orgánicos” e “invitados”, entre los distintos “pesos específicos” de los avales políticos ostentados por cada quien, etc., fueron labrando en el tiempo una rígida estructura de ascenso en torno a reglas no explícitas que, por lo general, se fundan, como en los cuarteles, en el acatamiento acrítico de las decisiones superiores.
Así, el orden de mando dentro del pacto político patriarcal, que constituye la columna vertebral del estado moderno, asume una forma piramidal una vez superado el momento imaginario de la igualación formal, de modo que las jerarquías y desigualaciones impugnadas previamente quedan arrinconadas en la base de toda la construcción, neutralizando los efectos prácticos de las luchas contra ellas a través de mecanismos ascendentes de delegación de la capacidad de intervención en asuntos públicos. Es claro que el diseño resultante es altamente inestable y contradictorio. Por lo general, organiza un mercado de lealtades por alguna clase de “seguridad”, cuestión que conserva y refuerza las jerarquías previas.
Los mecanismos ascendentes de delegación de las capacidades de producción de decisión inducen impotencia en el cuerpo social, en tanto concentran tales capacidades colectivas de producción de decisión sobre asuntos de interés común en figuras que se auto atribuyen la «representación en ausencia» (Castro, 2022): no se consulta, ni se critica, ni se delibera, sólo se acata. Los «representantes» se desligan entonces del control de las «bases» —i.e. del segmento social del que son parte y al que se supone que sirven—, para instalar una perversa economía de circulación e intercambio de lealtades por ventajas privadas, por lo general en un ambiente de confrontación permanente.
Así, el llamado juego «democrático», sobre todo en su deriva procedimental moderna, se instala en el dispositivo político así constituido como disputa o bien sistemática o periódica, por la ocupación del vértice del mando político en la pirámide que concentra el monopolio de la producción de decisiones sobre el ámbito público y de la prerrogativa de fijar y administrar las prerrogativas de los subordinados.
Cuando tales procesos contenciosos por la ocupación del vértice del mando político ocurren de manera pactada —que fue lo que, hasta cierto punto, se vivió en Bolivia tras las elecciones de diciembre de 2005— se abre un proceso de incómoda estabilización. Un tiempo cuando se regulan, al menos parcialmente, las diferencias y contradicciones al interior de una parte de la sociedad boliviana, aquella que había protagonizado potentes luchas antineoliberales, sedimentando la energía y capacidad instrumentalizada por el MAS bajo la conducción de Evo Morales (Salazar, 2015).
El proceso de re-equilibrio general del orden social (Castro, 2022) que fue abierto en aquel entonces, requería discurrir en al menos dos grandes ejes. El primero, que tiende a organizar la paulatina reapropiación social de la riqueza material disponible que había sido objeto de la disputa previa. Disputa múltiple, por lo demás, protagonizada y sostenida por muchísimas mujeres y heterogéneas tramas comunitarias que dieron paso a interesantes formas asociativas. El segundo, orientado a abrir y sostener un proceso de des-jerarquización social efectivo que permitiera la reorganización de la vida pública acogiendo entre otras, las capacidades colectivas regeneradas en las formas políticas comunitarias, así como sus prácticas y horizontes de deseo (Gutiérrez, 2017).
Sin embargo, ambos ejes se vieron bloqueados, sobre todo, por la persistencia y reactualización de los rasgos patriarcales modernos, que volvieron a adquirir fuerza al imbricarse con la reinstalación de formas políticas liberales —como aquellas que organizaron la Asamblea Constituyente— y por el relanzamiento del régimen extractivista, eso sí, ampliando el control estatal sobre una parte proporcionalmente mayor del excedente obtenido sobre todo a través de la exportación del gas y otros hidrocarburos.
“En tal contexto, tanto las formas políticas comunitarias y populares, como la específica politicidad cultivada por muchísimas mujeres, experimentaron una gran dificultad para su despliegue, cuando las temáticas concretas y específicas —eso sí, con posibilidad de generalización— que incumben a sus actividades cotidianas, quedaron sumergidas en un aparato político cada vez más grande que regatea y limita sus voces y sus acciones4.”
Para muchos y, sobre todo para muchas compañeras, la estabilización del MAS como rígido pacto patriarcal jerarquizado y vertical ha significado la reinstalación de añejos modos de tutelaje, exclusión, chantaje y desconocimiento de la posición y voz propia. Los casos de las cooperativistas o de las campesinas son muy ilustrativos de ello5.
En resumen, las impugnaciones democratizadoras previas, que provenían de enérgicos y expansivos esfuerzos de reapropiación colectiva de la riqueza social bajo pautas políticas comunitarias y populares no —plenamente— liberales fueron ninguneadas, boicoteadas y arrinconadas (Gutiérrez, 2008; Salazar, 2015). En cambio, se reforzó la estructuración vertical del MAS, organizada en rígidos e inamovibles niveles de jerarquización diseñados desde arriba, que permitieron concentrar cada vez más el monopolio de las decisiones políticas en el vértice del mando de esta figura piramidal. En tal estructura vertical de organización política, las dimensiones patriarcales de la dominación se reactualizaron con fuerza.
