Es obvio que tal seguimiento sería otro reto metodológico, si bien no al nivel conceptual que Cotjiri tuvo que enfrentar, sí en el nivel práctico. No existen asociaciones de “hijos de padres y madres que fueron al exterior” (como las hay de “familiares de víctimas de Senkata”), instituciones que les ofrecen algún tipo de asistencia (como a “mujeres en busca de justicia”, es decir, víctimas de violencia doméstica o familiares de víctimas de feminicidio) o lugares que les reúnen (como las congregaciones donde se encuentra a los conversos al protestantismo evangélico). Podrían estar literalmente en cualquier parte. Habrá que iniciar una búsqueda de hormiga, preguntando en dónde sea y a quién sea si la madre, o padre, o ambos, de ellos o ellas o de alguien que conoce había ido al exterior… con el único criterio de selección “tener 30 años o menos” y –tal vez– que sus progenitores hayan migrado a otro continente, es decir, descartar los que hayan ido a Brasil o Argentina, y estando a la vez en alerta permanente a cualquier comentario casual sobre alguien que cumple esos criterios, ya que no es muy aceptable interrumpir en cualquier situación diciendo “Oye ¿tus padres alguna vez fueron a trabajar en España o algún otro país de Europa?”. Evidentemente, tengo un sesgo debido a mi formación en la antropología social clásica, donde el trabajo de campo suele consistir en ir a vivir en tiempo completo en “la comunidad de estudio”, con un tema amplio –como en el caso de mi doctorado, “estructura social de comunidades tradicionales productoras de coca”– donde todo lo que pasa alrededor y todo lo que se dice puede entrar de alguna manera en el tema, y además, no se descarta encontrar algo no contemplado en el proyecto inicial de investigación al cual se podría volcar, terminando con una investigación con un enfoque y hasta un tópico distinto. Esto sugiere que, en caso de optar para hacer seguimiento a “hijas e hijos de la diáspora de fines de los 2000”, habrá que ir a vivir, o al menos pasar mucho tiempo en diversos ámbitos de sitios donde los estudios existentes sugieren que bastante gente fue parte de la misma, y estar recogiendo datos sobre todos los aspectos de la vida social a la vez que rastreando a cuáles de sus integrantes tendrían antecedentes de migración familiar. Es decir, todo contrario a una investigación cronogramada, de corto plazo y tiempo parcial, para no decir “en horas de oficina”, y que además se dedica a buscar datos “provocados” y no los que surgen espontáneamente.

Mucho de lo que pasa por investigación social en Bolivia, en diversos niveles (desde tesis de licenciatura hasta investigaciones financiadas y llevadas a cabo por profesionales titulados) se basa en entrevistas mínimamente semi estructuradas, cuando no enfocadas directamente en un cuestionario, o como se prefiere llamarlo, “guía de entrevista” y, con demasiada frecuencia, administrada como un examen, es decir, todo informante debe responder a todas las preguntas, y a las mismas preguntas. 

“No es sorprendente que las respuestas suelen ser escuetas, expresando el deber ser, una versión normativa o los clichés esperados respecto al tema, ni que los informantes aseveran “no tener tiempo” para zafarse de esta situación artificial lo más pronto posible”.

 La “guía de entrevista” debe ser más bien “guía del o la entrevistadora”, es decir, un listado de tópicos sobre los cuales requiere información, para tenerlo en la cabeza y aprovechar cualquier situación cuando alguien menciona alguno de ellos espontáneamente, para dirigir la conversación en esa dirección. Suelen considerar un gran plus haber realizado además “observación participante” que consiste en haber estado presente en algún acontecimiento, por ejemplo, un congreso campesino o el cambio de autoridades en una comunidad, pero espectar no es participar y esto no da idea de qué hacen o dicen los participantes fuera de ese acontecimiento puntual. Al carecer de lo que se llama pretenciosamente “triangulación”, proceden a tomar lo dicho por las y los entrevistados a valor de boca, actitud fomentada por un exceso de corrección política que consagra “las palabras de la gente” como incuestionables (y además, visto como un precioso logro por parte de el o la investigadora, porque ¡ha hablado con una vendedora del mercado/un campesino en el Altiplano/una mujer indígena… cuando antes en su vida jamás había saludado siquiera a una persona así!). Es un tributo a la sociabilidad de mucha gente boliviana que prestan unos minutos a interaccionar con las personas que aplican estas supuestas técnicas, incluso cuando no obtienen nada a cambio (como un refrigerio y quizás hasta pasajes cuando se trata de un grupo focal o un “diagnóstico rural rápido” financiado). De hecho, cuando volví a Inglaterra después de mi primer trabajo de campo, mis amigos me preguntaron cómo lo había realizado. Cuando dije “Bueno, iba a una comunidad, me alojaban en sus casas…” se rieron y dijeron “En aquí ¡hubieras terminado haciendo tu tesis con los que duermen debajo del puente de Waterloo!”. Pero el hecho de que los informantes hayan respondido con buena voluntad, o al menos un mínimo de cortesía, no quita lo superficial de la información obtenida. En el fondo, lo que yo observo es una renuencia de invertir tiempo y esfuerzos en hacer un trabajo de campo serio, prefiriendo sustituirlo por un trabajo de gabinete. 