Existe una gran cantidad de trabajos que abordan los sucesos de aquellos años de lucha y apertura, nuestro interés ahora no es volver sobre los detalles de tales eventos sino enfatizar cómo, en casi todos esos estudios, está ausente el registro y análisis de una dimensión política central: la de los contenidos antipatriarcales insertos en las luchas comunitarias y populares, imprescindibles en cualquier proceso de democratización social y de reorganización de la vida económica.
Los límites del “proceso de cambio” en la reorganización del proceso de reproducción social
El así llamado «proceso de cambio» estableció como protagonistas, por un lado, al partido de gobierno en vías de ampliación y consolidación y, por otro, a un vasto abanico de organizaciones sociales y sindicales mixtas. A través de varios acuerdos con las organizaciones se buscó alcanzar cierto equilibrio entre sectores con intereses muchas veces contrapuestos. Mediante tal arreglo se renovaron mecanismos de subordinación política y tutelaje en al menos dos sentidos. El primero orientado a ajustar y administrar la relación entre cada sector social organizado y el mando político partidario; el segundo tendiente a regular las relaciones entre los distintos sectores en virtud de las distintas actividades económicas en que cada uno de ellos se ocupaba. En ese reajuste, las mujeres pertenecientes a organizaciones sociales han protagonizado fuertes luchas también dentro del espacio partidario para ocupar cargos de función pública. Sin embargo, las normativas de la representación —y una parte amplia de las llamadas “políticas de despatriarcalización”— operan sólo como una fachada ya que están cimentadas en la lógica de igualación que refuerza la jerarquía de los varones sobre las mujeres. Despatriarcalizar se relaciona, sobre todo, con el ejercicio de autoridad política por parte de las mujeres y, también, de las comunidades y organizaciones colectivas. La despatriarcalización des-sujeta al impugnar la heteronorma funcional a la dominación capitalista y colonial. La traducción de despatriarcalización a “política de ampliación de derechos” es similar a la reducción operada en los términos “proceso de cambio” restringido a “rotación de élites”. Refiere a acciones altamente conservadoras.
Tal forma de organización de la vida política reprodujo de forma casi automática el desconocimiento y arrinconamiento del conjunto de procesos de trabajo concatenados y yuxtapuestos centrados en la reproducción de la vida social en su conjunto. Nos referimos, mediante tal expresión, a los diversos procesos de producción local de alimentos, a los distintos fines y modos de uso de tierras y aguas, al cuidado general de las semillas y, por supuesto, al inmenso volumen de trabajo reproductivo que entraña el sostenimiento cotidiano de la vida social. Cuando hablamos de la reproducción de la vida social también nos referimos al conjunto de actividades educativas destinadas a formar a las siguientes generaciones y a las ocupaciones y cuidados tendientes a sostener y sanar los cuerpos que enferman y a mantenerlos sanos y en equilibrio.
Todas estas actividades, por supuesto, están atravesadas por las presiones que impone la mercantilización y la búsqueda de ampliación de ganancias en su forma dineraria, es decir, por la dinámica de valorización del valor. Durante los más de diez años “estables” de gobierno del MAS, se produjeron tensiones crecientes entre modos de gestión y sostenimiento concretos ligados al uso y cuidado de los bienes disponibles. En tanto el progresismo privilegió la expansión de lógicas productivistas y extractivas se produjeron confrontaciones crecientes mientras su desarrollo se hizo a costa, negando y acosando otro conjunto de formas y lógicas económicas y políticas ligadas de manera directa con la reproducción cotidiana de la vida, sostenidas por heterogéneas tramas comunitarias y populares en toda la geografía del país.
No es casual que las principales luchas sociales que se desplegaron durante la década de estabilidad que tuvo el MAS en el gobierno hayan sido luchas de defensa territorial, como fueron los enérgicos esfuerzos colectivos de movilización y articulación puestos en juego en el TIPNIS, en Tariquía o en Rositas, por sólo mencionar algunos de ellos.
“Como en cualquier otro sitio donde el capitalismo en expansión arremete contra las condiciones de sostenimiento de la vida en su conjunto, desgarrando anteriores equilibrios para imponer otras actividades, orientadas por fines de valorización y ritmos acelerados de circulación, en Bolivia también se desgarraron y sacrificaron anteriores modos de sostenimiento colectivo.”
Por ejemplo, la imposición de la expansión petrolera en la Reserva de Flora y Fauna de Tariquía, por ejemplo, afecta los ecosistemas donde viven las abejas que producen la miel que garantiza el sustento de las mujeres tariquiyeñas y sus familias que gestionan comunitariamente la producción de la miel y sus derivados. Esa constituye, entre muchas otras, una razón de fuerza para su defensa territorial.
Los regímenes progresistas concentraron todos sus esfuerzos en dinamizar la economía del valor de cambio, reconstruyeron un modelo de producción extractivista cada vez más amplio. Hidrocarburos, minerales, hoja de coca y productos agroindustriales se convirtieron en el corazón de la actividad económica alentada desde la estructura política del estado. Estos procesos, como ha sido estudiado por María Mies (2018), Leopoldina Fortunati (2019), Silvia Federici (2013), entre otras, descomponen y rasgan las tramas de sostenimiento de la vida y despojan, principalmente a las mujeres, de cualquier control sobre sus medios de existencia.
Este modelo es el que ahora exhibe su inmensa fragilidad, cuyos efectos más sentidos analizaremos en las siguientes páginas, siguiendo el hilo de la profunda precarización de la vida que se ha generalizado y de las luchas por detener o ralentizar tales procesos. Las exigencias impulsadas desde abajo, sobre todo por las mujeres, en defensa de condiciones dignas para hacer sostenible la reproducción de la vida colectiva han sido, una y otra vez, ninguneadas y atacadas a lo largo de todos estos años. En todo caso, la rigidez de la cadena ascendente de pactos patriarcales que organizan la vida pública lo que han generado es la intensificación de la injusticia y el entorpecimiento de las capacidades organizativas a ras de suelo.
Las luchas de las mujeres contra la precarización de la vida en su conjunto en sus dimensiones ecológica, económica y política
Tras las potentes movilizaciones en defensa de los territorios y contra el «progreso del capital» que ocurrieron en 2011 durante la defensa del TIPNIS, y en años posteriores con marchas y acciones de rechazo a los proyectos extractivos que proliferaron en el país, se abrió en Bolivia un momento fértil de articulación de las luchas de las mujeres y feministas.
“La recuperación de la voz por muchísimas mujeres indígenas y campesinas, que criticaban lo que ocurría en sus territorios y se movilizaban para detenerlo, inauguró un periodo de crisis de las organizaciones mixtas, las cuales, más allá de su carácter popular o comunitario, están estructuradas patriarcalmente.”
En las luchas en defensa de los territorios, entonces, quienes se movilizaban, por un lado, se confrontaban con las decisiones unilaterales y verticales del gobierno y, por otro, abrieron un momento de fuerte disputa interna: mientras los dirigentes medios de las organizaciones movilizadas, con mucha frecuencia varones, aceptaban diligente o incómodamente las decisiones desde arriba, las mujeres recuperaron la voz y confrontaron duramente tales proyectos, siendo objeto, al mismo tiempo, de fuertes campañas de disciplinamiento.
Es sabido que la estructuración patriarcal de la vida social, además del mecanismo de fijación de las diferencias como jerarquías, requiere del silenciamiento y separación sistemático de las mujeres entre sí. Tal dinámica se fracturó cuando cada vez más compañeras comenzaron a defender el agua, los bosques, los territorios y a denunciar la amenaza de empeoramiento inminente de la vida cotidiana y de las condiciones de su sostenimiento.
Por lo demás, todo esto comenzó a ocurrir en momentos cuando, en muchos países de nuestro continente —y Bolivia no fue la excepción—, se abrió un tiempo de auténtica rebelión protagonizado por muchísimas feministas jóvenes que impugnaban las violencias que se expandían junto con los proyectos extractivos y desarrollistas, tanto por territorios como por las ciudades.
Las renovadas luchas feministas contra todas las violencias, en particular contra la epidemia de feminicidios que se hizo visible años antes de que llegara el Covid-19, se fueron entreverando, no sin tensiones y desacuerdos, con algunas de las más potentes luchas de defensa territorial. Así comenzó a fraguarse, desde múltiples flancos, el desborde de la anterior manera de contener y silenciar la voz y la fuerza de las mujeres que ampliaron su autonomía política al disentir en voz alta, disponiéndose a vincularse entre sí más allá de los sitios de «hermana predilecta» (Lonzi, 2018) que les asignan los pactos patriarcales.
Este proceso de luchas y dificultosas articulaciones se vio violentamente interrumpido por los sucesos políticos de octubre-noviembre de 2019, cuando Evo Morales abandonó el país y exigió que otros altos dirigentes del MAS se desentendieran de la responsabilidad de su conducción, después de los conflictos en torno a las elecciones donde se jugaba su cuarta reelección. Los empresarios y terratenientes ganaderos y soyeros, en acuerdo con algunas fracciones de la policía y el ejército, mimados todos ellos hasta entonces por el MAS, se apoderaron del aparato de gobierno justamente en momentos previos a la pandemia mundial de Covid-19.
La pandemia del Covid-19 alteró brutalmente las dinámicas de reproducción de la vida social, provocando cambios importantes en la vida cotidiana de la población. Exacerbó también la crisis económica6, produciendo un escenario de nuevos despojos, reajustes en las condiciones laborales, colapso del sistema educativo y nuevas dificultades en la salud, entre algunos de los efectos de aquel tiempo tan incierto.
A nosotras nos interesa mirar con atención los sentidos de la crisis de la reproducción social a partir de la precarización de la vida de las mujeres como un proceso enhebrado a la continuidad de la crisis sanitaria. Lo que dejó al descubierto el Covid-19 a las mujeres y a la población en su conjunto fue una salud precarizada (situándose en el cuerpo que es lo más material que se tiene). Esta realidad se expresa con más fuerza cuando las familias se enferman y los trabajos de cuidados se incrementan para las mujeres. Pocas posibilidades se encuentran en el sistema de salud del país, no solo porque escasea el dinero para acceder a una adecuada atención médica sino también por los altos costos de los medicamentos —que además son limitados en la actual crisis económica que dificulta su importación—.