Una expresión de esta preferencia es optar por hacer “análisis de discurso”, que es una seudo metodología si la hay. Consiste en barajear frases sacadas de algún pronunciamiento, oral o escrito, para luego expresar obviedades en lenguaje pretencioso y suponer que estas supuestas deducciones tienen efectos prácticos (por lo general, reaccionarios o nocivos) en la realidad social dentro de la cual ese “discurso” haya sido emitido. Esto no tiene fundamento sin un análisis de la recepción de esos “discursos” por parte de sus oyentes o lectores, quienes no necesariamente comprenden o asimilan lo dicho de la misma manera que el o la intelectual que los lee en su despacho. Estos estudios son una expresión sofisticada de opiniones como alegar que las tramas de amores adúlteros en las telenovelas son causa del aumento en la tasa de divorcios, debido a que espectar esas novelas induce a las personas a ser infieles a sus cónyuges, o que los videojuegos y películas con contenido violento inducen a cometer delitos violentos. Desconozco si alguien haya intentado averiguar si los presos por delitos involucrando violencia física en la cárcel de San Pedro han visto significativamente más películas de Jean Claude van Damm que los presos por, digamos, estafa o falsedad ideológica; y el hecho de que “infidelidad” sea citada como causal en demandas de divorcio no demuestra que esto sea efectivamente la razón fundamental para no soportar más la vida matrimonial. Entre otras cosas, no disponemos de una muestra de control de parejas que no se han divorciado aunque uno o ambos miembros han sido infieles, mientras motivos como no tener un empleo (por parte del varón, para citar un caso específico de una tesis en desarrollo sobre los divorcios en la ciudad de La Paz) y por tanto, tener que quedarse en casa, pero tampoco asumir las tareas domésticas sino pasar los días escuchando música y descuidando al pequeño hijo, mientras su esposa trabajaba a tiempo completo –es decir, no cumplir con el rol convencional de marido, pero tampoco asumir en su lugar el rol convencional de esposa-ama-de-casa– no figura entre los causales con valor legal ante un juzgado.  

“Las descripciones verbales de los hechos sociales son parte de la realidad donde surgen, pero no son reflejos exactos de la misma ni lo agotan.” 

Malinowski dijo ya hace alrededor de un siglo que las explicaciones que las y los informantes dan de qué hacen y porqué lo hacen, no son la explicación en sí, sino parte de lo que hay que explicar. Para empezar, nunca existe una sola explicación de una acción o un acontecimiento; entonces, hay que explicar por qué se optó para argumentarlo de esa manera y no otras. En tanto que las ciencias sociales tienen razón de existir, es porque van –deben ir– más allá de lo dicho y hecho para englobarlos en una explicación estructural. Lo mismo va para las técnicas e instrumentos de investigación, en particular los más –aparentemente– elaborados y objetivos, como las encuestas y los censos (en la jerga técnica, un “censo” es simplemente una encuesta que se aplica a 100% de una población determinada): han surgido en contextos culturales e históricos determinados, y llevan el sello de ese origen. La encuesta no es un artefacto culturalmente neutral, sino para dar los resultados deseados, requiere que la población donde se aplica tenga una formación, o entrenamiento, previo respecto a cómo se debe responder. En el curso de asesorar la investigación luego publicada como “Ser joven en El Alto” (Guaygua, Quisbert y Riveros, 2000), el equipo insistía que una encuesta tenía que formar parte del estudio, entonces les di curso. Decidieron aplicarla en colegios, pues allí se encuentra reunida la población “joven”, y optaron para un colegio conocido ubicado en la Ceja, y otro en un barrio periférico. Resultó que el primero, justamente por su fama y locación, era donde todo encuestador buscando “colegiales alteños”, acudía con sus formularios. Las y los alumnos, que sí eran ya entrenados, tomaron los boletos y los llenaron al rato, mientras nunca antes alguien había venido a encuestar en el colegio en el barrio distante del centro. Las y los estudiantes, entonces, lo asimilaron al artefacto cultural más parecido de su entorno –un examen tipo opción múltiple. En ese artefacto, cada pregunta tiene una sola respuesta correcta y eso es lo que hay que identificar, pues susurraron uno al otro “¿Qué hay que marcar en la pregunta 5?” tratando todos de concordar la casilla “correcta”: mientras en una encuesta, ninguna casilla es en sí más correcta que otra, sino se debe marcar lo que corresponde el individual que está respondiendo. E incluso si se pide el nombre del individuo para fines de registro, las respuestas luego serán anonimizadas en el vaciado de datos, pero cuando la persona no comprende o duda de eso, tiende a buscar la opción más aceptable, convencional o prestigioso, aunque no es lo que hace en la práctica.