Sin embargo, en las ciudades, novedosas formas de cooperación se están produciendo para resolver los conflictos económicos que se generan cuando un miembro de la familia se enferma. Se activan diversas estrategias de apañe colectivo basadas en la recaudación de fondos a través de kermeses, rifas y ventas de alimentos y bebidas. El actual estado de las cosas nos hace preguntarnos: ¿Cómo estamos entendiendo la salud pública en este país? ¿Cuánto invirtió el MAS para mejorar el sistema público de salud en sus largos años de gobierno?
Dotar de contenido a lo que se ha precarizado puede iluminar el entendimiento de lo que se vive en la actualidad con mucha contradicción y con nuevas preguntas. Para analizar el ámbito del trabajo conviene, en este punto, hacer una distinción entre precariedad laboral y precarización de la vida, dos procesos distintos pero emparentados. La precariedad laboral es un subconjunto de la precarización, más general, de la vida social.
Para ello, un punto de partida fértil pone atención en las transformaciones del mundo laboral a partir de la avanzada neoliberal en el país, y en particular en la década y media de gobierno del MAS. Tiempo en que la precarización del mercado laboral se ha ampliado produciendo un nuevo tipo de contexto determinado por el neoliberalismo y el régimen extractivista7.
Nos interesa poner sobre la mesa que el mundo laboral8, en general, se ha transformado, evidenciando que la precariedad laboral se ha ensanchado a diferentes ámbitos de la vida combinándose en distintos momentos con las demás crisis superpuestas: política, sanitaria, económica, ecológica, etc. Bajo ese argumento afirmamos que una gran población de mujeres y jóvenes sostienen la vida actualmente de forma cada vez más precaria.
Las Precarias a la deriva nos brindan una noción útil para abordar la realidad boliviana: «las realidades del trabajo precario son muy diferentes: los recursos que disponemos unas y otras, los apoyos materiales y afectivos, los salarios, los derechos [y la ausencia de los mismos], el valor social de lo que hacemos, las distintas disponibilidades y sensibilidades» (Precarias a la deriva, 2004:27).
Algunos datos recientes apuntan que la participación de las mujeres en el mercado del trabajo es del 85% (Fortún, 2024). Lo cierto es que la precariedad laboral se experimenta a través de nuevos mecanismos y ajustes que se fueron acentuando por medio de empleos cada vez más flexibilizados, con una variedad de contratos que excluyen derechos sociales mínimos como el acceso a un seguro de salud (derechos conquistados por generaciones anteriores). Asimismo, la extensión de los trabajos a los espacios domésticos intensifica los procesos de explotación. Se ha creado además una contradictoria «flexibilidad» en el horario que opaca formas encubiertas de explotación.
Esta situación se ha agravado con los años, no solo porque el estado impuso, por un lado, indignos términos de intercambio de contratación por lealtad y, por otro, no alentó ni apoyó otras actividades que pudieran expandir la creación de empleo.
A partir de que estamos dotando de significado al trabajo precario femenino, observamos que, entre otras, en las ciudades muchas mujeres profesionalizadas, consideradas como trabajadoras independientes bajo las figuras de consultoría9 se someten a contratos apegados al estricto cumplimiento de las obligaciones impositivas y pago al sistema fiscal. Es decir, el estado obliga a ciertos sectores de la población a cumplir con el pago de impuestos, pero no se hace cargo de las condiciones de precariedad en las que se trabaja. No olvidemos que las mujeres, además, combinamos los trabajos asalariados con los otros trabajos que garantizan la reproducción de la vida como el trabajo doméstico, el trabajo de cuidados y otros trabajos inmateriales. Tales son algunos aspectos del trabajo precario.
Con todo lo anterior, podríamos decir que una creciente «informalidad» de la economía se multiplica, y si bien la proliferación de los denominados trabajos informales hace parte de la realidad boliviana, observamos que esta categoría no alcanza para nombrar la diversificación del mundo laboral, menos aún el papel del trabajo femenino precarizado en la economía.
“El trabajo informal tal como está caracterizado —trabajo remunerado, sin contratación formal y sin regulación del estado— no alcanza a explicar los procesos de estratificación social y la concentración de la riqueza en ciertos estratos sociales populares.”
En este punto es necesario abordar la dimensión ecológica en los procesos de precarización de la vida en territorios afectados por el régimen extractivista. Por ejemplo, observamos que no se dimensionan a cabalidad las alteraciones radicales de los procesos eco-metabólicos por la expansión de la minería, y el poder de las cooperativas mineras, que en complicidad con el estado han ocupado ilegalmente territorios y áreas protegidas. La explotación aurífera y el uso de mercurio en la minería aurífera está afectando a los ríos y afluentes de la cuenca Amazónica, contaminando los ecosistemas humanos y no humanos, principalmente envenenando el agua de uso y consumo de las comunidades indígenas de estos territorios (Los Tiempos, 2023). Asimismo, los enlazamientos entre expansión de la minería aurífera en esos territorios y la ampliación de la trata y tráfico y el aumento de las violencias contra las mujeres quedan también opacados.