En el Censo nacional de 2024, una de las preguntas era “¿Tiene auto?” En Chulumani, la tenencia de autos ya está difundido entre el campesinado, pero casi todos esos autos (excepto los que hacen transporte público a la ciudad de La Paz) son indocumentados o “chutos”, es decir entraron al país por contrabando y no tienen placa ni registro legal. El boleto no prosiguió “Coloque la placa de su vehículo” sino se limitó a preguntar si la persona tenía, o no, pero conscientes que sus vehículos son formalmente ilegales, respondieron “No”, aunque el vehículo estaba parqueado a visto del empadronador; pero siendo éste o ésta una colegiala de la misma comunidad acompañada por un miembro del directorio del sindicato agrario, aceptó esta respuesta “legal”. Es de suponer que cuando los resultados sean publicados, en Chulumani (y muchas otras provincias de los nueve departamentos) figurará un número muy reducido de motorizados, y habrá que ver cómo los surtidores locales justificarán su asignación de combustible que es demandado por todos esos autos que según el Censo son inexistentes, aunque esto sólo va a preocupar a los conductores que actualmente hacen fila durante horas para adquirir gasolina cada vez que llega una cisterna, u optan por pagar más pero recibir al momento de los puestos a orilla del camino donde una mujer acude a llenar el tanque desde un bidón con un embudo hecho de una botella PET recortada. Siendo esto un tema de poca importancia académica, la atención intelectual se ha de enfocar en los resultados de la pregunta sobre pertenecer a un pueblo indígena originario campesino.

Espero que los comentarios al respecto tomarán en cuenta que las cifras que salen son un artefacto del Censo y que, en tanto reflejan algo fuera de la obligación de responder a una pregunta sin relación con las autoidentificaciones espontáneas que se tenga, tiene más que ver con orientaciones políticas y en casos, ciertas oportunidades económicas (por ejemplo, donde una empresa de hidrocarburos paga a la organización que representa al “pueblo indígena” que habita las áreas que tiene en concesión). La inclusión del “pueblo afroboliviano” entre las “naciones” en lista es un tributo a sus activistas, quienes en 2024 emitieron propaganda en Yungas animando a los afros a declararse como tal y decir que hablan “idioma afroboliviano”. Habrá que decir que yungueños no afros suelen soltar comentarios como “Todo negro es pendejo”, y alguien me calificó a mí como “negra blanca” por hablar en voz alta agitando las manos, pero esto no conduce a prácticas de segregación u otras “discriminaciones” en la vida cotidiana, y la última vez que escuché eso de “pendejo” era al acusar a los negociantes de coca de Chicaloma (que no son todos negros, sólo es conocido como pueblo de negros) de comprar coca de la provincia Inquisivi y luego hacerlo pasar con otro origen, algo que hacen negociantes de todo lugar y color en Yungas. Varios afros expresan resentimiento por haber tropezado con bolivianos de otras regiones que desconocen que hay afrobolivianos y les toman por extranjeros, a la vez que hay migración afro a Santa Cruz que aprovecha de esto para zafarse de ser tratados como “collas” porque se supone a primera vista que serían oriundos de Brasil. Y en todo caso, la situación de las y los afros es particular porque sí son las características físicas que identifican a alguien como “negro” –no tanto el mentado “color de la piel”– sino principalmente tener cabello “chiri” (rizado, lanudo) aunque tengan piel cremosa; de ahí se distingue al “negro chilo” que sí tiene piel de tinte africano. 