Así el alto nivel de incertidumbre que provoca la crisis hace que las cargas se distribuyan de forma desigual, pues las mujeres garantizan gran parte de la reproducción de la vida, y muchas de las consecuencias de la crisis se depositan sobre sus espaldas. Mientras el pacto patriarcal sigue desmoronándose, nuevas alteraciones en la forma de reproducir la vida se producen, dificultando el sostenimiento en un escenario que fragiliza cualquier bienestar: se requiere cada vez más tiempo de trabajo para garantizar un sostenimiento cada vez más precario. Y en otros lugares y territorios afectados por la expansión del extractivismo —como en las tramas comunitarias donde las mujeres sustentan sus vidas bajo sistemas de producción comunitaria— se agrede directamente a alguna de las condiciones de sostenimiento alcanzado sin ninguna retribución.
Las dimensiones de la precarización de la vida se ensanchan cuando realizamos los enlaces entre precarización y la expansión de la violencia patriarcal. La precarización se produce cuando se profundizan los flujos de violencias en ciclos o bucles, entorpeciendo y agrediendo la vida de las mujeres y, en muchos casos, la violencia feminicida despoja sus cuerpos.
La debacle del pacto está atada a un innumerable número de agresiones y violencias —como ya se mencionó— por parte del estado a la población, que a la vez niega y no encara la crisis económica, pero se empeña por producir relatos confusos que perturban los breves momentos de equilibrio mental. Los traumas generados por los eventos del 2019 tocan las llagas más profundas de una sociedad que no desea revivir el miedo a las violencias, a la escasez de alimentos, al silenciamiento, a la exacerbación de acciones racistas y fascistas, a la inestabilidad vital. Los hechos de junio pasado nos recuerdan la fragilidad en la que nos encontramos, pero también nos recuerdan que es necesario organizar la experiencia y revisar todo lo aprendido. Ante ese escenario de creciente precarización, ¿qué nuevas preguntas tenemos que hacernos para habilitar sentidos críticos que sean fértiles?
Las luchas que impugnan las violencias y la imposibilidad de obtener justicia a través del aparato estatal. Los esfuerzos propios por producir justicia, sus potencias y límites
Las desbordadas luchas de las mujeres contra todas las violencias abrieron un amplio camino de conocimiento y politicidad. En la última década se han desarrollado variadas experiencias de muy diversos tipos. Una de las derivas centrales de todos estos esfuerzos ha sido la lucha para obtener justicia en casos muy duros de agresión y feminicidio. Así, distintos esfuerzos abren el debate sobre la producción de justicia que tiene una potencia creadora y de transmisión intergeneracional de experiencias nutrida por las luchas de madres, familias, y amigas de las víctimas.
Las luchas producen acciones en los diversos escenarios de la justicia estatal, que develan certezas nada nuevas: en el campo de la justicia estatal no se están resolviendo los hondos problemas provocados por la naturalización de la violencia en la sociedad boliviana. Tampoco se resuelve la perpetuación de la impunidad ni el gran problema de la intensificación de la violencia en la vida cotidiana de las mujeres10. Por tanto, sigue opacada su dimensión estructural. La persistencia de las injusticias ha desatado la desconfianza generalizada en el sistema oficial de derecho y en las instituciones que supuestamente gestionan y regulan la violencia machista.
Desde los feminismos autónomos más jóvenes, que se han expandido en los últimos años, se están nombrando las prácticas12 que ejercen las mujeres y feministas en la lucha por abrir el horizonte de búsqueda de justicia y contra la impunidad en Bolivia. Sucede, entonces, que la justicia es una palabra cuyo significado está en disputa. Su sentido se está resignificando y va más allá de los márgenes estrechos marcados por el sistema de la justicia estatal.
Desde muy diversas constelaciones de luchas contra la violencia machista se proponen otras miradas para caracterizar otros modos de producción de justicia. A través de sus prácticas de renovada conversación y encuentro, las mujeres y las feministas ensayan formas de reapropiación de un horizonte transformador que sirva para reparar, sanar y dar forma a lo que se está denominando justicia de mujeres y feministas. Estas formas de apropiación de la justicia abren también el debate de los límites de la criminalización y del punitivismo.
La justicia estatal hace parte de un complejo institucional13 que reproduce distintos mandatos patriarcales plenamente concordantes con el actual pacto político patriarcal del que ya hemos hablado. Paradójicamente, la justicia estatal funciona de por sí produciendo violencia y reproduciéndola de manera simultánea en continuidad. Lo anterior permite una ampliación de la comprensión de la violencia estructural para distinguir su expansión a los espacios cotidianos y, por ejemplo, conectarla con la violencia feminicida. Así, se hacen visibles los límites de las luchas de las madres y las familias cuando buscan justicia en el terreno del estado, un sistema de gestión indolente que perpetúa la impunidad14.
En un sistema de justicia colonial y patriarcal, el flujo continuo de la violencia produce formas de despojo que es necesario nombrar y significar. Para poner un ejemplo, la expropiación del tiempo de las mujeres y sus familias es una forma de despojo de energía, trabajo y vitalidad que altera diferentes ámbitos de la reproducción de la vida.
“Por lo tanto, entrar al sistema de justicia estatal, o dentro de «las fauces de la bestia»15, significa combinar la energía vital con el flujo de violencias que en continuidad provoca que quienes buscan justicia desistan y se desmoralicen.”
Lo anterior se conecta con que para encontrar justicia en el campo estatal hay que tener dinero. Los dispositivos del poder estatal encarnados en la desidia de la institucionalidad burocrática funcionan mejor cuando están articulados al flujo mercantil de la corrupción. Así pues, administrar, gestionar y expropiar el tiempo y el trabajo de quienes buscan justicia es prerrogativa del poder estatal como forma de disciplinamiento social16.