Anthias (2022) estudia los procesos tortuosos y los varios grupos que disputan en la titulación del TCO/TIOC Itika Guasú, un “territorio guaraní” en el Chaco tarijeño donde varias extensiones pertenecen a “terceros”, es decir “no indígenas”, o al menos “no guaranís”. Estas personas son denominadas con etiquetas de clase –”campesinos”– o de ocupación, “ganaderos”, implícitamente también una etiqueta de clase pues se refiere a ganaderos con hatos numerosos y propiedades amplias, ya que bastantes guaranís también tienen algunos bovinos. Los “campesinos” son migrantes desde el Occidente del país, es decir “collas” en la jerga local, y “aymaras” o “quechuas” según la lista censal; pero por haberse alejado de lo que sería su “territorio ancestral”, dejan de contar como “indígenas”, mientras los “ganaderos” supuestamente tendrían ascendencia europea. Entonces, para ser parte de un “pueblo indígena” hay que seguir habitando en esa parte de la tierra donde vivían sus ancestros… pero ¿desde cuándo? 

“Las definiciones oficiales suelen decir “antes de la colonización”, fecha bastante difusa tratando de regiones como el Chaco tarijeño donde la penetración del Estado colonial español era casi nula y la del Estado boliviano sólo empezó a hacerse efectiva en la segunda mitad del siglo XX.”

 Los ganaderos destacan estas ambigüedades cuando objetan que, aunque es demostrable que sus familias tienen pocas generaciones de residencia allí, también hay estudios históricos que demuestran que los guaranís venían de otros territorios y, añado yo, la mera existencia de estos estudios depende de documentos escritos, es decir, de una producción ya dentro de la colonización española, aunque la autoridad colonial no gobernaba los lugares en disputa. Anthias contrasta las versiones (tal vez algo idealizadas) del tiempo de los “abuelos” guaranís, cuando dicen que podían circular libremente, cazar y cultivar en cualquier sitio dentro del “territorio”, con la actualidad cuando la delimitación de propiedades –tanto “privadas”, de los dichos terceros, como “colectivas”, de las comunidades guaranís– ha conducido a que las mismas comunidades empiezan a restringir el acceso a “su” territorio a gente de comunidades vecinas, por ejemplo objetando que mujeres de otra comunidad vengan a recolectar hojas de palmeras silvestres para hacer artesanías. Esta sí es una investigación de calidad, realizada a lo largo de varios años de presencia intermitente en la región, incluyendo seis meses de la clásica observación participante en una comunidad y diversas formas de observación y participación con ONG y organizaciones sociales, tanto de la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG), como la de los ganaderos. Si tengo alguna crítica, sería que, al tratar de las muchas divisiones, clasificaciones y jerarquizaciones entre los grupos en contienda, coloca como etiqueta adicional “racializada” a una y otra categoría, cuando tachar este adjetivo no quita sentido al argumento sino representa una sobre interpretación sin contribución analítica pero sí tendenciosa.

En la parte final del texto, relata conflictos internos en la APG, para mí un insumo valioso pues es un ejemplo de un tema que vengo estudiando desde otro extremo del país y un contexto opuesto al de un “pueblo indígena” con su TIOC, pero que exhibe varias coincidencias, ya que la entidad provocadora es el gobierno del MAS-IPSP a la cabeza de Evo Morales, con su lema de ser un “gobierno de los movimientos sociales”. Si bien durante su primera gestión hubo un apoyo generalizado, en la segunda gestión esto empezaba a disgregarse, y cuando en su tercera gestión varias de estas organizaciones llamadas “movimientos” empezaban a alejarse de la línea oficialista, éste respondió fomentando la división, entre un directorio que seguía con la línea del gobierno versus otro que se oponía. Digo “directorio”, porque en los casos que conozco en detalle el directorio oficialista tenía muy poco apoyo de las bases, pero fue reconocido por autoridades estatales y usado como canal para ofrecer proyectos y otros beneficios, mientras las autoridades ignoraban al directorio “opositor” con apoyo mayoritario. Esto fue un manejo clientelar que no es novedad en absoluto en la política boliviana, pero a partir de 2015 en adelante ha sido aplicado de manera abierta y acervada (Spedding, en prensa).