La persistencia de las injusticias contra las mujeres y los cuerpos feminizados han impulsado la lucha y las prácticas concretas que contienen un tipo de politicidad. Su despliegue mayor y su efervescencia se ha producido entre el 2021-2023. El trabajo realizado por Precarias e investigadoras identifica tres tipos de prácticas: las estadocéntricas, las combinadas y las autónomas.
Las prácticas estadocéntricas son luchas que se dan en el terreno de la justicia estatal, luchas que dan madres, familiares y amigas de víctimas de violencia machista y feminicida, principalmente. Las prácticas combinadas son luchas para la producción de justicia en el campo institucional y por fuera de sus márgenes. En 2022, la lucha de las universitarias de por lo menos tres universidades públicas y una privada hicieron temblar al sistema educativo en general y a los pactos institucionales que los conforman. Las denuncias apuntaron a los históricos abusos, las violaciones y la corrupción de docentes y administrativos, quienes, por largo tiempo, amparados en la autonomía universitaria, se creían intocables. Estas jóvenes cuestionaron la violencia y abuso sexual en sus universidades, en algunos casos denunciaron la falta de protocolos o expusieron sus límites, en otros casos pusieron también sus denuncias en las instancias policiales.
Por último, las prácticas autónomas buscan la producción de justicia por fuera de la justicia estatal, como son los escraches realizados por colectivas e individualidades, y otras denuncias y acciones que conectan los espacios públicos y privados. La práctica del escrache se ha legitimado ampliamente entre numerosas colectivas y tramas en el país. Su masivo despliegue cada 8M se conjuga con señalar al agresor, romper el silencio y cambiar de lado la culpa. En el tiempo de efervescencia de las luchas antipatriarcales se han escrachado a políticos, empresarios de la agroindustria, magistrados; es decir, a varones con poder de diferentes sectores sociales. En 2023, la iglesia católica ha sido escrachada por los escandalosos casos de curas pederastas. La función política del escrache está siendo debatida ampliamente entre las organizaciones de mujeres ¿Puede el escrache desbordar las lógicas punitivistas?
El horizonte que se abre a partir del debate sobre la justicia feminista se alimenta de la rabia por los incesantes agravios contra los cuerpos de las mujeres. Entonces, la justicia feminista es un tipo de reparación de la dignidad. La justicia feminista encamina una lucha por la reapropiación de los sentidos de la transformación del hacer político. Las acciones de autodefensa, la discusión de la acción política del acompañar, la reparación y la sanación individual y colectiva encaminan el horizonte de deseo alrededor de la pregunta: ¿qué es hacer justicia?17
Varios debates se están dando en el actual tiempo de incertidumbre política, estos cuestionan la violencia patriarcal y los otros varios problemas provocados por la violencia estructural. ¿Cómo se tratan las violencias en los espacios comunitarios urbanos? Si en la cárcel no se terminan los problemas —en cambio se intensifican—, ¿qué debates son necesarios para abordar las crecientes violencias?
A manera de conclusión
En contraste con la inestabilidad creciente de los pactos políticos patriarcales que han sostenido el funcionamiento del estado boliviano, amenazando con hacer caer todo el arreglo encima de la sociedad en su conjunto, las luchas y tramas feministas y de las mujeres no se han detenido. Y si bien las condiciones para garantizar la reproducción de la vida son cada día más difíciles de sortear, muchísimas mujeres encuentran y se dan tiempo para discutir, acompañarse, organizarse y movilizarse.
Reconocemos así que, en la rebelión actual, la proliferación de acciones de lucha feminista y de las mujeres se nutre de:
La consolidación de un feminismo autónomo cuya práctica política se basa en la autodeterminación como primera medida frente a los intentos de mediación institucional, de las ONG y los partidos. La autonomía como práctica que impregna las acciones se conjuga con autoconvocatorias, con la autogestión y, en años recientes, ha puesto un duro límite al feminismo institucional al reapropiarse de fechas históricas para el movimiento de mujeres como el 8M, el 28S, y el 25N. Asimismo el despliegue de la lucha ha retado a jóvenes y mayores a habilitar diálogos intergeneracionales para dar lugar al intercambio y la transmisión de experiencia situada.
La reapropiación del 8M y su organización como un proceso de articulación y no como una simple efeméride, ha consolidado la organización de asambleas en las que confluyen diversas y heterogéneas tramas y redes de mujeres y disidencias rebeldes, organizaciones de mujeres trabajadoras y colectivas de acompañamiento a familias que buscan justicia. Las grandes movilizaciones del 8M son una manifestación de la lucha desplegada. Ahí convergen el trabajo político cotidiano y los deseos de politización. La fuerza desplegada evidencia que el 8M no es un evento aislado, es un proceso creativo inmenso, una suma de prácticas políticas autónomas y autogestionadas que se diferencian radicalmente de lo institucional del género y lo partidario.
El 8M como proceso tiene un tiempo asambleario que permite la deliberación para la creación de pisos comunes que abren propuestas concretas y se comparte lenguaje. En los años recientes, el horizonte de las luchas feministas se ha ampliado, pues no solo es central la lucha contra todas las violencias machistas. También se pone sobre la mesa la precarización que agobia la vida de las mujeres, se discuten las injusticias, se impugna la producción de olvido, y se debate el avance de la contraofensiva conservadora y los fascismos.
El acentuar la mirada en el mundo de la reproducción, en el cual las mujeres realizamos los trabajos más vitales, ha permitido, este 2024, nombrar la crisis económica y enlazar los diferentes problemas que precarizan la vida.
Sentimos y percibimos que diferentes ensayos de articulación se están produciendo a través de la creación, justamente, de tales espacios de diálogo que también cargan contradicciones. Los deseos colectivos insisten en crear un movimiento que contenga un tejido donde se produzcan equilibrios para sostener los vínculos y las prácticas autónomas.
Y aunque a veces estos esfuerzos se ven interrumpidos por la crisis que individualiza y separa, los deseos encaminan el trabajo político por salir de las trampas del pacto patriarcal. Por ello, estamos mirando cuidadosamente que nuestros tejidos políticos no queden atrapados en la inestable política partidaria patriarcal organizada en torno a las elecciones de 2025.
Los insistentes y reiterados ejercicios de las mujeres y disidencias producen vínculos que se desean estables a través del absoluto cuidado de la autonomía política. Este camino no solo abre un horizonte de transformación, sino es una disputa por el mundo y por la vida que queremos vivir.
Bibliografía
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Defensoría del Pueblo, 2023, Informe defensorial. Obligadas a renunciar. Compromisos forzosos de gestión compartida: Vulneración a los Derechos Políticos de las Mujeres (La Paz: Defensoría del Pueblo).
Federici, Silvia, 2013, Calibán y la bruja. Mujeres, cuerpo y acumulación originaria (México D.F.: Pez en el Árbol / Tinta Limón).
Fortunati, Leopoldina, 2019, El arcano de la reproducción. Amas de casa, prostitutas, obreros y capital (Madrid: Traficantes de sueños).
Fortún, J. C., 2024, «En Bolivia la participación laboral femenina está en el 60%», EL DEBER, 21 de mayo. Versión digital: https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/en-bolivia-la-participacion-laboral-femenina-esta-en-el-60_368788 (Acceso última vez: 30/08/2024)
Gutiérrez Aguilar, Raquel, 2017, Horizontes comunitario-populares. Antagonismo y luchas por lo común en América Latina (Madrid: Traficantes de sueños).
Gutiérrez Aguilar, Raquel, 2020, Carta a mis hermanas más jóvenes (México D.F.: Bajo Tierra Ediciones).
Lonzi, Carla, 2018, Escupamos sobre Hegel y otros escritos sobre liberación femenina (Madrid: Traficantes de sueños).
López, Claudia y Marxa Chávez, 2023, «Ir más allá de la fábrica, ver las casas- hogares: La precariedad de la vida de las mujeres en los circuitos de la violencia» (La Paz: CEDLA). En publicación.
Los Tiempos, 2023, «Estudio: El 75% de indígenas en el norte de Bolivia tiene niveles altos de mercurio», Los Tiempos, 14 de junio. Versión digital: https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20230614/estudio-75-indigenas-norte-bolivia-tiene-niveles-altos-mercurio (Acceso última vez: 30/08/2024)
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Morales, Natasha, 2024, «¿Qué efectos tiene la escasez de dólares en la economía boliviana? Análisis de coyuntura desde los actores económicos» (La Paz: OXFAM). Versión digital: https://actions.oxfam.org/media/assets/file/ESCASEZ_DOLARES_BOLIVIA_OXFAM-BOLIVIA-JUN2024.pdf (Acceso última vez: 30/08/2024)
Neri, Juan Pablo y Arce, Alejandro, 2023, «Somos libres explotados. Economía política del trabajo en las plataformas digitales de delivery» (La Paz: CEDLA). En publicación.
Precarias a la deriva, 2004, A la deriva por los circuitos de la precariedad femenina (Madrid: Traficantes de sueños).
Salazar, Huáscar, 2015, Se ha adueñado del proceso de lucha. Horizontes comunitario-populares en tensión y la reconstitución de la dominación en la Bolivia del MAS (Cochabamba: SOCEE).
1 Raquel Gutiérrez Aguilar, luchadora social, profesora-investigadora y editora de opinión de Ojala.mx ⇑
2 Claudia López Pardo, hace parte de tramas de lucha antipatriarcal. Investiga en Precarias e investigadoras. ⇑
3 Para profundizar sobre esta reflexión ver el trabajo de Raquel Gutiérrez en el texto Cartas a mis hermanas más jóvenes. ⇑
4 Una muestra clara del modo cómo estas tensiones evolucionaron es la instalación de mecanismos, leyes y normas sobre “democracia” paritaria y plural en los espacios de la representación. La ley de Régimen Electoral de 2010 y la Ley 1096 de Organizaciones Políticas (LOP), de 2018 instituyeron la implementación de principios de paridad y alternancia entre varones y mujeres. La LOP exige a los partidos políticos a adecuar sus estatutos y protocolos según los principios de descolonización y despatriarcalización estatales. Si bien estas medidas son un avance formal, en los hechos no resuelven el acoso y la violencia política, las mujeres continúan siendo excluidas de las estructuras que gobiernan. Según el informe “Obligadas a renunciar” Defensoría del Pueblo (2023) en una década (2012 y el 2022) el Ministerio Público registró 512 casos de violencia política contra las mujeres en función pública. ⇑
5 En las organizaciones sociales dependientes del pacto, si bien han incorporado estatutos que garantizan la paridad y la alternancia, las mujeres luchan por hacer cumplir esta norma cuando quieren o les toca ocupar cargos supracomunitarios en las alcaldías o en puestos de representación nacional. Lo hacen con poco éxito pues el partido impone a sus candidatxs e incumple sus propias normas. Sucede así con muchas de las mujeres de los sindicatos cocaleros y campesinas Bartolina Sisa. Es decir, a nivel local comunitario las mujeres a partir de diferentes estrategias mediadas por prácticas “orgánicas” logran ocupar cargos. Sin embargo, debido a la estructura patriarcal y jerárquica de la organización mixta se enfrentan a un complejo escenario de ofensiva patriarcal que condiciona la posibilidad de ocupar otros niveles de representación política.
Ver también Suzanne, Kruyt; Toledo, Daniela y Salazar, Huascar. (2022). Bartolinos: el patriarcado del sindicalismo y la pandemia machista.
https://muywaso.com/bartolinos-el-patriarcado-del-sindicalismo-y-la-pandemia-machista/ ⇑
6 Según la investigadora Natasha Morales, se estima que 430 mil personas perdieron su empleo entre el 2019 y el 2020. Las mujeres fueron las más afectadas en un 20% más que los varones. (Oxfam, 2024). ⇑
7 El predominio del patrón de acumulación primario-exportador del régimen extractivista provocó el aumento de las condiciones de precariedad laboral, esto puede corroborarse en diferentes épocas, incluso durante el tiempo de bonanza económica del MAS. ⇑
8 Desde diferentes perspectivas, numerosos estudios se han encargado de analizar e investigar la transformación del mundo laboral que ha devaluado la vida y las condiciones de trabajadorxs en diferentes momentos. Por ejemplo, los investigadores Neri, J. y Arce, A (2023), investigaron “Somos libres y explotados. Economía política del trabajo en las plataformas digitales de delivery en Santa Cruz y El Alto”, Precarias e investigadoras, López, C. Chávez, M. (2023) estudiaron “Ir más allá de la fábrica, ver las casas- hogares: La precariedad de la vida de las mujeres en los circuitos de la violencia”. ⇑
9 La Ley 396 de 2023 para las consultorías en línea habilita al estado boliviano, a los gobiernos y municipios y universidades públicas la contratación precarizada de trabajadorxs sin beneficios sociales. Así son consultoras las trabajadoras de limpieza en el servicio municipal, las docentes universitarias, los trabajadores de obras públicas, etc. ⇑
10 Según el Ministerio Público, en 2023 se produjeron 51,770 casos de violencia contra las mujeres. https://www.fiscalia.gob.bo/noticia/ministerio-publico-registro-51770-casos-de-delitos-en-razon-de-genero-en-la-gestion-2023-la-mayoria-en-violencia-familiar-o-domestica. En el primer semestre de 2024 se produjeron 45 feminicidios. ⇑
11 El pasado mes de abril, el presidente del senado Andrónico Rodríguez del MAS declaró que la Ley integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencias (Ley 348) es una norma “anti-hombres”, que está mal aplicada y debe revisarse. Un rechazo profundo se produjo desde el feminismo institucional y de las colectivas feministas del país. Aquella declaración no es un hecho aislado, es una señal del crecimiento de las tendencias más conservadoras, reaccionarias y antifeministas en el legislativo. ⇑
12 Prácticas que incluyen el reconocimiento de agresores y su enrostramiento que, a decir de María Galindo, la justicia feminista enrostra a los agresores. ⇑
13 En el espacio Precarias e investigadoras se caracteriza la justicia estatal como el resultado del trabajo y la coordinación de varios ministerios, instituciones e instancias nacionales, y departamentales que regulan y gestionan la violencia en el país a través de leyes y una normativa establecida. ⇑
14 Según el informe Estado de Situación en Bolivia (2019) de la Fundación Construir, en el 2018 ingresaron más de 6000 denuncias de violencia a la Fiscalía del departamento de Cochabamba, de las cuales solo el 1.5% concluyó en una sentencia judicial. ⇑
15 Precarias e investigadoras denominan “las fauces de la bestia” al laberinto institucional que produce violencias y revictimización. Se señala asimismo que la ley es una norma de uso histórico que también está en disputa. ⇑
16 La búsqueda de justicia socaba el bienestar de las mujeres y sus familias. Por ejemplo, la violencia feminicida transforma la vida de las familias de la víctima, afectándoles en varios sentidos. Drena la energía, el tiempo y la capacidad económica de las familias. Las madres de mujeres víctimas de feminicidio invierten gran parte de su tiempo en la búsqueda de justicia en las instituciones y la burocracia de la justicia estatal. El trabajo asalariado se complica, las labores del cuidado al interior de las casas-hogares se triplican, y muchas mujeres pierden sus trabajos porque invierten gran parte de su tiempo buscando justicia. En ese terreno la vida se precariza más aún. ⇑
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